Los ministros de Agricultura de la Unión Europea retomarán este martes las negociaciones sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC) después de una primera jornada en la que han quedado patentes las discrepancias todavía pendientes de solucionar entre las capitales, sobre todo con respecto a los ecoesquemas.

Los responsables del ramo de los Estados miembros mantuvieron un debate público por la mañana del lunes en el que cada uno expuso sus opiniones sobre el borrador que tenían sobre la mesa. Ninguno de los países mostró un rechazo frontal al documento, lo que mantiene abierta la puerta a un acuerdo, pero todavía deben encontrarse puentes para resolver algunas cuestiones.

Terminado ese debate, Alemania, en calidad de presidencia de turno de la UE, dio paso a lo que en jerga comunitaria se denomina ‘confesionarios’, que son reuniones a tres bandas entre la presidencia, la Comisión Europea y cada uno de los Estados miembros. Además, tuvieron lugar encuentros bilaterales como por ejemplo el que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, mantuvo con su colega francés Julien Denormanie.

Según han explicado fuentes comunitarias, los trabajos comunitarios se han prolongado y lo más «plausible» es que el Gobierno alemán presente un nuevo documento modificado este martes por la mañana.

Aunque son varias las cuestiones que separan todavía a los Estados miembros, la más importante sigue siendo la arquitectura ‘verde’ de la nueva PAC, y en especial los regímenes en favor del clima y el medio ambiente conocidos como ‘ecoesquemas’.

Los ecoesquemas serán un nuevo pago en el marco de la política agraria comunitaria que los países tendrán que ofrecer de manera obligatoria a los productores, aunque éstos podrán decidir voluntariamente si se acogen a ellos o no. Es decir, se trata de unos requisitos ‘verde’ adicional pero opcionales que van más allá de la condicionalidad obligatoria.

El documento elaborado por Alemania para la reunión de este lunes preveía reservar un 20% de las ayudas directas de cada país a este tipo de regímenes y establecer un periodo de transición con cierta flexibilidad para lograrlo durante los dos primeros años de la PAC (2023 y 2024), pero esta iniciativa no cuenta con el apoyo de todas las capitales.

En particular, la medida preocupa a los países del Este, como Hungría, Bulgaria, Eslovaquia o Rumanía, y también preocupa a otros socios como Italia, Irlanda o Croacia. Estas capitales temen que un porcentaje obligatorio a nivel europeo pueda dificultar el desembolso de las ayudas y piden que se establezca a nivel nacional.

Del otro lado, socios como Dinamarca o Portugal están a favor de fijar un porcentaje mínimo de los pagos directos para los ecoesquemas a nivel europeo y creen que el 20% es un «buen punto de partida». Países Bajos quiere ir incluso más lejos y aboga por elevar ese umbral al 30%.

Sobre esta cuestión, el ministro Planas ha afirmado que España podría aprobar un peso mínimo del 20% destinado a estos nuevos regímenes verdes, pero ha solicitado que las medidas de flexibilidad se amplíen hasta 2027 y no se limiten a dos años.

Además de los ecoesquemas, muchas delegaciones trasladaron precisiones sobre dos de los criterios para acceder a las ayudas, en concreto los referidos a la rotación de cultivo y al porcentaje mínimo de tierras de cultivo que habrá que dedicar a actividades no productivas.

Otro frente abierto es el porcentaje de ayudas que podrá dedicarse a pagos asociados. Bruselas propuso reducirlo al 10% en la nueva PAC, pero el último texto que valoraron los ministros recuperaba el 13% de las reglas actuales

Los países nórdicos querían reducir esta cifra, pero es el mínimo aceptable para otro grupo formado por Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, que quiere incluso ampliar la lista de sectores a los q se pueden otorgar esas ayudas.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha estimado en más de medio millón las ayudas tramitadas para el alquiler desde el inicio de la pandemia de Covid-19, entre aplazamientos de pago aprobados como medida extraordinaria y las ayudas dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Así lo ha manifestado en su comparecencia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, a la que ha acudido para informar de las medidas adoptadas frente a la crisis y también para explicar las líneas estratégicas en materia de vivienda y agenda urbana.

Entre las medidas extraordinarias se encuentra la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta cuando el propietario sea un gran tenedor de vivienda o entidad pública, medida prorrogada el pasado 29 de septiembre hasta el próximo 31 de enero.

Lucas ha dado a entender que, teniendo en cuenta la existencia de 290.000 viviendas en el parque público de alquiler y que unos 150.000 arrendatarios han solicitado estas ayudas en el sector privado, la estimación es que más de 400.000 hogares se han visto beneficiados por estas ayudas.

A ello ha sumado la demanda de las ayudas del Plan Estatal de Vivienda y la línea de avales, con la solicitud de 76.433 ayudas, según la información facilitada por las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía, Baleares, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y Melilla, por lo que cree que el total rebasa las 100.000 solicitudes.

Entre las modificaciones regulatorias previstas para esta legislatura, Lucas ha enumerado una modificación de la Ley del Suelo para reforzar la seguridad jurídica en los planes urbanísticos, una nueva Ley por el derecho a la vivienda y otra Ley de arquitectura y calidad del entorno construido.

El Pleno del Congreso avalará este martes por mayoría absoluta la suspensión de los objetivos de déficit y de deuda para este año y el siguiente por la situación de crisis provocada por la pandemia de Covid-19.

Concretamente, la Cámara Baja tiene que votar si aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifique la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y, para legitimar la decisión del Gobierno, éste necesita de una mayoría absoluta en el Congreso.

Así, pues, al Ejecutivo no le basta con sumar más apoyos que rechazos, sino que necesita alcanzar al menos 176 votos afirmativos, apoyos que PSOE y Unidas Podemos podrían alcanzar con Ciudadanos, Junts y el PNV.

Hasta el momento, han confirmado a Europa Press su apoyo a la suspensión de las reglas fiscales Ciudadanos, Junts, Más País, la CUP, Compromís, Coalición Canaria y el Partido Regionalista Cántabro (PRC), lo que sumado al PSOE y a Unidas Podemos, alcanzaría el mínimo de 176 votos favorables.

Pero también confía en el PNV, con quien ya está negociando los Presupuestos Generales y con el que gobierna en Euskadi, así como con ERC, que siempre rechaza la imposición de topes de gastos y además ahora preside interinamente la Generalitat.

UNA EXCEPCIÓN ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA

La suspensión de las reglas fiscales, aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Estos artículos recogen la posibilidad de exceder los límites de déficit estructural y de deuda en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria «que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado». Eso sí, esas excepciones deben ser «apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados».

El debate parlamentario servirá de preludio de la tramitación presupuestaria, ya que en el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros para suspender las reglas fiscales que se remitió al Congreso informaba también a la Cámara del límite de gasto no financiero, el conocido como techo de gasto.

TECHO DE GASTO SIN SENDA DE ESTABILIDAD

Este techo de gasto acompaña habitualmente a la senda de estabilidad presupuestaria, los objetivos de déficit y de deuda pública, que en un ejercicio normal el Gobierno debe someter a votación tanto en el Congreso como en el Senado.

Para este año, el Ejecutivo ha disparado en casi un 54% el marco presupuestario, hasta los 196.097 millones de euros, al contemplar en él la recepción de fondos europeos y transferencias de fondos a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo pondrá en marcha a partir de este martes a las 10.00 horas de la mañana la aplicación para recibir las ayudas del Plan Renove para la compra de vehículos más eficientes.

Dotado con 250 millones de euros y gestionado por el Departamento dirigido por Reyes Maroto, este plan ofrece ayudas de entre 300 y 4.000 euros para la adquisición de un automóvil a cambio de achatarrar uno antiguo.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la demanda de vehículos, paralizada por las medidas de confinamiento puestas en marcha para frenar la propagación del coronavirus, al tiempo que también busca activar la producción de las plantas españolas.

A pesar de lanzarse este martes el sistema telemático de gestión de solicitudes y la reserva de la ayuda estatal correspondiente, a ellas pueden acogerse todos aquellos interesados que hayan comprado un vehículo desde el 16 de junio de este año, siempre que cumplan los requisitos.

De esta manera, según cálculos de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), hasta la fecha unos 135.000 vehículos ya adquiridos podrán verse beneficiados por las subvenciones del Ejecutivo.

REQUISITOS Y AYUDAS

Los 250 millones de euros del Renove se destinarán a ayudas a la adquisición de los modelos más eficientes, pero bajo un principio de «neutralidad tecnológica», de forma que también se subvenciona la compra de modelos de combustión (diésel y gasolina).

La compra de turismos con etiqueta ambiental ‘Cero’ por parte de particulares o autónomos se subvencionará con 4.000 euros, mientras que si se compra un modelo ‘Eco’ se recibirán entre 600 y 1.000 euros y entre 400 y 800 euros si se adquiere un coche con etiqueta ‘C’ (combustión).

En el caso de las pymes, las ayudas son de 3.200 euros para los ‘Cero’, de entre 500 y 800 euros para los ‘Eco’ y de entre 350 y 650 euros para los ‘C’, mientras que las grandes empresas recibirán 2.800 euros en el primer caso, entre 450 y 700 en el segundo y entre 300 y 550 euros en el tercero.

Para poder solicitar las ayudas de este plan, los turismos adquiridos no podrán tener un precio de más de 35.000 euros. Además, el programa contempla la implicación del sector mediante un descuento obligatorio y equivalente de la misma cuantía que la ayuda estatal, excepto en los modelos con etiqueta ‘Cero’, en cuyo caso será de 1.000 euros adicionales.

Entre las novedades de esta edición destaca que se permitirá la adquisición de vehículos usados matriculados a partir del 1 de enero de este año, con el fin de facilitar que los concesionarios den salida a los vehículos automatriculados que tienen en stock.

El Gobierno estima que este programa de incentivo a la renovación del parque automovilístico español tendrá un impacto económico en España de 1.104 millones de euros en toda la cadena de valor del sector y de los servicios asociados y permitirá la creación de 7.400 puestos de trabajo.

El Renove es una de las medidas estrella recogidas en el ‘Plan de Impulso a toda la cadena de valor del Sector de Automoción’, que contempla movilizar 3.750 millones de euros para impulsar el sector. Este plan también incluye el Plan Moves II, dotado de 100 millones de euros, en ayudas para la compra de coches eléctricos.

Las empresas españolas necesitarán hasta 136.000 millones de euros para recuperar la solvencia previa al Covid-19, deteriorada por las pérdidas registradas durante el ejercicio 2020, con más de la mitad del impacto centrado en las ‘pymes’, según un análisis de la firma de servicios profesionales Alvarez & Marsal.

En su escenario más severo, la consultora indica que la deuda no sostenible generada por la crisis del coronavirus podría alcanzar los 100.000 millones de euros, lo que se traduciría en el 11% del total de deuda del sistema.

La firma estima que el 14% de las empresas entrarían en zona de alto riesgo de quiebra, lo que implicaría un aumento del paro en 11 puntos porcentuales.

Asimismo, el modelo estima que la probabilidad de impago de la deuda empresarial ascendería hasta el 8,4% en el 2020 y que las necesidades de provisiones de la banca española para la cartera de empresas podrían alcanzar los 11.869 millones de euros.

«La crisis actual ha puesto en relieve los problemas de recapitalización y refinanciación de las empresas, especialmente de las ‘pymes’. Por ello creemos que se deben articular instrumentos financieros de colaboración público-privada que permitan responder ante la grave crisis que enfrenta el tejido empresarial español, como ya han empezado a hacer nuestros países vecinos», ha señalado el director general y responsable de Alvarez & Marsal España y Portugal, Fernando de la Mora.

El Ibex 35 ha finalizado la sesión de este lunes con un alza del 0,15%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.860,2 enteros, en una jornada en la que los inversores han estado atentos al impacto de la segunda ola del Covid-19, las nuevas restricciones adoptadas en distintos países de Europa y el inicio de la temporada de resultados en España.

Además, el mercado ha conocido este lunes que el producto interior bruto (PIB) de China creció un 4,9% en el tercer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2019, encadenando así dos trimestres consecutivos al alza, después de la expansión interanual del 3,2% observada entre abril y junio, tras haberse desplomado un 6,8% en el primer trimestre del año por el impacto de la pandemia de coronavirus.

No obstante, en comparación con los tres meses inmediatamente anteriores, el PIB de China registró un crecimiento del 2,7% entre julio y septiembre, después de rebotar un 11,5% en el segundo trimestre. En los tres primeros meses de 2020, la caída del PIB de China había sido del 10%.

A la cabeza de los ascensos se han situado IAG (+3,92%), Aena (+3,61%), Caixabank (+2,15%), Indra (+2,11%), Bankinter (+2,06%), Bankia (+1,85%) e Inditex (+1,62%).

Las mayor caída la ha presentado PharmaMar, que se ha desplomado un 10,51%, después de la fuerte revalorización experimentada la semana pasada tras anunciar que su ensayo clínico Aplicov-PC, con Aplidin (plitidepsina), para el tratamiento de pacientes adultos con Covid-19 que requieren ingreso hospitalario, había alcanzado los objetivos primario de seguridad y secundario de eficacia.

Justo por detrás de la farmacéutica se situaba Solaria (-2,91%), que se ha estrenado hoy en el selectivo; seguido de Almirall (-2,08%), Telefónica (-1,47%), Viscofán (-1,38%) y Repsol (-1,27%).

El resto de plazas europeas han terminado con descensos en los casos del Ftse 100 de Londres (-0,59%), en el Cac 40 de París (-0,13%), en el Dax de Fráncfort (-0,42% y en el Mib de Milán (-0,08%).

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, cotizaba en 41,01 dólares, mientras que el crudo Brent, de referencia para Europa, marcaba un precio de 42,86 dólares.

Por su parte, la prima de riesgo española seguía en 74 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,158%, mientras que la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1785 ‘billetes verdes’.

El tipo medio al que las entidades españolas concedieron créditos para hipotecas bajó en septiembre al 1,7%, frente al 1,743% de agosto y el 1,825% de un año antes, según los datos del Banco de España facilitados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).

Se trata de la segunda bajada mensual consecutiva del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda libre concedidos por las entidades en España, tras el ligero ascenso experimentado en julio, cuando rompió con una racha de cuatro meses consecutivos de caídas al subir al 1,745%, frente al 1,744% del mes precedente.

De su lado, el tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la zona del euro (referido al mes anterior) se elevó hasta el 1,61%, frente al 1,58% de un mes antes.

En este escenario, el Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, profundizó su caída en el mes de septiembre y marcó un nuevo mínimo histórico de -0,415%, desde el -0,359% en que se situó en agosto.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aún no ha adoptado una decisión firme sobre si emitirá una divisa digital, ya que todavía es necesario evaluar «con cuidado y consideración» los beneficios y costes tanto para la economía estadounidense como para el sistema de pagos doméstico.

«No hemos tomado una decisión sobre la emisión de una divisa digital de banco central y creemos que todavía hay mucho trabajo por hacer y muchas consultas públicas con todas las partes implicadas que realizar antes de decidir algo así», ha indicado el presidente de la Fed, Jerome Powell, durante su intervención en un debate sobre pagos transfronterizos organizado por el Fondo Monetario Internacional.

Powell ha indicado que muchos bancos centrales están explorando la posibilidad de emitir divisas digitales por diferentes motivos, aunque el foco principal de la Fed, en caso de decidir emitir un ‘dólar digital’, sería reforzar el sistema de pagos del país.

«Nuestro foco principal es si es posible y cómo una divisa digital emitida por un banco central puede mejorar un sistema de pagos doméstico que ya es seguro, efectivo, dinámico y eficiente», ha subrayado Powell.

Entre los retos que entraña implementar un ‘dólar digital’, el presidente del instituto emisor ha explicado que están los posibles ciberataques al sistema, sus implicaciones para la política monetaria y la estabilidad financiera y cómo prevenir actividades ilegales al mismo tiempo que se protege la privacidad de los usuarios.

La próxima edición de la Feria internacional de Turismo, FITUR 2021, se celebrará del 19 al 23 de mayo del próximo año, según han acordado IFEMA y el Comité Organizador de FITUR.

La decisión de celebrar en mayo esta icónica feria, que normalmente tiene lugar en enero, sitúa a esta convocatoria como «esencial» para la recuperación del negocio turístico, ya que así se preservará «su alto impacto internacional» y se favorecerá el encuentro profesional de empresas, países y destinos, así como el impulso de la actividad turística mundial.

Por su parte, IFEMA se ha marcado como objetivo destinar la próxima edición de FITUR a contribuir a la recuperación del turismo, optimizando su capacidad de convocatoria y tratando de enriquecer sus contenidos especializados y los nuevos nichos de negocio.

Asimismo, tratará de potenciar espacios de conocimiento que contribuyan a relanzar la actividad turística, nacional e internacional como uno de los grandes motores de crecimiento económico del mundo.

FITUR cuenta con el apoyo unánime de la industria turística de España y es actualmente la segunda feria más importante del mundo y primera en su impacto en el ámbito iberoamericano. Cada edición reúne a más de 11.000 empresas de 165 países, así como representaciones oficiales de gran parte de las naciones del mundo.

Esta también el mayor evento en España en torno al negocio turístico, con más de 250.000 asistentes de todo el mundo, y destaca además en cuanto a innovación y promoción de nuevos segmentos de turismo, liderazgo tecnológico en gestión turística, y herramienta de transferencia de conocimiento.

En la reunión del Comité Organizador de FITUR, encabezado por el presidente de Iberia, Javier Sánchez Prieto, también han intervenido el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés; el secretario general de OMT, Zurab Pololikashvili; el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEHAT, Jorge Marichal; el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, CEAV, Carlos Garrido, y el Presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, entre otros.

El Gobierno tiene contabilizados un total de 5.794 vehículos en la Administración General del Estado con una antigüedad de más de diez años, la gran mayoría de motorización diésel, por lo que son susceptibles de ser sustituidos por «vehículos ecológicos» dentro del ‘Plan de Impulso a la cadena de valor de la industria de automoción’.

Así lo expone el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria, a varias diputadas de Vox, entre ellas su portavoz de Industria, Patricia Rueda, que habían preguntado por el total de vehículos de la Administración que es necesario sustituir y cuántas sustituciones se han producido ya por nuevos con etiqueta ‘Cero’.

El Gobierno explica que una de las medidas del ‘Plan de Impulso a la cadena de valor de la industria de automoción’, dotado con 3.750 millones de euros, contempla la renovación a corto plazo de la flota de vehículos de la Administración General del Estado por vehículos con etiqueta cero, por 100 millones.

En total, según datos del pasado mes de julio del Registro de Vehículos del Sector Público Estatal, gestionado por el Parque Móvil del Estado, hay 5.794 vehículos, en su gran mayoría de motorización diésel, con más de diez años susceptibles de ser sustituidos por «vehículos ecológicos».

Respecto al porcentaje de renovación de la flota de vehículos de la Administración sustituidos por vehículos con la etiqueta ‘Cero’, el Gobierno informa de que en una primera fase del plan de renovación se han presentado solicitudes de adquisición de un total de 1.518 vehículos.

Este proceso se encuentra, apostilla el Gobierno, en proceso de contratación de forma centralizada por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, a través de los acuerdos marco en vigor.

España ocupa la séptima posición en la primera edición del Índice de Gobierno Digital (GDI, por sus siglas en inglés) que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo objetivo es medir la transformación digital del sector público, entendido como la transición del gobierno electrónico al gobierno digital.

En concreto, España obtiene una nota de 0,621 puntos, por encima de la media de 0,501 de la OCDE, lo que la sitúa en la séptima posición de los 33 países analizados, entre los que se incluyen la gran mayoría de los miembros de la organización, así como otros cuatro países (Uruguay, Brasil, Panamá y Argentina).

De la seis variables analizadas, destaca en espacial la posición de España en tres ellas, ‘digital desde el diseño’, ‘sector público basado en datos’ y ‘proactividad’, en los que ocupa la cuarta posición. Además, el país se sitúa en la octava posición en la categoría ‘gobierno como plataforma.

Asimismo, España se mantiene por encima de la media de la OCDE en la variable de ‘centrado en el usuario’, donde se sitúa en la duodécima posición, pero en la categoría ‘abierto por defecto’ el país se coloca en el puesto 23 con una nota inferior a la del conjunto de miembros de la organización participantes en el estudio.

Corea del Sur es el país que, según el índice elaborado por la OCDE, está más avanzado en cuanto al desarrollo de un Gobierno Digital, seguido de Reino Unido y Colombia. Por delante de España, también se sitúan Dinamarca, Japón y Canadá, mientras que por detrás, completando el ‘top ten’, están Israel, Portugal y Francia.

El informe entiende la transformación digital del sector público como el paso de la mera digitalización de procedimientos administrativos a una administración online, a unos servicios públicos completamente digitales, diseñados pensando en el usuario, más sencillos, accesibles, proactivos y que realmente satisfagan las necesidades de los ciudadanos.

La metodología de evaluación y la encuesta empleada para medir esta transición se basa en el Marco normativo para el gobierno digital elaborado por la OCDE en 2014 y constituido por seis dimensiones: digital desde el diseño, sector público basado en datos, gobierno como plataforma, abierto por defecto, centrado en el usuario y proactividad.

La Organización con sede en París considera que los resultados del primer Índice de Gobierno Digital para 2019 son «prometedores, pero modestos», y constata que sólo unos pocos países están avanzando hacia «gobiernos digitales maduros».

«Si bien la mayoría de los países han establecido modelos institucionales que proporcionan el apoyo político y operacional necesario para la reformas del gobierno digital, existe todavía una brecha para ampliar el impacto y alcance del gobierno digital más allá de los esfuerzos en gobierno electrónico», incide.

En este sentido, defiende que la transformación digital y el avance desde el gobierno electrónico al gobierno digital deben ser «sostenidos y resistentes a los cambios políticos» y advierte de la ausencia en «gran medida» tanto de las políticas integrales de datos como del liderazgo necesario para su desarrollo en las iniciativas de gobierno digital.

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha presidido este lunes la primera reunión de alto nivel del Foro sobre Transición Energética, Justa e Inclusiva con representantes de empresas, de la sociedad civil y del mundo académico.

Este encuentro se enmarca en el compromiso, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de poner en marcha foros de alto nivel para cada una de las políticas palanca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para favorecer el diálogo y cogobernanza entre todos los actores público, privados y la comunidad académica.

En concreto, Ribera ha presentado las líneas maestras del capítulo dedicado a la energía en el Plan de Recuperación y ha trasladado el compromiso del Gobierno con la transformación del sistema energético y la búsqueda de alianzas entre los distintos actores, informó el Ministerio.

El plan de recuperación se fundamenta sobre cuatro pilares básicos -la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad- que a su vez se estructuran en diez políticas palanca compuestas por 31 proyectos tractores.

Así, la vicepresidenta ha destacado la importancia de implementar los elementos que tienen más poder transformador y garantizar la puesta en marcha de reformas que estimulen la inversión, asegurando «un impacto mayor en el corto plazo para dar respuesta a la transición ecológica, la lucha contra el cambio climático, pero también a los desafíos asociados a resiliencia y calidad de vida en las ciudades.

Para ello, destacó que España ya cuenta con un marco normativo -Plan Nacional de Energía y Clima, Estrategia a Largo plazo, Ley de Transición Energética y Cambio Climático, la Estrategia de Transición Justa, la Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y un nuevo marco normativo para las renovables– que permite identificar espacios para una activación más rápida y con efecto tractor tanto en la cadena industrial como en el ámbito energético.

«Pero necesitaremos más elementos, inversión pública y privada, y también activar mecanismos de apoyo y acompañamiento para conseguir un efecto multiplicador de los fondos disponibles», ha destacado Ribera.

MECANISMOS PARA FACILITAR LA INVERSIÓN.

Asimismo, entre los mecanismos para facilitar la inversión, ha citado como ejemplos las líneas de ayuda por concurrencia competitiva a proyectos innovadores, los convenios de colaboración público-privada para acometer proyectos específicos, la compra pública innovadora para el desarrollo de nuevos prototipos o tecnologías y la financiación o participación en sociedades de nueva creación o existentes que busquen crecer u orientarse en línea con los objetivos

Cada instrumento se diseñará buscando la máxima eficiencia en la implementación de los recursos, el mayor efecto tractor sobre la economía y el desarrollo de capacidades tecnológicas, industriales y de conocimiento en el país», ha añadido al respecto.

La vicepresidenta cuarta del Gobierno también ha incidido en la importancia de contar con un calendario que permita acelerar aquellos proyectos con más nivel de maduración, y con un sistema de vigilancia exigente, tanto en la implementación de las reformas como en el cumplimiento de hitos cuantitativos.

La sala de lo social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebrará el próximo miércoles 28 de octubre, a las 9,30 horas, una vista para sustanciar la petición de medidas cautelares para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) a 524 trabajadores de Alcoa en la fábrica de Cervo (Lugo).

De ello informan las centrales sindicales CIG, CC.OO. y UGT, que, junto al comité de empresa de la factoría de A Mariña, pretenden impedir con estas medidas cautelares que la multinacional inicie el proceso de parada de las cubas de electrólisis.

Por su parte, el TSXG concreta que en el procedimiento figuran como demandantes estos tres sindicatos y como demandados Aluminio Español S.A. y Alcoa Inespal Coruña S.L. Además, la Consellería de Economía, Empresa e Innovación y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo intervienen como «partes interesadas.

Para evitar los desplazamientos innecesarios a la sede judicial debido a la crisis sanitaria de la covid-19, indica que la audiencia se podrá seguir en directo a través de ‘streaming’.

«DAÑO IRREVERSIBLE»

«Permitir que Alcoa comience con el apagado de las cubas supondría un daño irreversible en las capacidades productivas de la fábrica de San Cibrao y lastraría cualquier posible salida para garantizar la continuidad de los empleos y de la producción», advierten las organizaciones.

Por eso, «más allá de la decisión que adopte el alto tribunal gallego», ven «preciso una actuación firme, decidida e inmediata» por parte de las administraciones públicas, para «intervenir la fábrica y para apartar a la dirección de Alcoa de la toma de decisiones, teniendo en cuenta que ya confirmó su intención de ejecutar el ERE y desmantelar el complejo industrial».

MESA MULTILATERAL

En este contexto, los sindicatos van a solicitar también «reunión urgente» de la mesa multilateral con Xunta y Gobierno central, para «poner en común las acciones a seguir.

Al respecto, quieren conocer «qué trabajos concretos» hicieron el Ministerio de Industria y el Ejecutivo autonómico desde el último encuentro para «efectivizar la intervención» y «cómo tienen previsto afrontar esta intervención si el TSXG asume las medidas cautelares y qué alternativa baraja en caso contrario».

«A estas alturas, no valen las medidas tintas ni más declaraciones de intenciones, las actuaciones tienen que ser firmes y tienen que realizarse ya. Ni el Gobierno español ni el Gobierno gallego pueden permitir que el futuro de toda una comarca y de un sector industrial estratégico como el aluminio quede al arbitrio de las decisiones de una empresa privada», finalizan.

La cautelar, en concreto, pide la intervención o administración judicial de la planta de aluminio por parte de la SEPI (sociedad estatal de participaciones industriales) y «subsidiariamente que se ordene a Alcoa no comenzar con la paralización de las cubas y en consecuencia no ejecutar los despidos individuales en tanto no exista sentencia firme».

VENTA FALLIDA

El ERE al que se oponen los trabajadores, en huelga indefinida desde hace días, llega después de un proceso de negociación fallido para la venta de la fábrica de A Mariña de Lugo a Liberty House.

En un último momento fue el Gobierno, a través de la SEPI, el que intentó adquirirla, pero la empresa también rechazó la oferta, entre acusaciones de ambas administraciones (la central y la gallega) de actuar «con mala fe» y para evitar tener un competidor en el mercado del aluminio.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, en su rol como presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, ha abogado por que la supervisión bancaria adopte una posición inclusiva en su cooperación global para incorporar a una amplia gama de partes interesadas a medida que se adapta a los retos del futuro.

«A medida que la supervisión se adapta a los desafíos del futuro, la cooperación global debe ser de naturaleza inclusiva e involucrar a una amplia gama de partes interesadas», ha defendido el banquero español en su intervención en la XXI Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios.

En este sentido, Hernández de Cos ha subrayado la necesidad de «evitar el efecto silo» de escuchar únicamente a un subconjunto de interesados, lo que puede llegar a suponer una «visión de túnel y la captura regulatoria».

Por este motivo, el español ha destacado que el trabajo del Comité se beneficia de un amplio acercamiento con otros responsables de fijar estándares globales, así como foros internacionales, incluido el G20 y la Junta de Estabilidad Financiera, académicos, participantes del mercado y el público en general.

De este modo, el presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha señalado la oportunidad de la Conferencia Internacional de Supervisores Bancarios de repensar el mundo de la supervisión bancaria y darle forma de manera que se ajuste a su propósito en la ‘nueva normalidad’ tras la pandemia.

A este respecto, De Cos ha señalado la importancia de posibles áreas de discusión como la digitalización o el papel del dinero, cuestiones acerca de las cuales se ha acentuado el debate como consecuencia de la pandemia.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este lunes que la regulación de los precios de los alquileres –que pactaron con Unidas Podemos para formar el Gobierno de coalición– debe incluirse en la ley de vivienda en la que ya están trabajando, y no en los Presupuestos, como piden la organización del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Además, ha pedido esperar hasta que se normalizado el mercado de la vivienda, que se está viendo alterado por la pandemia.

«Estamos dispuestos a seguir hablando, pero creemos que el momento más adecuado es cuando se despejen todas las incertidumbres del mercado de la vivienda. Y el encaje jurídico que entendemos más adecuado es la ley estatal de vivienda», ha asegurado el también secretario de Organización del PSOE en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en Ferraz, tras la Comisión Ejecutiva Federal, al ser preguntado al respecto.

De este modo, Ábalos ha descartado prácticamente la posibilidad de aprobar ya esta regulación, argumentando, en primer lugar, que la situación actual de pandemia está haciendo que el mercado no se esté comportando de forma normal. «Por lo tanto, sería importante tener una análisis más adecuado del comportamiento del mercado para ver exactamente esta situación cómo se plantea», ha explicado.

LA LEY DE VIVIENDA, «EL MEJOR MARCO JURÍDICO»

Y en segundo lugar, ha defendido que el marco jurídico que considera más apropiado para llevar a cabo esta regulación es la ley de vivienda en la que ya está trabajando el Gobierno y su Ministerio, y cuyo anteproyecto ya ha sido llevado a debate público. «Creemos que puede ser el marco jurídico en el que encaje este instrumento. Esta es nuestra visión hoy», ha recalcado.

Aún así, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de llevar a cabo esta regulación porque así se plasmó en el acuerdo programático de PSOE y Unidas Podemos para formar la coalición. «Ese es un compromiso que tenemos que cumplir. La cuestión es cuándo debemos cumplirlo», ha reconocido. Además, ha recordado que ya dieron el primero paso, que era el de elaborar un índice de precios de los alquileres en las zonas tensionadas.