El Euríbor, el índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, marcará previsiblemente un nuevo mínimo histórico en el mes de septiembre.

A falta de conocer el dato del último día del mes, el índice cerrará en el -0,413% en septiembre, marcando un nuevo mínimo histórico por segundo mes consecutivo, tras el -0,359% de agosto.

El indicador encadena ya cuatro meses de caídas, frente a los tres meses de fuertes ascensos durante el periodo más duro de la crisis del coronavirus.

Esto supone que las hipotecas de 120.000 euros a 20 años con un diferencial de Euríbor +1% a las que les toque revisión experimentarán abaratamiento de 46,44 euros en su cuota anual respecto al mismo mes del año pasado o, lo que es lo mismo, de 3,87 euros al mes.

Desde el departamento de análisis de Bankinter prevén que el Euríbor se mantenga en negativo hasta, al menos, 2022, cerrando 2020 en -0,20%, el 2021 en -0,22% y 2022 en -0,18%.

En este escenario, los expertos de HelpMyCash ven «una opción atractiva» contratar una hipoteca a tipo variable si el periodo de devolución es corto, aunque recomiendan calcular a cuánto podría ascender la cuota mensual en caso de que el Euríbor sufriera una subida brusca a medio o a largo plazo.

Debido a que antes de 2010 los bancos daban diferenciales que podían ser inferiores al 0,35%, algunas hipotecas podrían presentar ahora intereses negativos.

Los expertos de HelpMyCash creen que la mayoría de entidades, tras revisar el interés de un préstamo hipotecario y aplicar el nuevo valor del índice, utilizarán un interés del 0%, aunque apuntan que, si en el contrato no se establece un tipo mínimo de ese valor, el hipotecado podría exigir que se le aplique el interés negativo, en cuyo caso se le descontarían los intereses devengados de la cuota a pagar.

Eso sí, los préstamos hipotecarios firmados a partir del 16 de junio de 2019 no pueden tener un interés negativo, según establece la ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alertado de la que la recuperación económica en España «corre peligro» ante la segunda oleada de infecciones por Covid-19, por lo que ha recomendado al Gobierno mantener las medidas de apoyo a los ciudadanos y las empresas, según han especificado los técnicos del organismo en las conclusiones de su revisión anual de la economía española, conocida como ‘Artículo IV’.

«La pandemia global ha afectado profundamente a la población y a la economía de España. (…) En medio de una segunda oleada de infecciones, el incipiente repunte económico corre peligro», han asegurado los técnicos del FMI en su informe, publicado este miércoles.

Debido a esto, el Fondo considera «crítico» asegurar la efectividad de las nuevas medidas de apoyo y preparar el sistema sanitario para poder hacer frente a nuevos brotes, así como para adquirir y distribuir la vacuna contra el Covid-19 cuando esta esté disponible.

De esta forma, la institución con sede en Washington ha recomendado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que mantenga el «apoyo fiscal» hasta que la recuperación se encuentre «firmemente encarrilada». No obstante, ha precisado que estas medidas de mantenimiento de ingresos y apoyo a la liquidez se deben realizar «de manera focalizada y flexible».

Según las últimas perspectivas del FMI, presentadas en junio, el producto interior bruto (PIB) de España se hundirá un 12,8% en 2020. Aunque el organismo ha dejado intacta esta previsión, ha mejorado en nueve décimas, hasta el 7,2%, el crecimiento estimado para 2021. No obstante, el Fondo tiene previsto presentar las cifras definitivas a mediados de octubre.

Durante su visita a España, los técnicos han concluido que las características «estructurales» de la economía española (un extenso sector servicios dominado por las pymes, la importancia del turismo y el elevado número de contratos temporales) «agudizaron» el impacto del confinamiento.

A medio plazo, el FMI espera que la demanda externa «apoye cada vez más» el crecimiento económico según vayan recuperándose las exportaciones y un mayor número de turistas extranjeros regrese a España. Pero incluso en ese escenario, el Fondo considera que la economía del país tardará «varios años» en alcanzar los niveles registrados antes de la pandemia.

«Un fracaso a la hora de controlar nuevos brotes, un progreso más lento que el previsto en materia de vacunas y tratamientos, un Brexit sin acuerdo y una escalada de las tensiones comerciales podrían empañar aún más las perspectivas», han alertado los técnicos de la institución.

EXTENDER ERTE, PERO SIN SALVAR EMPRESAS «INVIABLES»

Las medidas de apoyo en materia de política económica «siguen siendo esenciales a corto plazo», ha subrayado el FMI, aunque ha insistido de nuevo en que deben «prolongarse y adaptarse de manera flexible». De esta forma, ha recomendado prorrogar el «exitoso» régimen de expedientes de regulación de empleo (ERTE), particularmente para los sectores más afectados.

«Las autoridades se enfrentan al tremendo desafío de mantener la agilidad y la previsibilidad de sus acciones de modo que estas ayuden a reducir la incertidumbre económica. En caso de producirse un acusado deterioro de las perspectivas económicas, deberían estar dispuestas a intensificar temporalmente el apoyo en función de las necesidades derivadas de la pandemia», ha indicado el organismo dirigido por Kristalina Georgieva.

Pese a la recomendación de prorrogar los ERTE en el corto plazo, el FMI considera que «con el tiempo», las prestaciones por desempleo «deberían convertirse gradualmente en la red de seguridad predominante». Es decir, que se produzcan despidos en lugar de mantener a trabajadores en situación de ERTE.

«Esto facilitará la reasignación de puestos de trabajo y de trabajadores, dada la disminución en el tiempo de los beneficios netos derivados de mantener la vinculación de los trabajadores con sus puestos de trabajo mediante ERTE», ha afirmado el FMI.

Además, esta situación también mitigaría el «riesgo» de mantener a trabajadores en «empresas y sectores inviables». A cambio, el Gobierno tendría que considerar intensificar «temporalmente» las prestaciones por desempleo y la asistencia social, en términos de elegibilidad, cuantía de prestaciones y duración, para «apoyar a los damnificados por los cambios económicos de larga duración.

En la rueda de prensa en la que se han presentado las conclusiones, la jefa de la misión del FMI para España, Andrea Schaechter, no ha especificado cuáles son esos sectores y empresas «inviables», sino que ha indicado que es «muy difícil» estimar cómo será la economía cuando acabe la pandemia. No obstante, ha señalado que en estos meses ya se ha podido observar, como los digitales, están en expansión.

VALORA LA FIGURA DEL INGRESO MÍNIMO

Este punto es importante para el FMI, pues considera «probable» que aumente la pobreza, dado que las personas con contratos de trabajo precarios, muchas de ellas jóvenes, con escasa cualificación y empleadas en los sectores más afectados, han sido quienes han sufrido un «mayor impacto». Así, el organismo ha valorado de forma positiva la figura del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Por otro lado, la institución también ha recetado a las autoridades ampliar los programas de vivienda social de alquiler, de asistencia al alquiler y la reubicación, y «simplificar» la normativa de edificación y recalificación de suelo con el objetivo de «mejorar la asequibilidad» del alquiler.

MÁS INGRESOS Y REFORMAS ACEPTABLES DE LAS PENSIONES

A diferencia de otros años, los técnicos del FMI han sido escuetos con respecto a la sostenibilidad fiscal y del sistema de pensiones, ya que el informe se ha centrado, sobre todo, en los efectos de la pandemia y en cómo aprovechar la crisis para atajar las debilidades estructurales de la economía española.

El Fondo estima que la deuda pública se situará por encima del 120% del PIB en los próximos años. Sin embargo, ha instado al Gobierno a no realizar ningún ajuste fiscal hasta que la economía «se encuentre en una senda de crecimiento sostenible con el desempleo en disminución», algo que podría no pasar hasta 2022 «como pronto».

Sin embargo, si el Ejecutivo decide realizar un anuncio anticipado de un plan de ajuste, eso podría enviar una «señal clara» a los mercados y promover la «transparencia» de las medidas de política económica.

Con respecto al equilibrio de las cuentas, el FMI considera que las medidas estructurales sostenibles deberían recaer, sobre todo, del lado de los ingresos. Esto ayudaría a reconstruir «colches fiscales», al tiempo que se apoya la inclusión. Sin embargo, Schaechter ha alertado de que los ingresos deberán crecer sobre todo por los incrementos estructurales a corto plazo y que cualquier alza en los impuestos debería calibrarse para no ralentizar la actividad económica en este momento.

ALARGAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

Asimismo, el FMI ve necesario un «paquete sostenible» de reformas de las pensiones que «equilibre la sostenibilidad de las pensiones con la aceptabilidad social».

En este sentido, Schaechter ha indicado que el Pacto de Toledo es el «foro adecuado» para discutir sobre las reforma de pensiones y para alcanzar el «contrato social» adecuado. Además, ha explicado que esa supuesta reforma debería asegurarse de que las contribuciones siguen creciendo con el tiempo y que la edad de jubilación se eleva de forma acorde a la esperanza de vida.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en el 6,5% del PIB hasta el mes de julio, mientras que el del Estado escaló al 5,4% hasta agosto, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda, que muestran el impacto de la pandemia en las cuentas públicas.

En concreto, hasta julio el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 73.128 millones, lo que equivale al 6,54% del PIB.

Por su parte, en los ocho primeros meses del año, el déficit del Estado se situó en 60.295 millones, lo que equivale al 5,39% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario), la cifra se sitúa en el 4,02% del PIB.

Precisamente hoy la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales para todas las administraciones para este año y 2021, tras comunicar la Comisión Europea que extiende para el próximo año también la autorización a los Estados miembros de no estar sometidos a los objetivos de déficit, deuda y gasto público.

La evolución del déficit del Estado hasta agosto se explica por una bajada de los ingresos del 13,9% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria; mientras que las medidas para paliar dicha crisis han provocado un aumento del gasto del 18,9%,hasta los 170.775 millones.

Un incremento derivado, fundamentalmente, del aumento de programas sanitarios, así como, en las mayores transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, según destaca Hacienda. Además, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido una operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7), de carácter no recurrente, por importe de 1.745 millones.

LOS INGRESOS IMPOSITIVOS CAEN UN 16%

Los ingresos no financieros se situaron hasta agosto en 110.480 millones, lo que supone una disminución del 13,9% respecto a 2019. Dentro de ellos, los recursos impositivos, que representan el 81% del total, se situaron en 89.463 millones, lo que supone una disminución del 16,1%.

En concreto, destaca el descenso del 13,3% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA baja un 15,6%, hasta los 40.455 millones. Este comportamiento del IVA se debe al menor consumo derivado de la caída de la actividad y también a la minoración de ingresos por algunas medidas adoptadas para mitigar los efectos de la pandemia. En cualquier caso, Hacienda indica que la reducción de la recaudación del IVA es inferior a la experimentada en meses anteriores.

Por su parte, los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimoniodescienden en un 20,4%. El Impuesto sobre Sociedades baja un 7,1%, mientras que la recaudación por el IRPF se desploma un 27,4% como consecuencia, en gran parte, de las mayores entregas a cuenta y el mayor resultado a favor de las CCAA de la liquidación definitiva de 2018, a lo que hay que sumar el parón de la actividad.

Por último, también descienden los impuestos sobre el capital un 60,3% y las cotizaciones sociales, un 0,9%, fundamentalmente por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas por otros con Régimen de Seguridad Social.

EL COVID IMPULSA EL GASTO UN 19%

Por el lado de los gastos, hasta julio los empleos no financieros han ascendido a 170.775 millones, cifra superior en un 18,9% a la registrada en el mismo periodo de 2019. Los aumentos de gasto más destacados se han producido en las transferencias a las CC.AA. y a la Seguridad Social.

Además, a este aumento del gasto hay que sumar el pago de 6.000 millones a las comunidades del primer tramo del Fondo Covid-19, cuyo importe total asciende a 16.000 millones.

De su lado, los consumos intermedios se incrementaron hasta agosto en un 18,3%, crecimiento en el que inciden los 836 millones de gastos derivados de la Covid-19; mientras que la remuneración de asalariados haaumentado un 0,7% debido a la equiparación salarial de la Policía yGuardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos.

Igualmente, las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 7%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9% y la cooperación internacionalcorriente, que se incrementa en un 2,3%.

Destaca también el incremento de la inversión en un 55%, aumentoque se explica fundamentalmente por la operación de reversión de lasautopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).

Estos incrementos se ven compensados en parte por el descenso de un10,6% de los intereses, por la menor aportación a la UE basada en elIVA y la RNB en 745 millones, así como por la disminución de lasayudas a la inversión y otras transferencias de capital, en un 49%,como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación dematernidad y paternidad en 2019 por importe de 707 millones.

Por su parte, hasta julio de 2020 el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluidas las corporaciones locales, fue de 73.128 millones, lo que equivale al 6,54% del PIB. Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit sería de 73.026 millones de euros, es decir, el 6,53% del PIB.

SUPERÁVIT DE LAS CCAA POR LAS MAYORES TRANSFERENCIAS

Dentro del déficit público, las comunidades autónomas han registrado un superávit de 3.062 millones, lo que supone el 0,27% del PIB, frente al déficit del 0,26% del PIB registrado hace un año. Esta evolución se debe a varias medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los recursos de las CC.AA. y dar respuesta a la emergencia provocada por la Covid-19.

En concreto, la comunidades han recibido 6.000 millonescorrespondientes al primer tramo del Fondo Covid-19, 325 millones del fondo extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales, 300millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia; y se haadelantado la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda, loque supone 447 millones; entre otros.

De esta manera, todas las CC.AA., salvo Navarra y País Vasco, registran hasta julio un comportamiento más positivo que hace un año. Además, a excepción de estas dos regiones y Murcia, el resto, es decir un total de 14 comunidades, están en situación de superávit.

En cuanto al impacto del Covid en sus cuentas, de acuerdo con la información transmitida por las comunidades, dicho impacto alcanza los 4.089 millones en gasto en sanidad.

LOS AYUNTAMIENTOS TIENEN DÉFICIT

Finalmente, también se han publicado hoy los datos de ejecución de las corporaciones locales en términos de contabilidad nacionalcorrespondientes al segundo trimestre del año. En este periodo, lascorporaciones locales registraron un déficit del 0,26% del PIB.

Este resultado, destaca Hacienda, se debe al contexto de crisis sanitaria, social y económica en el que se ha desarrollado la actividad de este subsector desde el mes de marzo, que ha provocado un descenso de los ingresos del 5,3%, mientras que los gastos han crecido en un 1,7%.

La Cámara de Comercio de España ha expresado su «más firme apoyo» a la figura del Rey Felipe VI ante la situación actual que vive el país y los ataques «rechazables» a la Corona, ha señalado la organización.

La Cámara agradece al monarca «la dedicación y compromiso al servicio de los españoles y, muy especialmente, su apoyo a las empresas». «En estos momentos de tribulación, en los que se producen ataques rechazables a la Corona, el Rey continúa transmitiendo al tejido productivo su pleno apoyo y ánimo, tan determinante para la recuperación de la crisis», remarca.

La Cámara de España recuerda que España ha sabido superar sucesivas crisis económicas desde 1975, afrontándolas con determinación y superándolas gracias al esfuerzo colectivo de los españoles y por el contexto de estabilidad jurídica, política y social.

Esta estabilidad se ha fundamentado en los principios constitucionales esenciales aprobados por los españoles en 1978: Democracia, separación de poderes, monarquía parlamentaria, Estado de Derecho, Estado de las Autonomías, unidad de nación y economía social de mercado, «con la empresa como pieza clave. A ello habría que añadir la incorporación a la Unión Europea y el euro y la actuación decisiva de la Corona a favor de la Democracia. A juicio de la Cámara de España, «todos estos principios deben ser defendidos con absoluta determinación».

La Cámara de España ha reiterado el llamamiento a la unidad y el esfuerzo de todos para superar la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, «para lo que también será necesaria la ayuda de la Unión Europea, el máximo respeto y reafirmación de los principios fundamentales de la Constitución de 1978 y el liderazgo del Rey Felipe VI».

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha adjudicado los contratos para la explotación de las nueve áreas de servicio existentes en la autopista AP-7 entre Tarragona y Alicante, cuya concesión finalizó el pasado 1 de enero de 2020.

Según explica el Departamento que dirige José Luis Ábalos, la explotación de las áreas de servicio devengará el correspondiente pago de un canon anual a favor de la Administración General del Estado, que entre todas suman un importe de 16 millones de euros anuales.

La modalidad de estos nueve lotes contratados será de concesión de servicios por un plazo de cinco años y su objeto será la conservación y explotación de las instalaciones junto con la ejecución de ciertas operaciones de reforma y mejora.

Entre otras mejoras valoradas en las propuestas de los adjudicatarios, se ha incluido la instalación de alumbrado LED, puntos de recarga de vehículos eléctricos, dispensador de AdBlue (sistema de reducción catalítica de emisiones de vehículos), puntos de suministro de GNL y GLP e instalación de placas fotovoltaicas.

Las estaciones en cuestión están localizadas en las zonas de L’hôspitalet y Baix Ebre, ambas en Tarragona; en Benicarló, La Ribera y La plana, en Castellón; en Sagunt y La Safor, en Valencia; y en San Antonio y La Marina, en Alicante.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) protegía a casi 11 millones de personas con prestaciones a corto plazo y pensiones a finales de agosto, cifra que supera en más de 100.000 personas a la del mismo mes de 2019, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por tipo de prestación, el INSS da amparo el mes pasado a 8,9 millones de pensionistas, de los que la gran mayoría eran beneficiarios de una pensión de jubilación (5,9 millones).

Además, a finales de agosto 921.576 personas percibían una prestación por incapacidad temporal y 797.921 cobraban una prestación de protección familiar. En esas fechas también se dio cobertura a 81.503 beneficiarios de la prestación por nacimiento y cuidado de un menor.

A estas prestaciones, que perciben en total 10,87 millones de personas, hay que sumar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que actualmente perciben 90.000 hogares.

El INSS recibió entre enero y agosto 4.175.000 solicitudes de distintas prestaciones, cifra superior a la del mismo periodo del año pasado (4,11 millones).

MÁS SOLICITUDES TRAMITADAS

El Ministerio ha destacado en un comunicado que, a pesar de la situación excepcional vivida por la pandemia de coronavirus, ha crecido tanto el número de solicitudes tramitadas como el de llamadas atendidas por el INSS.

En concreto, en los ocho primeros meses del año, la entidad ha atendido presencialmente 987.880 solicitudes de prestaciones y de certificados, 485.864 por vía del nuevo buzón de atención al público creado durante el estado de alarma para facilitar la comunicación con el INSS a quienes no dispusieran de un certificado digital, y 1.871.550 por vía telemática. A esto hay que añadir las más de 870.000 solicitudes recibidas del Ingreso Mínimo Vital.

En esos meses, se han atendido 865.347 llamadas, frente a las 643.539 a las que se dio contestación durante el periodo enero-agosto de 2019. El Ministerio subraya que el aumento en la atención telefónica ha sido posible gracias al establecimiento de una nueva línea gratuita para reforzar la atención de la demanda generada por la aprobación del IMV.

En total, se han resuelto 391.200 solicitudes de pensiones hasta agosto (incluye jubilación, incapacidad permanente, entre otras) y más de medio millón de subsidios (nacimiento y cuidado del menor, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia, etc.). También se han emitido 893.000 tarjetas sanitarias europeas.

En lo que concierne al IMV, vigente desde junio, el INSS ha recibido más de 870.000 solicitudes, «algunas de ellas duplicadas», de las que ya se han tramitado más de un tercio.

De ellas, en torno a 90.000 han sido aprobadas, lo que supone 260.000 personas beneficiarias, y a 170.000 se les ha requerido más documentación. Además, unas 80.000 han resultado denegadas. «La media de solicitudes de pensión es de unas 700.000 al año, una cifra que en tres meses el IMV ha superado ampliamente.

Otra de las medidas desarrolladas por el INSS durante la pandemia ha sido la asimilación como accidente de trabajo de la IT por contagio por coronavirus o aislamiento, que supone una mayor protección económica para los trabajadores. Esta protección, según el Ministerio, ha llegado a cerca de un millón y medio de personas.