Los bonos verdes llegaron para quedarse, desde el año 2014 diferentes entidades públicas y privadas, sobre todo estas últimas, no han parado de realizar emisiones con el fin de contribuir a la sostenibilidad ambiental.
Estos activos han ganado importancia y madurez en el mercado. A diferencia de los bonos clásicos, comprometen inversiones para la financiación o refinanciación de proyectos sostenibles. Iberdrola “es un referente a nivel mundial”, cuyo nominal conocido hasta ahora asciende a más de 11.000 millones de euros, destaca Darío García, analista de XTB.
“Uno de los atractivos de este tipo de productos es que interesan a todo tipo de inversores, evitando así la concentración de bonistas entre las grandes instituciones financieras”. Incluso el Gobierno español tiene previsto emitir deuda con estas características este año.
EL IBEX ACELERA
A principios de año, el Banco Santander volvió a emitir bonos verdes por valor de 210 millones de euros en los países nórdicos, después de que en octubre del 2019 emitiese un total de 1.000 millones. Asimismo, BBVA colocó a finales del mes pasado un total de 1.000 millones como bono social debido a la crisis sanitaria del covid-19 cuyo vencimiento será en el año 2025. Pero también se han animado CaixaBank, Red Eléctrica o Telefónica.
La demanda de bonos verdes “irá en aumento” para mitigar la crisis actual, añade Diego Morín de IG. Precisamente hace unos días, Deutsche Bank colocaba su primer bono verde en el mercado con un volumen de 500 millones de euros, la demanda superó los 4.750 millones de euros. Lo recaudado se utilizará exclusivamente para refinanciar los proyectos sostenibles propios del banco, como la expansión de las energías renovables.
Países como Alemania, España o Italia han aprobado su emisión para 2020-2021. Y algunas empresas se verán “obligadas” a ofrecer estos bonos ecológicos, especialmente las del sector tecnológico o aéreo “dada las dificultades por las que están pasando”.
Sin embargo, durante la propagación del coronavirus y en momentos de incertidumbre “era complicado colocarlos ya que los compradores en esos momentos prefieren ver la evolución de la situación” destaca el analista.
ESPAÑA TIENE QUE APRETAR
En palabras de Iván Díez, de Groupama AM, aunque España es activa, “no lo es al nivel de sus homólogos europeos”. Particularmente del lado soberano, ya que el Estado español no ha optado por ellos hasta 2020. Estados Unidos “también se está quedando atrás”.
Pese a todo “el apetito es fuerte”, incluso más que por sus equivalentes no verdes. Ya que históricamente, este mercado “ha tendido a comportarse mejor” que el mercado global de bonos. Aunque es cierto que en el contexto de extrema aversión al riesgo que atravesamos en febrero-marzo, los bonos corporativos “sufrieron más” que los bonos soberanos.
Un reciente informe de Bloomberg, desvela que a medida que los inversores institucionales han centrado la atención en abordar el cambio climático, estos bonos han pasado de ser un nicho a un producto básico del mercado de deuda en solo unos años.
Así, empresas de inversión como Allianz Global Investors y BlackRock, han estado interesadas en demostrar cómo las carteras sostenibles han resistido las tormentas del mercado de covid-19. Y consideran que la demanda de valores verdes aumentará a medida que más inversores busquen integrar los valores ESG en su proceso de inversión.
ASÍ ES UN FONDO VERDE
Muchas compañías están emprendiendo proyectos como parte de su transición energética o tienen como objetivo adoptar prácticas que sean más respetuosas con el medio ambiente. El interés va en aumento y Groupama AM ha registrado hace unos días en la CNMV su fondo Global Green Bonds.
La gestora trata de acompañar a los emisores de bonos verdes en su dinámica de transición energética y ecológica (energías renovables, control de la polución, transportes limpios, gestión de los residuos, preservación del agua…).
La cartera final contará con un 80%-100% de bonos verdes a nivel global. Los proyectos financiados serán seleccionados de acuerdo con una metodología y criterios estrictos. En particular, deberán demostrar una apreciación real de sus beneficios ambientales, evaluados de acuerdo con un análisis interno.
