La firma de servicios profesionales PricewaterhouseCoopers (PwC) ultima las líneas principales de defensa que utilizará en la Audiencia Nacional, en el juicio que trata de aclarar si hubo responsabilidades penales en la gestión del Banco Popular en los últimos años antes de que se produjera su resolución y posterior venta al Santander.
El último socio auditor encargado de fiscalizar las cuentas de la entidad financiera, Pedro Barrio, declarará como investigado (imputado) a principios de diciembre y el argumento principal que empleará para evitar la condena es que realizó en 2016 varias advertencias sobre los problemas de capital que tenía la entidad y que debían ser subsanadas para garantizar su supervivencia.
Según informan fuentes jurídicas a MERCA2, existen pruebas documentales que avalan esta estrategia de defensa. En concreto, el auditor incluyó «párrafos de énfasis» en dos de sus informes elaborados tras la revisión de los estados financieros de Banco Popular correspondientes al ejercicio 2016. En ellos señaló la conveniencia de que la entidad afrontara un proceso de recapitalización para continuar su actividad sin necesidad de asistencia pública, una consideración que repitió en el documento elaborado con motivo de la reexpresión de las cuentas anuales realizada en abril de 2017.
En los citados “párrafos de énfasis”, el socio auditor de PwC llamaba la atención sobre la dificultad que tenía el Popular para cumplir con los requerimientos de capital que estableció el Banco Central Europeo (BCE) debido a las “pérdidas significativas” que tendría al cierre del ejercicio 2016.
La autoridad monetaria exigió al grupo entonces presidido por Ángel Ron un capital de máxima calidad (denominado técnicamente CET1 fully loaded) del 7,87%, una cifra que superó tan sólo por unas décimas al situarse en el 8,1% al final del año y que quedaba lejos del 10% que reclamaba el mercado. En su informe PwC alertó de que se trataba de un nivel demasiado bajo y que había riesgo de que se redujera por debajo del mínimo que estableció el BCE para garantizar la solvencia del banco.
«INCERTIDUMBRE SOBRE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO»
Estas consideraciones están en línea con las avanzadas en el Congreso por el máximo responsable de PwC en España, Gonzalo Sánchez, durante su comparecencia en la Comisión que investigó la génesis de la crisis financiera española. “Advertimos hasta en tres ocasiones de las incertidumbres sobre la continuidad del negocio o los problemas que podía tener el Popular”, afirmó el directivo responsable de una firma que auditó las cuentas del banco durante 35 años.
Las fuentes consultadas indican que la gran dificultad que va a tener el socio auditor imputado y sus abogados defensores será “explicar de forma sencilla las cuestiones contables que, para los no iniciados, configuran una jerga de difícil comprensión”, un factor al que se añade el hecho de que en esta materia existe un cierto margen de discrecionalidad a la hora de fiscalizar los estados financieros de una compañía.
Hasta ahora los intentos realizados por la firma para evitar la imputación en la fase de instrucción dirigida por el juez Fernando Andreu no han tenido éxito y el reto que tiene la defensa es convencer al magistrado José Luis Calama de que no hubo responsabilidad penal en las actuaciones de PwC.
LA SANCIÓN DEL ICAC Y EL CONFLICTO DE INTERESES
Uno de los principales problemas que tiene Pedro Barrio para afrontar el juicio con serenidad es la actuación del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), organismo dependiente del Ministerio de Economía, que en octubre de 2018 abrió dos expedientes sancionadores a PwC precisamente por la fiscalización de las cuentas del Popular y de su filial Wizink Bank relativas a 2016.
Según ha desvelado lainformación.com la firma ha solicitado amparo a la ministra Nadia Calviño por considerar que existe un conflicto de interés y falta de independencia en la decisión del ICAC porque su presidente, Enrique Rubio, es miembro de la Comisión Rectora del Frob, el organismo que ejecutó en España la polémica resolución del Banco Popular tras a intervención de las autoridades europeas.
La principal incógnita que deberá aclarar Pedro Barrio cuando sea interrogado en la Audiencia Nacional es por qué incluyó “párrafos de énfasis” en la auditoría de los estados financieros de 2016 en lugar de establecer una “opinión con salvedades”, lo que hubiera supuesto un grado más en el nivel de alerta sobre la situación del balance del Popular . Fuentes de PwC consultadas por este diario indican que eso hubiera sido una temeridad y que “la normativa establece con claridad que el socio obró de forma correcta y que no estamos ante un supuesto que hubiera requerido emitir una opinión con salvedades”.
PÁRRAFOS DE ÉNFASIS vs OPINIÓN CON SALVEDADES
Tal como explica el despacho Ilp Abogados la “opinión con salvedades” la emite el auditor “cuando existen uno o varios hechos en relación con las cuentas anuales que pudieran ser significativos en su conjunto”, como, por ejemplo, que el auditor haya tenido limitaciones para realizar su trabajo. “La limitación al alcance procede ante la negativa de la empresa a entregar determinada documentación o información, o que se haya producido una destrucción accidental de determinados registros necesarios para llevar a cabo la auditoria. También debe emitir opinión con salvedades cuando existan determinadas incertidumbres, es decir asuntos o situaciones de cuyo desenlace final se desconoce (litigios, juicios, reclamaciones)”, añade el bufete.
A este respecto, la defensa de PwC considera que Pedro Barrio actuó correctamente porque no hubo desacuerdo, incertidumbre o limitación a su trabajo fiscalizador y que fue suficiente con los citados “párrafos de énfasis” para alertar de los problemas de capital que requería, por parte del Popular, la búsqueda de medidas “específicas” o “inorgánicas”, es decir, acometer una o varias ampliaciones de capital o, incluso, una fusión con otra entidad financiera.
La normativa contable establece que “si el auditor considera necesario llamar la atención sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que, a su juicio, es de tal importancia que resulta fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros, incluirá un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, siempre que haya obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que la cuestión no se presenta de forma materialmente incorrecta en los estados financieros”. Este es el caso, según los responsables de PwC, aplicable a la cuentas del Popular del año 2016.
ASUFIN: “PWC CONSINTIÓ LA ACTUACIÓN DEL POPULAR”
Sin embargo las distintas organizaciones que están personadas en el juicio como acusaciones no comparten esta línea argumental y apuntan a la existencia de una connivencia entre la firma auditora y la cúpula del banco para ocultar la situación real de la entidad. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, considera que PwC ha tenido una conducta “consentidora” o de “beneplácito” en relación con la ingeniería financiera llevada a cabo por Ron.
Esta asociación critica que, pese a tener conocimiento de los requerimientos de la CNMV que obligaron al Banco Popular a comunicar como hechos relevantes reajustes que mostraban la situación de patrimonio neto negativo y el desajuste de las provisiones efectuadas, no los consideró importantes para reformular las cuentas. Además, en su escrito de acusación recuerda que los informes periciales demuestran que los problemas contables surgieron mucho antes de la resolución y apunta a que desde 2008 los estados financieros no reflejaban la imagen fiel de Banco Popular.
Los peritos del Banco de España Santiago Ruiz-Clavijo y Pablo Hernández dan la razón parcialmente a las acusaciones al criticar la ausencia de “párrafos de énfasis” en la auditoría de los estados financieros de 2015, que eran precisamente los que incluyeron el folleto de la ampliación de capital cuya legalidad se investiga ahora en la causa abierta en la Audiencia Nacional. No obstante, estos técnicos especifican en su informe que esto “no tiene por qué cuestionar el trabajo del auditor” ni implicar una violación de la normativa contable.
