Nadie sabe lo que va a pasar con Cataluña y estos días empieza a ser ya un motivo muy serio de preocupación. Rajoy insiste en que no habrá referendum y que no se aplicarán ninguna de las leyes con las que el nacionalismo pretende conducir a Cataluña hacia la independencia. Pero nadie sabe cómo lo va a evitar. De hecho, lo único que se sabe es que el Gobierno no piensa utilizar la vía del 155 de la Constitución por más que lo pida Xavier Albiol.
En eso coinciden todas las fuentes del PP y del Gobierno e, incluso, de la oposición. “Rajoy le ha confirmado a Sánchez que no va a aplicar el artículo 155” me dice una fuente del entorno del líder socialista. Y por eso Pedro Sánchez, que debe saber algo más que el resto, ha cerrado filas en el momento preciso con Mariano Rajoy. Por eso y porque los sondeos le dicen en Cataluña que la ambigüedad le pasa factura.
Así que en este asunto, y por sentido de Estado, a un mes del 1 de octubre, el PSOE ha tomado la decisión de cerrar filas con el Gobierno y eso se deja notar en las declaraciones de sus principales dirigentes, alabando incluso la acción del Gobierno. Y es que incluso en el PP creen que al único al que Mariano Rajoy le ha avanzado algo de lo que va a hacer es a Sánchez: “Es lógico, necesita su apoyo y para eso tiene que contarle sus planes”, dicen fuentes del PP.
Pero de cara al resto de los ciudadanos Rajoy mantiene un hermetismo absoluto. No quiere dar ninguna pista que pueda alertar al Gobierno de la Generalitat, pero fuentes de su entorno insisten en que “tiene muy claro lo que va a hacer para evitar que se pongan las urnas el 1 de octubre”. ¿Los Mossos? ¿La Guardia Civil? Lo que dicen en Moncloa es que no siquiera va a ser necesario recurrir al uso de la fuerza para retirar las urnas, pese a que el PSOE lo apoyaría, según Margarita Robles.
Los planes de Rajoy van por otro lado, y tienen más que ver con el temor de los funcionarios públicos catalanes a las posibles sanciones impuestas por el Estado. Y para que puedan colocarse las urnas y el referendum tenga un mínimo de credibilidad, es necesaria la colaboración de funcionarios públicos. Y ahí es donde el Gobierno va a ejercer una presión que difícilmente podrá ser contrarrestada por la Generalitat. O eso dicen.
