Un mundo sostenible será irremediablemente eléctrico. Bueno, más bien, electrificado. Pero lograr esa cota exige un volumen de inversión muy alto. Y no solo para alimentarlo, a través de nuevos parques renovables, sino también para conectarlo y distribuirlo. En el caso de España el reto será mayor, dado que está prácticamente aislado del resto. Es lo que se llama (o nos llaman) una isla energética. Aunque el verdadero desafío será lograrlo, mientras que el responsable de ello, el chiringuito político denominado Red Eléctrica, sigue con sus aspiraciones de pagar un dividendo «insostenible» sin afectar demasiado al maltrecho bolsillo de los españoles.
El elemento central en todo esto es que el Gobierno es el principal propietario de la misma, con un 20% de su accionariado. Así, hace y deshace a su conveniencia en torno a un funcionamiento básico sencillo: invierte en infraestructuras, redes eléctricas, que recupera por ley esa cantidad junto con un jugoso extra que paga cada ciudadano en su factura de la luz. Ambas características le permiten extraer dinero de más (como ha constatado la CNMC) de los ciudadanos y transferirlos a empresas deficitarias públicas (a través de la SEPI), allegados del Presidente del Gobierno de turno y grandes fondos de inversión.
Red Eléctrica cierra ese círculo, donde siempre pierden los mismos, con una función muy importante de reciclaje. De hecho, los distintos Gobiernos socialistas han logrado reaprovechar y reorientar a sus viejos ministros, cuyo único contacto con el mercado eléctrico era (si acaso) con la factura de la luz, como presidentes de una de las mayores empresas del Ibex. Nada mal. Así, las presidencias de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez han aupado hasta el máximo cargo en la compañía a exministros de Agricultura, de Administraciones Públicas y, más recientemente, de Vivienda.
EL NUEVO PLAN DE INVERSIONES DE RED ELÉCTRICA
Y con semejante cantera, al menos el que dirige el negocio es un hombre, Roberto García Merino, de la casa con mucha experiencia, España se propone liderar Europa en renovables y electrificación. ¿Qué puede salir mal?
La pelea ahora está en cuantificar el volumen de inversión necesaria. En principio, la llave maestra de los próximos años de Red Eléctrica es concretar su plan de infraestructuras de para el período comprendido entre 2021 y 2026. La firma confía en elevar las cifras inicialmente previstas hasta los 6.400 millones de euros, en el que se incluyen otros casi 900 millones en conexiones internacionales. Así, el último borrador que se emitió para que regulador y Gobierno lo pudieran revisar implica elevar los desembolsos anuales de unos 800 millones, primer plan, hasta sobrepasar los 900 millones.
La hoja de ruta de Red Eléctrica cuenta con dos ventajas. La primera es que para desarrollar los ambiciosos planes energéticos del Gobierno, que tiene previsto incrementar notablemente la capacidad renovable, se necesita de una mayor inversión. Al fin y al cabo, la generación discontinua y alejada de las grandes urbes de este tipo de tecnologías implica de conexiones estables y muy eficientes, dado que el almacenamiento todavía no es una alternativa. En segundo lugar, el hecho de que invertir más dinero es también recuperar más dinero, puesto que se reembolsa el total con un extra, y una parte sustancial es para el Ejecutivo en forma de dividendo.
CASAR ESAS INVERSIONES Y NO AFECTAR A LA FACTURA DE LA LUZ
Aunque el plan anunciado no cuenta, de momento, con el beneplácito de la CNMC. El regulador considera que las inversiones superan los topes anuales fijados, por lo que considera que el Gobierno debería frenar dichas aspiraciones. Pero probablemente ese impedimento no será más que una impostura. Así, desde JPMorgan ofrecen dos razones. Por un lado, que «el Ejecutivo ya ha repetido en distintas ocasiones que promoverá las inversiones necesarias para la ejecución de la Transición Energética». Por otro, los analistas del banco de inversión explican que «esperamos que el gobierno no se vea limitado por topes formales (que pueden levantarse fácilmente, como ha hecho para 2020-22)».
Por último, una mayor inversión también es la única forma de mantener las promesas de dividendo de la compañía. Así, con los planes actuales desde Barclays advierten de que: «Seguimos creyendo que la política de dividendos de Red Eléctrica es insostenible a largo plazo, hasta que tengamos más visibilidad sobre el calendario de su nuevo plan de inversión en el primer semestre de 2021″. En otras palabras, sin una mayor inversión para generar más ingresos después la compañía deberá limitar el dividendo irremediablemente.
Pero si todo ello cuadra bien, tanto Gobierno (que manda) como empresa (que ejecuta) parecen tener las mismas aspiraciones, ¿Cuál es el problema? Sencillamente, que todo ello tendrá que provenir de un aumento del coste de la factura de la luz. Se trata del único punto conflictivo, junto a la revisión de los beneficios de cada euro, que señalan desde JPMorgan al explicar que «el gobierno estará más preocupado (…) el impacto de dichas inversiones en las facturas». Por ello, cerrar la cuadratura del círculo parece casi imposible en el sector eléctrico español.
