El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no descarta prolongar el plazo de aplicación de las medidas que permiten la contratación de parados y de colectivos de inmigrantes ante la falta de mano de obra en el campo por la crisis del coronavirus.
«Esta es una buena medida de política laboral al servicio del sector agrario y se trata de una respuesta puntual a una situación extraordinaria. Esta medida se acotó hasta el 30 de junio, pero el Gobierno está abierto a reconsiderar en mayo si fuera necesario prolongar su aplicación», ha señalado Planas durante la convalización de este real decreto en el Congreso de los Diputados.
El titular de Agricultura ha recordado a los diputados que España precisa alrededor de 75.000 a 80.000 trabajadores para garantizar la producción de cara a las campañas agrícolas de esta primavera y verano en territorios «muy diversos» en España.
Planas ha señalado que es «necesario» que el contrato sea por escrito, así como que el salario debe reflejar el salario mínimo interprofesional (SMI) y que se efectúe por transferencia bancaria.
Quedan excluidos de poder compatibilizar tareas del campo los trabajadores vinculados a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado por el coronavirus y por la disminución de actividad vinculada a trabajadores por cuenta ajena, al tener ya una financiación y cobertura propia. «Es claramente incompatible», ha puntualizado Planas.
El titular de Agricultura ha precisado que en este Real Decreto no se han incluido los temas relativos ni al alojamiento y ni al transporte de los trabajadores, al tiempo que se ha congratulado de que en algunas comunidades autónomas hayan «sustituido de forma creativa» el transporte por autobuses escolares, que ahora no están en activo.
Planas ha reiterado que se trata de una «buena medida», ya que los empresarios podrán contar con mano de obra para que «ningún fruto o producto» se quede sin recoger, así como a los desempleados, ya que les permitirá compatibilizar las tareas del campo, desarrolladas en su término municipal o colindantes, con la prestación por desempleo, subsidio agrario o una renta agraria.
«Es una medida beneficiosa para todos los ciudadanos y la sociedad, ya que gracias a este buen funcionamiento se puede garantizar el abastecimiento porque si disminuyera la oferta habría un incremento de precios, que sería nocivo para los intereses de los ciudadanos», ha recalcado Planas.
