España ocupa la séptima posición en la primera edición del Índice de Gobierno Digital (GDI, por sus siglas en inglés) que elabora la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo objetivo es medir la transformación digital del sector público, entendido como la transición del gobierno electrónico al gobierno digital.
En concreto, España obtiene una nota de 0,621 puntos, por encima de la media de 0,501 de la OCDE, lo que la sitúa en la séptima posición de los 33 países analizados, entre los que se incluyen la gran mayoría de los miembros de la organización, así como otros cuatro países (Uruguay, Brasil, Panamá y Argentina).
De la seis variables analizadas, destaca en espacial la posición de España en tres ellas, ‘digital desde el diseño’, ‘sector público basado en datos’ y ‘proactividad’, en los que ocupa la cuarta posición. Además, el país se sitúa en la octava posición en la categoría ‘gobierno como plataforma.
Asimismo, España se mantiene por encima de la media de la OCDE en la variable de ‘centrado en el usuario’, donde se sitúa en la duodécima posición, pero en la categoría ‘abierto por defecto’ el país se coloca en el puesto 23 con una nota inferior a la del conjunto de miembros de la organización participantes en el estudio.
Corea del Sur es el país que, según el índice elaborado por la OCDE, está más avanzado en cuanto al desarrollo de un Gobierno Digital, seguido de Reino Unido y Colombia. Por delante de España, también se sitúan Dinamarca, Japón y Canadá, mientras que por detrás, completando el ‘top ten’, están Israel, Portugal y Francia.
El informe entiende la transformación digital del sector público como el paso de la mera digitalización de procedimientos administrativos a una administración online, a unos servicios públicos completamente digitales, diseñados pensando en el usuario, más sencillos, accesibles, proactivos y que realmente satisfagan las necesidades de los ciudadanos.
La metodología de evaluación y la encuesta empleada para medir esta transición se basa en el Marco normativo para el gobierno digital elaborado por la OCDE en 2014 y constituido por seis dimensiones: digital desde el diseño, sector público basado en datos, gobierno como plataforma, abierto por defecto, centrado en el usuario y proactividad.
La Organización con sede en París considera que los resultados del primer Índice de Gobierno Digital para 2019 son «prometedores, pero modestos», y constata que sólo unos pocos países están avanzando hacia «gobiernos digitales maduros».
«Si bien la mayoría de los países han establecido modelos institucionales que proporcionan el apoyo político y operacional necesario para la reformas del gobierno digital, existe todavía una brecha para ampliar el impacto y alcance del gobierno digital más allá de los esfuerzos en gobierno electrónico», incide.
En este sentido, defiende que la transformación digital y el avance desde el gobierno electrónico al gobierno digital deben ser «sostenidos y resistentes a los cambios políticos» y advierte de la ausencia en «gran medida» tanto de las políticas integrales de datos como del liderazgo necesario para su desarrollo en las iniciativas de gobierno digital.
