La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, ha comunicado que abre de nuevo diversos expedientes sancionadores a algunas empresas de la Comunitat Valenciana, tras las denuncias presentadas por la Unió de Llauradors en la pasada campaña de comercialización del caqui por incumplimientos de contratos y plazos de pago.
Concretamente, en uno de los escritos remitidos por la AICA a la Unió la pasada semana, indica que abre dos expedientes sancionadores a una empresa al «existir indicios razonables de que pudiera haber cometido infracciones tipificadas, en relación con el artículo 23 de la Ley 12/2013, de realizar modificaciones de las condiciones contractuales no pactadas y de incumplimiento de pago», ha indicado la organización en un comunicado.
El organismo oficial considera, tal y como había trasladado la Unió, que la empresa «estaba presuntamente renegociando lo pactado en el contrato y concretamente el precio a pagar al vendedor de caquis (por un menor importe), y si el productor no aceptaba el nuevo precio no se le recogía la totalidad de la fruta apta para la comercialización existente en la parcela». Tras efectuar las comprobaciones oportunas en relación con la denuncia presentada, la AICA «ha visto posibles incumplimientos a la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria».
En otro escrito, se le abre expediente sancionador a otra empresa por «incumplimiento de los plazos de pago, tras solicitar la organización agraria que hubiera controles e inspecciones para comprobar la existencia de contratos (23.1.a), así como el contenido de los mismos (23.1.b), en la compra de caquis por parte del operador comercial».
En el inicio de la actual campaña del caqui, en el mes de septiembre, la Unió presentó ya ante la AICA las primeras denuncias a comercios que realizaron la compra con contratos donde no figuraba el precio de la fruta.
La Unió ha aconsejado a los diferentes operadores comerciales, tanto del caqui como de otros cultivos, que utilicen y cumplan los contratos que firman con los productores y que se mantendrá totalmente vigilante para denunciar ante la AICA cualquier vulneración de los mismos para defender los intereses de los agricultores de la Comunitat Valenciana.
