Cerca de 300.000 kilos de productos cárnicos mezclados con restos de excrementos de rata, con fecha de caducidad pasada y origen desconocido, sin documentación y etiquetados con un número de registro sanitario falso. Esto es lo que se encontró la máxima autoridad sanitaria de la Junta de Extremadura en una de las naves registradas hace dos años y que ha pasado a formar parte de una investigación abierta sobre el escándalo del fraude del jamón que afecta a más de 20 empresas. Una situación que destapa los verdaderos peligros que entrama para la salud pública y a la que ha tenido acceso MERCA2.
“A través de una alerta de un producto sospechoso de haber sido manipulado me llega la orden de buscarlo. Llego a la nave del Fogón Castúo donde me encuentro una gran cantidad de productos cárnicos curados almacenados sin autorización”. Así es como arranca la declaración del perito Miguel Ángel Batalla ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra (Badajoz) realizada el pasado 23 de marzo de 2018.
“En la nave casi no se puede entrar porque había productos por todos los sitios mezclados, sin documentación y se observan que se están manipulando productos cárnicos”, indica. Los mismos que también estaban siendo envasados y etiquetando con un número de registro sanitario que no se corresponde a la actividad, tal y como explica en dependencias judiciales.
Durante casi 70 minutos de declaración –una parte avanzada por ‘El Economista’– el perito alerta en varias ocasiones del riesgo sanitario que supone reenvasar y etiquetar productos caducados y no aptos para el consumo humano llegando a elevar los peligros a niveles extremos tales como contraer la salmonella al consumir este tipo de jamones o lomos o incluso llegar a sufrir aborto en el caso de las mujeres embarazadas.
“Hay un riesgo sanitario importante de realizar la actividad de envasar al vacío en un ambiente no aséptico (…). Puede provocar desde aborto temprano, meningitis, fallos cardíacos y renales, problemas de salmonella o problemas varios”. Peligros que le llevan a constatar con claridad que lo que encontraron “era evidentemente un riesgo para la salud pública”.
El perito habla en su declaración del asombro de ver a los operarios “saltando de contenedor en contenedor para acceder a las cámaras e intentar llegar pisando productos cárnicos” o de la situación “dantesca” al encontrarse “productos llenos de moho y con restos de excrementos de ratas”. De hecho, la autoridad sanitaria explica que ni los propios agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se creían lo que estaban presenciando el día que inspeccionaron la nave.
Esta investigación, llevada a cabo por la Guardia Civil, afecta a una veintena de empresas como Valle de los Valfríos, Cash la Temporada, Porkytrans, Cárnicas Jamontanchez, Saraymar, Iberlinares, Agropecuaria Campoverde, Only Spain, Cárnicas Sierradulce, Dehesa Etiqueta Negra, Jamones Nicolau, Jamones Oro de Granada o Productos Vel-Per, entre otras. Y en el centro de la trama se sitúa Comapa, una de las mayores distribuidoras de productos cárnicos de España y principal proveedor de Carrefour.
Tras la declaración del perito, se han sucedido otras como la del representante de Comapa en calidad de investigado (declaración que se publicará próximamente). A esta empresa y otras se les acusa de delitos contra la salud pública.
PRODUCTOS NO APTOS PARA EL CONSUMO
Pero el escándalo no se queda aquí. El perito, en respuesta a las preguntas del letrado de Valle de los Valfríos, explica que la investigación se centra en la falta trazabilidad porque es uno “los principales principios de salud alimentaria”. En primer lugar, detalla que “no se pueden poner a la venta productos cuyo origen se desconoce”.
Y, en segundo lugar, asegura que encontraron mercancía considerada como sandach, es decir, subproductos animales no destinados al consumo humano y los productos derivados de los mismos que deben ser destruidos por normativa. “En vez de mandarlos para su destrucción se estaba haciendo un lavado de cara”, apunta el perito en la declaración ante la jueza.
Pero sin lugar a dudas, la parte más sorprendente es aquella en la que habla de comida para perros: “No cabía duda que esos productos estaban siendo manipulados, eran productos sandach. Estamos diciendo que estaban manipulando comida para perros”, sentencia.
OPERACIÓN POLICIAL CONTRA EL FRAUDE DEL JAMÓN
El riesgo sanitario se hace patente por la falta de trazabilidad y el estado de los productos encontrados en los registros. En más de cinco ocasiones, la autoridad sanitaria advierte de un problema grave de salud pública. La última tras la pregunta del letrado defensor de la empresa investigada Cash la Temporada. De ahí que fuentes cercanas a la investigación aseguren que se trata de la mayor alerta sanitaria en España después del asunto del aceite de colza.
Pero a pesar de la investigación en curso, la Junta de Extremadura no ha decretado la alerta sanitaria. Algo que sí hizo la Comunidad Valenciana con la inmovilización el pasado verano de más de 100 toneladas de productos cárnicos, en su mayoría jamones, almacenados en el interior de dos naves pertenecientes a un establecimiento ubicado en Alzira, carente de autorización sanitaria, y sin inscripción en el Registro General Sanitario de Industrias Alimentarias y Alimento.
Fruto de ella se retiraron marcas comerciales como Jamón Bodega Alto de Aitana, Jamón bodega Sierra Gorda, Aire de Mariola, Serranía de Ameta, El Galán, Jamones Croval, Don Enrique y Oro la Ermita. La operación policial se sigue desarrollando, ya que la citada empresa tiene vinculación con otros almacenes de la Comunidad Valenciana y de otras Comunidades autónomas (Castilla y León, Cataluña, Madrid y Andalucía).
En este caso, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) determinó que se trataba de una “situación ilegal”, en la que existía una falta de trazabilidad y no era posible determinar con exactitud el origen y destino de los productos inmovilizados.
