El representantes de Comercio de Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, ha señalado que están dispuestos a encontrar una solución al conflicto que mantienen con la Unión Europea sobre las ayudas a Boeing y Airbus y ha recalcado que Europa no podría imponer aranceles a los productos estadounidenses porque Washington ya ha revocado la exención fiscal de la que se beneficiaba Boeing.

Este martes, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha publicado su autorización para que la UE imponga aranceles sobre productos procedentes de Estados Unidos por un máximo anual de 3.993 millones de dólares (2.890 millones de euros) como compensación por las subvenciones recibidas por Boeing.

Sin embargo, Lighthizer señala que la UE «no tiene ninguna base válida para tomar represalias contra ningún producto estadounidense» y que cualquier imposición de aranceles basada en una medida que ha sido eliminada «es claramente contraria a los principios de la OMC y obligará a una respuesta de los Estados Unidos».

Según señala en un comunicado, el Estado de Washington ha promulgado el proyecto de ley 6.690 del Senado, que, con efecto a partir del 1 de abril de 2020, elevó los tipos impositivos de las operaciones de compraventa aeroespaciales al nivel generalmente aplicable, con lo que «se eliminó la única medida ilegal». Por tanto, consideran que, según las normas de la OMC, la UE no podría aplicar las contramedidas autorizadas al haberse eliminado la medida que genera controversia.

No obstante, destaca que su país está dispuesto a trabajar para solucionar el conflicto y «restablecer la competencia leal y la igualdad de condiciones» en el sector aeronáutico.

Hace un año, la OMC autorizó a Estados Unidos a imponer aranceles por un valor total de 7.500 millones de dólares (unos 6.400 millones de euros) a productos importados de Europa como represalia por las ayudas que la Unión Europea había dado a Airbus. Por ello, EE.UU. impuso aranceles a la Unión Europea en un 15% para los productos de aviación civil y un 25% para los demás, entre los que se incluyen el vino o el aceite.

En el comunicado emitido este martes, EE.UU. indica que mantiene los aranceles debido a que la Unión Europea no ha retirado los «miles de millones de euros de subvenciones ilegales», pero que, para «maximizar las posibilidades de éxito en las negociaciones, han actuado con moderación al negarse a imponer a la UE la totalidad de las contramedidas autorizadas».

Tras el anuncio de este martes por parte de la OMC, el vicepresidente económico de la Comisión Europea, responsable también de la cartera de Comercio, Valdis Dombrovskis, ha señalado que la UE se compromete de manera «positiva y constructiva» a decidir los próximos pasos con EE.UU., con la «fuerte preferencia» de llegar a un acuerdo. «De lo contrario, nos veremos obligados a defender nuestros intereses y responder de manera proporcionada», ha señalado.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha recomendado mantener los estímulos fiscales hasta que se afiance la recuperación de la economía, ya que su retirada prematura sería demasiado perjudicial.

Durante su intervención en un acto celebrado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el banquero central ha reconocido que los países de la eurozona saldrán de la crisis con unos niveles de deuda pública no vistos «en décadas», por lo que será necesario un programa de consolidación fiscal para volver a una senda sostenible.

«Sin embargo, a corto plazo, el daño causado por la retirada prematura de las medidas de apoyo excedería cualquier posible coste de mantenerlas hasta que la recuperación muestre señales de suficiente fortaleza», ha subrayado De Cos. El gobernador del Banco de España ha intervenido en el acto en calidad de miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y sus comentarios no se han referido a ningún país en concreto.

Pese a la necesidad de mantener estímulos, De Cos ha indicado que, dada la «heterogeneidad» de los efectos de la crisis, durante la fase de recuperación sería recomendable que las ayudas fueran «mucho más focalizadas» y que su duración se ajustase a la de la crisis.

«Tendría sentido valorar la posibilidad de que las acciones dirigidas a ayudar a las empresas no involucren un aumento de sus obligaciones financieras como, por ejemplo, ayuda directa o, en algunos casos, a través de inyecciones temporales de capital», ha agregado el gobernador.

Además, De Cos ha afirmado que es necesario que a nivel europeo se acometa una «agenda ambiciosa de reformas estructurales» para elevar el potencial de crecimiento de la economía de la eurozona, que «ya era bajo antes de la crisis».

Con respecto a la política monetaria, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE ha asegurado que «no hay espacio para la complacencia», por lo que los estímulos del instituto emisor se tendrán que mantener hasta que se alcance la recuperación. Además, no ha descartado que la autoridad monetaria tenga que ser recalibrada o que se tengan que aprobar nuevas medidas.

«También es crucial que mantengamos la flexibilidad en la implementación de nuestro programa de compra de activos contra la pandemia [PEPP] para eliminar cualquier problema potencial de fragmentación financiera», ha apostillado.

Un total de 471 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los ocho primeros meses del año, 34 más que en el mismo periodo de 2019, lo que implica un aumento en valores relativos del 7,8%, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

De estos fallecimientos, 393 se produjeron durante la jornada de trabajo, 51 más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento porcentual del 14,9%. Los 78 accidentes mortales restantes registrados hasta el octavo mes del año fueron siniestros ‘in itínere’ (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), 17 menos que en el mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso del 17,9%.

El dato de mortales incluye los 15 accidentes mortales reconocidos por Covid-19, que ocurrieron todos ellos en el centro o lugar de trabajo habitual y que corresponden a las siguientes comunidades autónomas y provincias: 2 en Andalucía (1 en Granada y 1 en Sevilla), 8 en Castilla-La Mancha (1 en Albacete, 4 en Ciudad Real, 1 en Cuenca y 2 en Toledo), 2 en Castilla y León (ambos en Salamanca), 1 en Cataluña (en Barcelona) y 2 en Madrid.

En conjunto, hasta agosto se contabilizaron 302.301 accidentes laborales con baja, lo que supone un descenso del 27,5% respecto al número de siniestros del mismo mes de 2019. Del total de siniestros, 267.261 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 35.040 fueron siniestros ‘in itínere’. Los primeros cayeron un 26,2%, mientras que los segundos lo hicieron en un 35,9% respecto al mismo periodo del año pasado.

Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo de los asalariados sumaron 264.611 hasta agosto, un 26,3% menos, y los graves fueron 2.257, un 20,5% menos que a un año antes. En el caso de los siniestros ‘in itínere’ se registraron 34.477 accidentes de carácter leve (-36%) y 485 de gravedad (-27,8%).

MÁS DE 18.492 ACCIDENTES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

La estadística distingue entre accidentes laborales de asalariados y de trabajadores por cuenta propia. De los 302.301 siniestros con baja registrados hasta agosto, 283.809 los sufrieron asalariados (-28,2%) y 18.492 correspondieron a trabajadores autónomos (-14,9%).

Desde el 1 de enero de 2019 la cobertura específica de la Seguridad Social por accidente laboral en el caso de trabajadores autónomos pasó a ser obligatoria con carácter general, mientras que en 2018 era mayoritariamente voluntaria y solo alcanzaba a cerca de un 20% de los autónomos.

Entre los accidentes de asalariados contabilizados en el octavo mes del año, un total de 249.885 se produjeron estando en el puesto de trabajo, un 26,9% menos que hasta agosto de 2019, mientras que 33.924 fueron siniestros ‘in itínere’, cifra que también es un 36,2% menos que la del año anterior.

Los accidentes leves de asalariados con baja en el puesto de trabajo sumaron 247.704 hasta agosto de 2020, un 27% menos, y los graves alcanzaron los 2.328, un 21,6% menos que en el mismo mes del año anterior.

En el caso de los siniestros ‘in itínere’, los trabajadores asalariados registraron 33.924 accidentes de carácter leve (-36,3%) y 446 de gravedad (-28,8%).

Por su parte, de los 18.492 accidentes que sufrieron los trabajadores autónomos hasta agosto, 17.376 (-14,1%) se produjeron en el puesto de trabajo y 1.116 (-24,7%) fueron siniestros ‘in itínere’.

La estadística también revela que además se notificaron 330.972 accidentes laborales sin baja, un 30,4% menos que en igual mes de 2019.

BAJAS LABORALES POR COVID

En la estadística de este mes se han vuelto a incluir los accidentes que han causado baja en el periodo de referencia, recepcionados por la Autoridad Laboral Provincial, aunque se trata todavía de datos provisionales. Hasta agosto, la estadística recoge que un total de 1.346 personas estuvieron de baja por coronavirus. De estos, 1.328 fueron leves, 13 grave y 17 mortales.

Por otro lado, Trabajo ha publicado el avance también de los datos desagregados por mes de la fecha de baja y los ha comparado con el mismo periodo del año anterior. En marzo, ha diferenciado dos periodos, uno anterior a la declaración del estado de alarma (días 1 a 13 de marzo) y otro posterior (días 14 a 31 de marzo).

Concretamente, entre el 1 y el 13 de marzo, un total de 21.539 personas se dieron de baja por accidente laboral (+6,1%). En el caso del 14 al 31 de marzo, la cifra ascendió a 11.320 personas (-57,4%). En abril fueron 16.099 accidentes (-61,6%), en mayo 26.776 (-46,4%), en junio 34.819 (-23,9%), en julio 38.606 (-23,3%) y en agosto 28.791 (-16,9%).

Teniendo en cuenta los accidentes ‘in itínere’, en el primer periodo se registraron 3.111 accidentes (-1,9%) y 1.193 en el segundo (-70,8%), situándose en abril en 1.697 (-74,4%), en mayo en 2.803 (-62,8%), en junio en 4.162 (-40,2%), en julio en los 4.752 (-34,1%) y en agosto 3.171 (-33,1%).

Entre el 1 y el 13 de marzo se produjeron 28 accidentes mortales en la jornada de trabajo (+75%) y entre el 14 y el 31, la cifra ascendió a 43 personas (+104,8%), mientras que en abril fueron 37 (+2,8%), en mayo 42 (-19,2%), en junio volvió a subir, hasta 51 (+44,7%), en julio fueron 45 (-28,6%) y en agosto 34 (-12,8%).

En el caso de los accidentes mortales ‘in itínere’, estos totalizaron en 6 tanto en el primer periodo analizado de marzo como en el segundo, lo que supuso un incremento del 100% en comparación con el periodo comprendido entre el 1 y el 13 de marzo de 2019, pero un descenso del 14,3% en comparación con los días que van del 14 al 31 de marzo del año anterior.

En abril también fueron seis los accidentes mortales ‘in itínere’, la mitad que el año pasado, en tanto que en mayo subieron a 8 (-33,3%), en junio fueron 5 (-44,4%), en julio se elevaron hasta 11 (-45%) y agosto fueron 6 (-33,3%).

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo en la posición a defender por España en la recta final de la negociación de la Política Agraria Común (PAC).

En concreto, Planas ha presidido este martes los consejos consultivos de política agraria y política pesquera como encuentros previos al Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) que se celebrará los 19 y 20 de octubre en Luxemburgo.

En la reunión, el titular de Agricultura ha solicitado la participación activa de las regiones para que agricultores y ganaderos españoles cuenten con un modelo de aplicación de la PAC «más justo y sostenible».

Planas ha instado a las CCAA a colaborar en el diseño del Plan Estratégico para que los productores dispongan de una política clara y sencilla que responda a las necesidades detectadas en los distintos sectores.

Agricultura ha precisado que está previsto que en las próximas semanas se celebren reuniones y grupos de trabajo para definir el modelo para España, basado en una política «clara, sencilla, justa y sostenible» que atienda las necesidades reales de agricultores y ganaderos.

El titular del ramo confía en que en este Consejo de Ministros se cierre el acuerdo político de la PAC para que puedan continuar las negociaciones a tres bandas: Consejo, Parlamento y Comisión Europea, con el objetivo de que los reglamentos de aplicación se publiquen en el primer semestre de 2021.

Estas reuniones serán paralelas a las que España realizará para avanzar en el Plan Estratégico, ya que el objetivo es presentar a la CE el borrador en abril de 2021.

Respecto al reglamento de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA), en la que España ha logrado incluir al aceite de oliva, a través del artículo 167 bis, el ministro defenderá que se incluya en el reglamento transitorio para que se puede aplicar desde 2021. Esta medida permitirá al sector del aceite de oliva desarrollar normas de comercialización que redunden en una estabilización de los precios.

En la reunión sobre pesca, Planas ha indicado que España defenderá los intereses del sector respecto a las capturas de bacalao ártico y de gallineta nórdica, en las consultas anuales que en breve comenzarán entre la UE y Noruega en el marco del acuerdo bilateral de pesca que mantienen.

Aena ha mostrado este martes su «disposición a colaborar» con cualquier medida de prevención del coronavirus en las islas Canarias siempre que así lo hayan acordado las diferentes autoridades con competencias sanitarias, según han indicado a Europa Press fuentes del gestor aeroportuario.

Así se ha expresado Aena después de publicar Canarias7 que el departamento canario de turismo había enviado una carta pidiendo la colaboración de la empresa pública para hacer test en los aeropuertos y que habría quedado sin respuesta.

Las mismas fuentes explicaron que la misiva no había sido respondida porque fue recibida este mismo martes y que su voluntad es y ha sido siempre la de «colaborar» en todo lo que «las autoridades sanitarias acuerden».

Así, remarcaron que carecen de competencias en materia sanitaria y que la solicitud debe ser remitida a las autoridades competentes del Gobierno central.

AENA «HA COLABORADO Y COLABORA» CON LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES

«Una vez tomada una decisión, Aena cooperará como siempre ha hecho. Aena ya ha colaborado y colabora por ejemplo con el Gobierno de Canarias en los aeropuertos para la toma de temperatura a los pasajeros insulares y peninsulares, y lo hace con Sanidad Exterior aportando recursos humanos y materiales a su disposición», indicaron.

Por último, indican que es posible que si los test, en línea con el protocolo propuesto por la consejería de Turismo canaria, se realizarán hasta 48 horas antes de la salida del vuelo dichos test no tendrían que hacerse necesariamente en los recintos aeroportuarios.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) han vuelto a unirse para reclamar a los gobiernos que utilicen las pruebas de Covid-19 como medio para reabrir las fronteras de forma segura y restablecer la conectividad mundial, así como para evitar el colapso de la industria de la aviación con un apoyo financiero que no genere deuda.

Según han explicado las organizaciones internacionales, estas medidas protegerían a los países de la importación de casos de Covid-19, evitarían una crisis de empleo en el sector de los viajes y el turismo, y asegurarían que la estructura crítica de la aviación siga siendo viable.

El Grupo de Acción sobre el Transporte Aéreo (ATAG) estima que 46 millones de puestos de trabajo están en peligro debido a la pérdida de conectividad causada por la crisis de la Covid-19. La gran mayoría de ellos (41,2 millones de empleos) se encuentran en el sector de los viajes y el turismo que depende de la aviación, mientras que el resto (4,8 millones de empleos) se reparten entre el empleo directo en la aviación, incluidos los aeropuertos y las aerolíneas.

La Asociación de Aeropuertos prevé que sufrirá una reducción del 60% en sus ingresos, mientras que la organización de las aerolíneas estima que los ingresos del sector caerán un 50%.

«Necesitamos actuar rápidamente. Las pérdidas de empleos dentro y fuera de la industria aumentan cada día y con cada trabajo perdido la recuperación y el impacto en la economía en general se hace aún más difícil», ha alertado Alexandre de Juniac, consejero delegado de IATA.

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este martes con una caída del 1,09%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.875,2 enteros, lastrado fundamentalmente por el sector bancario y el turístico.

El índice perdía así la cota psicológica de los 6.900 puntos, en una semana que estará marcada por el inicio de la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos y por los contactos entre republicanos y demócratas para aprobar un paquete de ayudas frente a la pandemia antes de las elecciones presidenciales, previstas para el próximo mes de noviembre.

Los inversores han conocido además que la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha anunciado la suspensión «temporal» de las pruebas de la fase 3 de su vacuna contra el nuevo coronavirus después de que uno de los participantes voluntarios presentase «una enfermedad inexplicable».

En Reino Unido, el final del confinamiento vino acompañado por un fuerte aumento de la tasa de paro, que se situó en el 4,5% entre los meses de junio y agosto, frente al 3,9% registrado en el mismo periodo del año precedente, con alrededor de 1,52 millones de desempleados registrados.

En España, el Tesoro Público ha captado este martes 935 millones de euros en letras a 3 y 9 meses, en el rango alto previsto, y ha ahondado notablemente en los tipos negativos en ambos papeles registrando mínimos históricos en la primera subasta celebrada tras reducir las emisiones de este año en 15.000 millones de euros.

Además, la confianza empresarial se ha disparado un 10,5% en el cuarto trimestre, respecto al trimestre anterior, su mayor alza desde el comienzo de la serie en 2013.

En este escenario, las mayores caídas del Ibex 35 las han presentado Bankinter (-5,01%), CaixaBank (-4,86%), Bankia (-4,62%), Banco Sabadell (-4,31%), IAG (-4,09%), BBVA (-4%), Meliá (-3,42%), Banco Santander (-3,32%) y Aena (-3,31%).

En el terreno positivo únicamente se han situado seis valores: Cellnex (+1,55%), PharmaMar (+1,21%), Viscofán (+0,79%), Siemens Gamesa (+0,78%), Iberdrola (+0,68%) y Enagás (+0,26%).

El resto de plazas europeas también ha finalizado en ‘rojo’, con caídas del 0,53% para el Ftse 100 de Londres, del 0,64% para el Cac 40 de París, del 0,91% para el Dax de Fráncfort y del 0,81% para el Mib de Milán.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, marcaba un precio de 40,39 dólares y el crudo Brent, de referencia para Europa, de 42,54 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española se situaba en 68 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,144%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1742 ‘billetes verdes’.

El PSOE, el PP y Ciudadanos han pactado este martes en el Congreso una iniciativa, apoyada también por Unidas Podemos, que llama al Gobierno a alcanzar un Pacto por la Industria y que define varios ejes de actuación para el mismo.

Esta iniciativa, que partía de una proposición no de ley defendida por el PSOE, ha sido finalmente aprobada en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo con apoyos también de Esquerra Republicana, el PNV, el BNG y Foro Asturias. Por su parte, Vox ha votado en contra y EH-Bildu ha optado por la abstención.

El texto aprobado, reclama al Gobierno un Pacto por la Industria «salvaguardado de eventuales y futuros cambios políticos, con vocación de estabilidad, permanencia, certidumbre y compromiso presupuestario, con una gobernanza definida», que cuente con la participación de comunidades autónomas y agentes sociales, y que de él «emane una futura Ley de Industria, con el objetivo de reactivar la economía y modernizar el modelo productivo hacia la transición ecológica y la transformación digital.

Este pacto, señala el Congreso, debe estar alineado con los objetivos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y contener varios ejes de actuación, como adecuar los sistemas formativos para mejorar la empleabilidad y la formación de trabajadores, facilitar el acceso de financiación bancaria y no bancaria y «racionalizar el marco regulatorio».

Asimismo, reclama medidas dirigidas a promover el crecimiento de las pymes industriales, mejorar la profesionalización en la gestión, la reducción de costes del transporte y la distribución, apoyar la internacionalización de las empresas, y apostar en ellas por la digitalización y su actividad innovadora.

MEJORA DE TECNOLOGÍA EN EQUIPOS Y PROCESOS

Por otro lado, el Congreso se refiere al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, para el que pide «planes de inversiones en proyectos tractores europeos vinculados a la transformación digital y la transición ecológica en ecosistemas industriales de oportunidad».

En este sentido, llama a poner «especial énfasis en el apoyo a la mejora de tecnología en equipos y procesos», y apoyar a las empresas industriales «con los mismos instrumentos y en la misma cuantía que lo hacen otros países europeos. «De igual modo, se abrirán estos planes al fomento de actividades de regeneración, reciclaje y aprovechamiento de residuos, tendiendo a iniciativas de economía circular», señala en este punto el texto aprobado por la Cámara Baja.

PLAN DE LA AUTOMOCIÓN Y ESTATUTO ELECTROINTENSIVO

Finalmente, el texto aprobado reclama un plan específico para la automoción con ayudas a la compra de nuevos vehículos bajos de emisiones, más inversión en I+D+i para desarrollar en España baterías e impulsar medidas de inversión, internacionalización y comercialización con el objetivo de atraer inversiones productivas en el territorio y facilitar las exportaciones.

Por último, también llama a aprobar la regulación del anunciado Estatuto de consumidores electrointensivos «que permita reducir los costes de suministro eléctrico de la industria electrointensiva de acuerdo a la normativa comunitaria».

UN NUEVO PLAN DE REINDUSTRIALIZACIÓN

Por otro lado, la Comisión de Industria ha aprobado otra iniciativa, esta de Unidas Podemos, con los votos del PSOE, ERC y EH-Bildu, para diseñar un plan de reindustrialización, con la elaboración de un mapa de inversiones estratégicas y tecnologías innovadoras, la mejora de infraestructuras y la reducción de la dependencia tecnológica y energética.

La iniciativa también pide criterios de exclusión en las ayudas a empresas con sedes en paraísos fiscales y que estas ayudas contengan obligaciones de mantenimiento de la actividad, revisar las agendas sectoriales para responder al nuevo contexto postCovid, la elaboración de un informe sobre la inserción de la producción industrial española en las cadenas globales de valor y más fondos para los programas de industrialización en los próximos Presupuestos.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ya que cada año en España se evaden unos 31.800 millones de euros en impuestos y cuotas a la Seguridad Social por encima de la media sumergida europea, y calculan que con entre 15.000 y 17.000 efectivos más se podría reducir a la mitad.

Así lo ha señalado la organización después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este martes el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, con el que transpone la última directiva europea y refuerza el control sobre los contribuyentes para evitar la elusión y el fraude fiscal.

En este contexto, Gestha advierte de que la economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ocupando el puesto 18 entre los 28 países europeos y la decimocuarta posición de los 19 países de la zona euro.

La tasa sumergida promediada entre 1991 y 2015 en España se sitúa en el 24,52%, frente al 16,01% de la media ponderada sumergida en la UE-28, y al 16,6% de la media sumergida en la euro zona-19.

DICE QUE CON 15.000 EFECTIVOS SE REDUCIRÍA LA MITAD

Por otra parte, Gestha asegura que con un cuerpo superior técnico y entre 15.000 y 17.500 efectivos más a medio plazo, la economía sumergida podría reducirse a la mitad.

En este sentido, subraya que el «punto débil» de las medidas de los sucesivos planes especiales, leyes antifraude y para el control de los gastos públicos es que no se han acompañado con medidas referidas a los medios personales con los que cuenta la AEAT, la IGAE y otros centros directivos del Ministerio de Hacienda para hacerlas cumplir con generalidad.

Por ello, tres décadas después, Gestha cree que es hora de que se cree el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, para dar mayores competencias y funciones a los 8.480 técnicos de Hacienda que representan el 83,4% de los funcionarios del grupo A de las áreas operativas en la AEAT y los 1.014 técnicos de auditoria y contabilidad que representan el 90,8% en la IGAE.

JPMorgan Chase, el mayor banco estadounidense por activos, obtuvo un beneficio neto de 9.443 millones de dólares (8.039 millones de dólares) en el tercer trimestre del año, lo que representa una mejora del 4% respecto del mismo periodo de 2019, después de que la entidad lograse reducir un 94% el impacto de las provisiones por riesgo de impago, hasta 611 millones de dólares (520 millones de euros).

Entre julio y septiembre, el banco de Wall Street destinó a cubrir el riesgo de crédito ‘únicamente’ 611 millones de dólares, frente a los 10.473 millones de dólares (8.916 millones de euros) provisionados entre abril y junio, y los 8.285 millones de dólares (7.050 millones de euros) del primer trimestre. En el tercer trimestre de 2019, las provisiones sumaron 1.514 millones de dólares (1.289 millones de euros).

Los ingresos de JPMorgan Chase en el tercer trimestre de 2020 alcanzaron los 29.147 millones de dólares (24.810 millones de euros), apenas un 0,5% por debajo de la cifra de negocio contabilizada hace un año, con un retroceso del 8,5% de los ingresos por intereses netos, hasta 13.013 millones de dólares (11.077 millones de euros), mientras que el resto de ingresos sumaron 16.134 millones de dólares (13.735 millones de euros), un 7,1% más.

De este modo, en los nueve primeros meses del año JPMorgan Chase obtuvo un beneficio neto de 16.995 millones de dólares (14.470 millones de euros), un 39% por debajo del resultado del mismo periodo de 2019, mientras que la cifra de negocio de la entidad creció un 4%, hasta 90.319 millones de dólares (76.878 millones de euros).

Hasta septiembre, las provisiones del gigante de Wall Street aumentaron un 366%, hasta 19.369 millones de dólares (16.491 millones de euros), frente a los 4.158 millones de dólares (3.540 millones de euros) de los nueve primeros meses de 2019.

«Reforzamos nuestra posición de liquidez, incrementando la ratio de capital CET1 en 60 puntos básicos, hasta el 13% y nuestras fuentes de liquidez en 1,3 billones de dólares (1,1 billones de euros)», declaró Jamie Dimon, presidente y consejero delegado de JPMorgan Chase.

Hasta cinco comunidades y ciudades autónomas españolas continúan sin movilizar los fondos del nuevo Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible Moves II lanzado por el Gobierno pese a que el plazo para hacerlo ya finalizó hace casi un mes.

De esta manera, Canarias, Cantabria, Ceuta, Extremadura y Murcia no han publicado en sus respectivos boletines oficiales el plan, aunque el límite venció el pasado jueves día 17 de septiembre, tres meses después de que el Ejecutivo permitiese activarlo.

Por ello, 11,53 millones de euros de los 100 millones con los que cuenta el plan para ayudas a la compra de vehículos eléctricos no han sido movilizados, de los cuales 4,7 millones le corresponden a Canarias, mientras que Cantabria tenía acceso a 1,23 millones; Ceuta, 180.729 euros; Extremadura, 2,26 millones, y Murcia, 3,16 millones.

Otras comunidades, como es el caso de Andalucía (17,95 millones), Castilla-La Mancha (4,33 millones) y Navarra (1,38 millones) han esperado hasta el último momento para publicar en sus respectivos boletines oficiales la convocatoria, mientras que Islas Baleares (2,53 millones), Melilla (180.431 euros) o Castilla y León (5,12 millones) ya lo han publicado pero fuera de plazo.

En el caso de Baleares, han sido muchas las voces del sector que han criticado la puesta en marcha del plan en esta comunidad insular ya que, al contrario de lo que dicta el acuerdo estatal, obliga a los ciudadanos a achatarrar un vehículo antiguo para poder comprar un coche ‘cero emisiones’.

Por ello, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ve «incomprensible» que Baleares publique el plan «tarde» y con modificaciones que «reducen su eficacia y crean confusión», ya que recupera el requisito del achatarramiento para empresas y particulares, un tema al que se había llegado a un consenso para eliminarlo.

En la misma línea han hablado desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios (Ganvam) que ha calificado de «discriminatoria» las bases del Plan Moves II que el archipiélago ha publicado. Por ello, ambas asociaciones han pedido que se modifique y que se adapte a las bases nacionales.

TODAS LAS COMUNIDADES LO PUBLICARÁN

A pesar de todo esto, fuentes del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) consultadas por Europa Press han afirmado que «lo importante» es que todas las comunidades autónomas publicarán el plan, a pesar de que algunas de ellas lo hagan fuera de plazo.

«Lo importante es que todas las comunidades han aceptado las ayudas oficialmente y nos consta que todas ellas están realizando los trámites administrativos internos para sacar las convocatorias», han subrayado desde el IDEA.

En la misma línea ha hablado el director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), Arturo Pérez de Lucia, quien ha asegurado que «todas las comunidades están trabajando en ello», por lo que si no han publicado ya sus planes es por algún «retraso administrativo».

AYUDAS YA CONCEDIDAS

Las ayudas recogidas en la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible lanzado por el Gobierno están disponibles desde el 17 de junio para los consumidores interesados en la compra de un modelo ‘cero emisiones.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del plan, los españoles pudieron acceder a las ayudas para agilizar la puesta en marcha del mercado, a pesar de que las comunidades tenían hasta tres meses para gestionar el plan y solicitar al Gobierno la partida de los 100 millones de euros totales que le corresponde por número de habitantes. Un plazo que finalizó este jueves.

De esta manera, se permitió a los particulares adquirir el coche que necesitaban y luego acceder al subsidio, ya que en el caso del Plan Moves del año pasado muchas administraciones autonómicas tardaron meses en poner en marcha las ayudas, lo que retrasó y mitigó el efecto del Moves.

El Plan Moves II cuenta con un presupuesto de hasta 100 millones de euros para fomentar la movilidad sostenible. Así, el Gobierno aportará hasta 5.500 euros para la adquisición de un modelo ‘cero emisiones’, mientras que los fabricantes darán una ayuda adicional de 1.000 euros para incentivar su compra.

En lo que se refiere a turismos, el modelo debe de tener un precio máximo de hasta 45.000 euros. Esta cantidad asciende hasta los 53.000 euros para coches de ocho plazas o en el caso de que el destinatario último sea una Administración o entidad sin ánimo de lucro.

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha dejado claro que nunca va a abandonar a los trabajadores por cuenta propia y que la patronal se va a poner en marcha para ayudar al colectivo.

Así lo ha señalado durante su intervención en la XIX Edición de los Premios de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). «La cabezonería de algún autónomo peleando por el comercio, por la hostelería o por los bares que solo abren en las fiestas, eso son los autónomos de este país y ese es el mundo de ATA», ha puesto en valor Garamendi.

El presidente de CEOE ha aprovechado para felicitar a ATA por sus 25 años de vida y por su trabajo desarrollado a lo largo de este año. También ha puesto en valor que la integración de ATA en la CEOE fue «un símbolo de unidad» para «sumar en España».

Por otro lado, ha remarcado que los mejores 40 años del Estado Social de Derecho español «han sido como consecuencia de la Constitución Española, a la que apoyamos y a su piedra angular, que es la Corona». «Ayer fue un día de reconocimiento y de festejar el Día de la Hispanidad y de la unidad de España», ha resaltado tras pedir lealtad, independencia y sentido de Estado.

De su lado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha insistido en que el Covid sigue presente, pero en que este hecho no puede detener ni a los autónomos ni al resto de la sociedad. «Debemos ser muy prudentes y seguir a rajatabla las normas sanitarias, pero los autónomos no pueden parar y ATA tampoco», ha dejado claro.

«El Covid no nos puede impedir reconocer el trabajo y tesón de unos profesionales que en muchos casos se han convertido en héroes y, en otros, nos han dado un magnífico ejemplo de buen hacer», ha apostillado Amor.

Asimismo, ha dejado claro que va a seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora, negociando con el Gobierno, para reconstruir España. De hecho, Amor ha dicho que ATA «siempre ha tenido vocación de actuación» y que va a seguir en ello para ser parte de la reconstrucción del país.

«SIN LOS AUTÓNOMOS LA ECONOMÍA NO PUEDE FUNCIONAR»

Sin autónomos la economía no puede funcionar, porque somos la correa de la mayor parte de la economía. La reconstrucción debe pasar por los autónomos, no hay otra alternativa», ha incidido su presidente, que ha aprovechado para dejar claro que la reconstrucción «solo se puede conseguir con unidad, concordia, certidumbre y seguridad jurídica».

Amor ha concluido su turno de palabra diciendo que «los autónomos y las empresas tienen la misión para esta reconstrucción de generar actividad y empleo» y dejando claro que ahora «les toca a quienes tienen responsabilidad en la Administración y la política generar unidad, concordia, certidumbre y seguridad jurídica». «Toca trabajar por ello», ha concluido.

APOYO DE CAIXABANK AL COLECTIVO

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presente en el acto, ha querido homenajear «al colectivo que peor lo está pasando» y ha puesto en valor que los autónomos son un ejemplo de «esfuerzo, entrega y resiliencia».

«Sabéis representar y simbolizar los mejores valores del conjunto de la sociedad española: valores de trabajo, de sacrificio y de empeño para sobreponeros y dar lo mejor de vosotros mismos para salir adelante», ha dicho durante su intervención.

Asimismo, Gortázar ha señalado que se siente orgulloso de que desde CaixaBank se haya podido apoyar a este colectivo con medidas como moratorias de préstamos, líneas de crédito con y sin avales del Estado, ayudas al comercio y al pago de proveedores. En la actualidad, más de un millón de autónomos españoles trabajan con la entidad.

«Muchos estáis pasando por tiempos extraordinariamente duros, necesitáis ayuda y queremos seguir apoyándoos», ha dicho, tras señalar que una vez se complete la fusión con Bankia, la entidad estará en mejores condiciones de apoyar a los autónomos y al tejido productivo español en general para conseguir salir de la crisis «sin dejar a nadie atrás» y para lograr una recuperación rápida, sostenida y sostenible.

La entrega de los premios ha estado presidida por su Majestad el Rey Felipe VI. También han estado presentes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá; el presidente de ATA, Lorenzo Amor; el presidente de CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el presidente CEIM, Miguel Garrido; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

En esta edición, han sido premiados el Consejo General de Colegios de Médicos, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, el Consejo General de la Abogacía Española y la Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales.

Por otro lado, el premio a la trayectoria profesional ha sido para Enrique Cornejo, y el premio al emprendedor para los hermanos Déborah y Rafael Casillas Gordillo, promotores de Concert Music Festival, «por saber reinventarlo en el Cabaret Festival».

La conferencia sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que ha estado presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha acordado la distribución de 1,46 millones de euros entre las comunidades autónomas para apoyar a las explotaciones de porcino ibérico afectadas por la pandemia del coronavirus.

En concreto, el real decreto 687/2020 de julio, cuyo contenido fue elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas y el sector, ha tenido un «efecto claro» sobre el comportamiento de los precios en el mercado.

Así, cuando se hizo público su contenido, el precio del cerdo ibérico, cuya cotización se había igualado al del porcino de capa blanca, comenzó a recuperarse de manera sostenida, razón por la cual se han solicitado ayudas por menos animales de los previstos.

En todo caso, el pasado 30 de septiembre se publicó una modificación de esta norma para ampliar hasta el 15 de noviembre el plazo del periodo subvencionable, entre otros cambios.

El reparto se ha llevado a cabo en consonancia con las comunicaciones efectuadas por las autoridades competentes de las regiones con respecto a sus previsiones sobre las peticiones realizadas por los beneficiarios. La dotación presupuestaria prevista para la línea en este ejercicio es de 10 millones de euros.

Castilla y León es la región que contará con la mayor dotación de ayudas para el sector con un total de 609.120 euros, seguida por Extremadura (320.880 euros) y Murcia (289.284 euros).

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha manifestado este martes que los Servicios Jurídicos del Gobierno andaluz están analizando en estos momentos si existe un marco jurídico que permita ayudar financieramente a la empresa Abengoa.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Marín ha manifestado que los consejeros de Hacienda, Juan Bravo, y de Transformación Económica, Rogelio Velasco, están en permanente contacto con los representantes de la empresa, a los que agradecen la labor que están realizando ante la difícil situación en la que han heredado la dirección.

Ha indicado que la solución pasa evidentemente por buscar una financiación que necesita la empresa y que estaría por encima de los 20 millones de euros.

Ha añadido a este respecto que la Junta ha planteado siempre que cualquier medida de ese tipo la haría dentro del marco de la legalidad jurídica, porque lo que no se quiere es que Abengoa «sea otro caso de Isofotón».

«Si finalmente hay o no posibilidad de acuerdo, no lo podemos adivinar. Los servicios jurídicos están buscando ese marco jurídico; si se encuentra se podrá hacer, si no, no podrá ser posible», ha sentenciado el vicepresidente.

Las vulnerabilidades financieras del sistema, que ya eran elevadas antes de los primeros brotes de Covid-19, no han hecho otra cosa que incrementarse desde entonces, lo que puede llegar a suponer un freno a la recuperación y conducir a la economía a un escenario más adverso en el que quiebras generalizadas lleven a un reapreciación del riesgo de crédito y al endurecimiento de la concesión de préstamos, empeorando las condiciones financieras, según señala el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«La pandemia de Covid-19 podría ser una importante prueba de resistencia para el sistema financiero mundial», advierte el FMI en su ‘Informe de Estabilidad Financiera Global’, donde apunta que factores desencadenantes como nuevos brotes del virus, pasos en falso en las políticas implementadas u otras sacudidas, podrían interactuar con las vulnerabilidades preexistentes y llevar a la economía a un escenario más adverso.

«Desde el brote de Covid-19, las vulnerabilidades han seguido aumentando», recuerda la institución.

En este sentido, el consejero financiero del FMI, Tobias Adrian, ha planteado la existencia del riesgo de que las medidas actuales puedan tener consecuencias no deseadas, como refleja la desconexión entre las valoraciones de las bolsas y el débil desempeño de la economía «real.

«Esa brecha puede reducirse gradualmente si la economía se recupera rápidamente. Pero si la recuperación se retrasa, por ejemplo, si se tarda más de lo esperado en controlar el virus, el optimismo de los inversores puede disminuir», ha advertido.

De este modo, las autoridades se enfrentan a la disyuntiva de prestar el apoyo necesario hoy y las implicaciones de las crecientes vulnerabilidades para el crecimiento a medio plazo.

En el caso de las empresas, el FMI admite que sin las medidas aplicadas para facilitar su endeudamiento se habría registrado un fuerte aumento en las quiebras, aunque recuerda que esta expansión de la deuda corporativa se ha sumado a unos niveles de apalancamiento ya elevados en varias economías, alertando de que «a medida que la crisis continúa desarrollándose, las presiones de liquidez pueden transformarse en insolvencias».

«El aumento del endeudamiento neto ha ayudado a reducir las presiones de liquidez y mitigado un aumento mayor en los incumplimientos en este momento. Sin embargo, el aumento de la deuda puede conducir a un deterioro de la capacidad de reembolso a medio plazo, poniendo en riesgo la solvencia», sostiene.

En este sentido, el FMI considera que la trayectoria futura de incumplimientos y quiebras dependerá fundamentalmente de la evolución de la pandemia y de la capacidad de las autoridades para mantener unas condiciones de financiación acomodaticias y seguir proporcionando apoyo fiscal a empresas viables.

De este modo, es probable que las grandes empresas con acceso a los mercados de capitales eviten una erosión significativa de sus posiciones de capital a menos que haya un endurecimiento significativo en las condiciones de financiación, mientras que, sin embargo, las pymes son mucho más vulnerables

Las insolvencias generalizadas entre las pymes podrían tener un impacto macroeconómico directo significativo, así como implicaciones adversas para la situación del sector bancario, particularmente en Europa, donde las pymes representan más de la mitad de la producción total y aproximadamente dos tercios del empleo y, por lo tanto, puede afectar la estabilidad financiera a través de vínculos macrofinancieros.

«Dado que las pymes dependen casi por completo de la financiación bancaria, podrían suponer un fuente de vulnerabilidad, especialmente para los bancos regionales y pequeños», advierte la institución dirigida por Kristalina Georgieva.

DÉFICIT DE CAPITAL DE LA BANCA

Asimismo, el informe apunta de cara al futuro que la resistencia de los bancos dependerá de la profundidad y duración de la recesión causada por el Covid-19, así como de la capacidad de los gobiernos para seguir apoyando al sector privado y del ritmo del reconocimiento de pérdidas.

De acuerdo con el escenario base planteado por el FMI en sus previsiones macroeconómicas de octubre de 2020 y teniendo en cuenta las políticas anunciadas para mitigar las dificultades de los prestatarios y respaldar los niveles de capital bancario, la mayoría de los bancos dispone de capacidad para absorber pérdidas y mantener reservas de capital por encima de los requisitos mínimos de capital regulatorio.

Sin embargo, en el escenario adverso, caracterizado por una recesión más profunda y una recuperación más débil, existe una serie considerable de bancos cuyo capital caería por debajo del mínimo regulatorio.

Los bancos de importancia sistémica mundial tienden a obtener mejores resultados, señala el FMI, mientras que los bancos de los mercados emergentes parecen ser menos resistentes que sus pares en las economías avanzadas.

En este sentido, bajo el escenario adverso del FMI, el déficit de capital en relación con los requisitos mínimos de capital sería de unos 110.000 millones de dólares (93.586 millones de euros), mientras que el déficit de capital en relación con los requisitos regulatorios, incluyendo reservas de capital anticíclicas, reservas de conservación de capital y reservas sistémicas, podría alcanzar los 220.000 millones de dólares (187.182 millones de euros), después de contabilizar medidas de apoyo.

Por otro lado, el FMI advierte del incremento de las vulnerabilidades soberanas como consecuencia del amplio apoyo fiscal prestado por los países

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha valorado que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se haya «por primera vez» tomado «en serio la construcción de un escenario de plena descarbonización del sistema energético».

La agencia internacional con sede en París ha publicado este martes la última edición de su informe ‘Perspectiva Mundial de la Energía’, en el que considera que las energías renovables cubrirían el 80% del crecimiento de la demanda mundial de electricidad durante la próxima década y pone de manifiesto que la energía solar fotovoltaica será el «nuevo rey» de los mercados eléctricos mundiales.

En una valoración facilitada por el Ministerio, Ribera destaca que la AIE «ha reforzado una idea con la que hasta ahora se mantenía más bien prudente», como es «la velocidad a la que crecen las energías renovables y su trascendencia para hacer frente a la emergencia climática que sin embargo se está acelerando a ojos vista».

La titular de Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma que se necesita «del esfuerzo de la AIE para imaginar, para pensar, para construir escenarios de cero emisiones».

«Este ha sido el ejercicio en el que nos hemos embarcado los distintos gobiernos, las distintas empresas, y una visión de conjunto, como pueden ofrecer los escenarios que maneja la AIE, va a ser determinante para no cometer errores en las decisiones a corto plazo», añade al respecto.

Asimismo, subraya la necesidad de que en el año 2030, tal como pone de manifiesto el informe de la AIE, el 75% de la electricidad a escala global venga de fuentes bajas en emisiones y que «esta tendencia se acelere en los años siguientes para lograr, por fin, un escenario neto en emisiones de gases de efecto invernadero en el entorno de 2050-2060».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha informado este martes a las comunidades autónomas que solicitará a la Comisión Europea la activación de medidas para el sector del vacuno, recogidas en la Organización Común de Mercados Agrarios, y que se anticipe «a un deterioro aún mayor de la coyuntura de mercado» de este sector.

De esta forma y a propuesta de España, en el punto varios del próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea de los próximos 19 y 20 de octubre, se presentará una declaración conjunta con otros Estados miembros para poner de manifiesto las dificultades por las que atraviesa el mercado de la carne de vacuno, muy afectado por la crisis del coronavirus.

Este sector, muy vinculado al canal de la restauración y la hostelería, está afectado por la caída del turismo en verano. En las últimas semanas el precio del añojo se encuentra un 8,4% por debajo del promedio de los últimos cinco años en España.

Esta situación, tiene además un impacto directo sobre las explotaciones de vacas nodrizas, suministradoras de los animales para el cebo, cuyas cotizaciones se han desplomado. Ello, afecta además a un conjunto de explotaciones con enorme importancia para la vertebración del medio rural y el mantenimiento de los ecosistemas.

Las medidas de almacenamiento privado de carne adoptadas por la Comisión Europea el pasado mes de mayo estabilizaron relativamente los mercados, pero en la actualidad la situación del mercado sigue mostrando señales negativas, por lo que Luis Planas solicitará la activación de nuevas medidas.