Todo el mundo está a la expectativa. Por si fuera poco tener que afrontar la obligada transición energética con el objetivo de contaminar menos y ser más eficientes, ahora se une la inestabilidad política que supone un cambio de Gobierno. Además, de manera tan abrupta y sin poder tener una bases de diálogo previas con los principales actores del sector. Por eso, desde Repsol piden máxima racionalidad en las medidas que tome el nuevo presidente.
Así lo ha expresado este martes el consejero delegado de la energética, Josu Jon Imaz, durante la revisión del Plan Estratégico 2018-20. Y es que uno de los puntos calientes a nivel impositivo afecta de manera directa a Repsol.
En el desarrollo de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se elaboró un informe por un grupo de expertos en el que había una mención expresa a retoques fiscales para los hidrocarburos. En ese momento, hace ya unas semanas, Repsol y Cepsa no se posicionaron de manera directa sobre esta medida. Básicamente porque se trata de un informe consultivo que, en ningún caso, tiene carácter vinculante.
Pero ahora el escenario es distinto. Con el Gobierno de Pedro Sánchez conformado, el único documento pragmático que tiene el PSOE sobre cómo será su actuación económica lo dibujó la formación socialistas hace unas semanas. En concreto, el pasado mes de abril escenificó una suerte de Presupuestos Generales paralelos a los realizado por el expresidente Mariano Rajoy en los que saldaba con subida impositiva el consumo de gasolina.
REPSOL SABE LO QUE PIDE
El hipotético plan de Pedro Sánchez pretendía equiparar la tributación del gasóleo a la de la gasolina, lo que implicaría la recaudación de 600 millones de euros más al año. Sin embargo, esto también supondría un varapalo para la amplia mayoría de los conductores, que acabarían pagando 9,55 céntimos más por cada litro de diésel.
Y esto sería, además, más complicado de realizar en un momento en el que los precios de los carburantes ya acumulan una escalada de otros 10 céntimos en lo que va de año. Aunque todo esto se trataba de un documento de oposición, ahora habrá que ver la decisión final que toma el nuevo Gobierno.
Por este motivo, el consejero delegado de Repsol le ha recordado que son los consumidores quienes terminan pagando los impuestos. Además, Imaz ha hecho especial hincapié en la progresividad fiscal. Como bien ha indicado, en los impuestos directos alguien que gana 100.000 euros al año paga más tributos que quien tiene un sueldo de 16.000. Pero en el caso de los indirectos, como sucede con la gasolina, pagan todos por igual. Por ese motivo espera que Sánchez sea «racional» a la hora de ajustar cargas fiscales a los hidrocarburos.
LA IMPORTANCIA PARA UNOS Y OTROS
La importancia impositiva sobre la gasolina no es casual. Según datos de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, cerca de la mitad del coste al público son impuestos: el 54% en el caso de la gasolina y el 48% en el gasóleo.
El precio de la materia prima viene determinado por la cotización del petróleo en los mercados internacionales. Nunca es fija, es decir, varía según la cotización internacional del barril de petróleo. Este precio puede verse afectado por la demanda y la zona en la que se extrae la materia prima, entre otros muchos factores, como el impacto de la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, como acaba de ocurrir con la decisión de Trump.
Entre los impuestos que se pagan a la hora de repostar están el IVA y el llamado Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, que incluye un tramo autonómico que puede añadir hasta 5 céntimos más. Así, el Gobierno recauda más de 10.000 millones de euros cada año por la venta de hidrocarburos, que representan aproximadamente la mitad de los que se recauda por los llamados impuestos especiales (alcohol, tabaco, electricidad, carbón o carburantes).
OTRO TEMA CALIENTE
Otro punto importante, y es que cuando el consejero delegado de Repsol ha señalado este tema es porque hay muchos frentes abiertos, tiene que ver con las denominadas fronteras fiscales.
Esta cuestión, que incide en el precio de los carburantes, viene arrastrándose desde el año 2012, cuando el Gobierno suprimió el conocido como céntimo sanitario para introducir un triple tramo del Impuesto Especial de Hidrocarburos: general, especial y autonómico.
Este cambio permitió a las autonomías modificar sus propios tributos sobre los carburantes para estimular sus ingresos públicos durante los peores años de la recesión. El cambio iba en contra de la directiva europea que prohíbe la «regionalización» del impuesto, si bien España confiaba en que el reglamento comunitario fuera modificado para acoger la excepcionalidad geográfica del país. Sin embargo, las pretensiones españolas se vieron tumbadas por la postura en contra de otros Estados como Alemania, Bélgica y Polonia.
Bajo estos condicionantes, a buen seguro que Pedro Sánchez escucha las palabras se Josu Jon Imaz y entiendo que los votantes son los que pagan impuesto y, a lo mejor, las cifras que se reflejan anteriormente citadas no son del agrado público.
