El Tribunal de Cuentas presentará este martes a Congreso y Senado un informe que recomienda al Gobierno reforzar la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos al desarrollar los planes de vivienda estatales.

En concreto, la presidenta del organismo, Enriqueta Chicano, presentará a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas las principales conclusiones del informe de fiscalización de las actuaciones de planificación, seguimiento y evaluación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, realizadas por los órganos de la Administración General del Estado.

En dicho informe, el organismo fiscalizador detectó que el Plan Estatal en esos años dispuso de 1.872 millones de euros, de los que 1.473 correspondían a la financiación estatal (el 78,70%) y 398 a la cofinanciación por las comunidades (el 21,30%).

El Tribunal apuntó que había diversas debilidades en la planificación y diseño del Plan, derivadas, especialmente, de su desconexión con las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de una insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados como son el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y el Tercer Sector.

ADVERTÍA DE RIESGOS DE DESIGUALDADES ENTRE CCAA

Según la institución, estas debilidades propiciaban la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades.

Asimismo, el informe señalaba que los objetivos definidos en el plan no estaban cuantificados, lo que dificultaba la adopción de medidas correctoras en caso de desviaciones o la imposibilidad de diseñar, adecuadamente, futuras estrategias en materia de vivienda.

Es por ello que el Tribunal recomendaba al Ministerio de Vivienda que coordine los futuros planes estatales de vivienda con las demás estrategias que inciden en este tema, en particular, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y que refuerce la cooperación y coordinación interadministrativa con el fin de alcanzar un enfoque integral de la política de vivienda y una participación real de los diferentes niveles de la Administración y de los distintos actores interesados.

También instaba a establecer un sistema de seguimiento efectivo de los planes de vivienda con objetivos y metas cuantificados, tablas de indicadores e informes periódicos de seguimiento, para diseñar los programas de actuación realmente ajustados al horizonte temporal de cuatro años y para emplear un mayor rigor en el seguimiento de los compromisos asumidos por las comunidades autónomas en los convenios de colaboración.

La entrada en vigor de la llamada cuota de solidaridad afectará a los asalariados con sueldos elevados, pero no a los autónomos


La Seguridad Social aplicará desde el 1 de enero de 2025 una cotización adicional, denominada cuota de solidaridad, por los salarios que superen la base máxima, que para el próximo año se situará en 4.909 euros mensuales (58.908 euros al año), tras revalorizarse un 4% respecto a 2024

Esta cuota de solidaridad se repartirá entre empresario y trabajador, aunque no en la misma proporción: en torno al 83,4% irá a cargo de la empresa y cerca del 16,6% correrá a cargo del trabajador.

La reforma de pensiones llevada a cabo José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social establece que, desde 2024 hasta 2050, las bases máximas de cotización han de subir anualmente el IPC promedio de los doce meses anteriores a noviembre de cada año más un cuantía fija de 1,2 puntos.

Teniendo en cuenta que el IPC interanual de noviembre adelantado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha sido del 2,4% (dato que deberá confirmarse a mediados de diciembre), se obtiene que la inflación promedio desde diciembre de 2023 a noviembre de 2024 es del 2,8%.

Este es el porcentaje en el que subirán las pensiones contributivas el próximo año y también la base máxima, aunque a ésta última hay que sumarle 1,2 puntos, de forma que su subida para 2025 será del 4%, hasta los 4.909 euros mensuales ó 58.908 euros al año.

La llamada cuota de solidaridad que entrará en vigor el próximo 1 de enero consiste en una cotización adicional para la parte del salario que excede de la base máxima de cotización. Se aplica por tramos y de manera progresiva.

En 2025 la cuota de solidaridad será del 0,92% para la parte del salario que supere en hasta un 10% la base máxima; del 1% para la parte del salario que se sitúe entre el 10% adicional de la base y el 50%, y un 1,17% para el tramo de salario que exceda la base máxima en más de un 50%.

A modo de ejemplo, y tomando como referencia la base máxima de 4.909 euros al mes que estará vigente en 2025, los salarios un 10% superiores a la base máxima, en este caso 5.400 euros al mes, tendrán una cotización adicional del 0,92% sobre los 491 euros de ganancias que exceden de la base máxima, es decir, que cotizarían 4,5 euros más al mes o 54 euros más al año.

Al ser un sistema progresivo, si el salario superara en hasta un 50% la base máxima, esto es, si se cobraran como máximo 7.363,5 euros mensuales, habría que aplicar la cuota de solidaridad sobre la cantidad que excede de la base máxima (2.454,5 euros al mes) en dos tramos: los primeros 491 euros de exceso sobre la base máxima se gravarían con una cotización adicional del 0,92% (4,5 euros mensuales) y los 1.963,5 euros restantes se gravarían al 1% (19,63 euros). Así, en total, la cuota de solidaridad para un salario de 7.363,5 euros sería de 24,13 euros al mes ó 289,56 euros anuales.

Si el salario fuera superior a los 7.363,5 euros mensuales, es decir, si superara en un 50% la base máxima, se aplicarían los tres tipos de cotización adicional (0,92%, 1% y 1,17%) en sus correspondientes tramos.

En 2045, cuando la cuota de solidaridad esté desplegada al completo, el primer tramo tendrá una cuota 5,5%, al segundo tramo se le aplicará un tipo del 6%, y al tercero, del 7%.

Esta cotización adicional no genera el derecho a un importe de pensión mayor y afecta a los trabajadores por cuenta ajena, no a los autónomos, que ya tienen establecido su propio sistema de cotización en función de los ingresos reales.

La distribución de los tipos de cotización por solidaridad entre empresario y trabajador mantiene la misma proporción que la distribución del tipo general de cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.

NUEVA SUBIDA DEL MEI EN 2025

Junto al arranque de la cuota de solidaridad, en 2025 se volverá a subir la sobrecotización que supone el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

En concreto, la cotización del MEI será del 0,8%, frente al 0,7% de este año) tanto para autónomos como asalariados y sea cual sea el importe de su salario.

El MEI continuará subiendo hasta 2029, año a partir del cual quedará situado en el 1,2%, y lo que se ingresa a través de él va destinado a engrosar la denominada ‘hucha de las pensiones’.

Tanto con la cuota de solidaridad, como con el MEI y la subida de la base máxima por encima del IPC, se pretende mejorar los ingresos de la Seguridad Social para proteger al sistema de cara a los años de mayor tensión financiera, la década de los 40 de este siglo, cuando se jubile la generación del ‘baby boom’.

Este lunes, 2 de diciembre, entrará en vigor la aplicación del Real Decreto 933/2021 por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor y que contempla multas de hasta 30.000 euros para los incumplidores.

Esta nueva medida ha sido objeto de constante crítica del sector de alojamiento y de las agencias de viajes, denunciando la elevada carga burocrática, la pérdida de competitividad y la posible vulneración de privacidad de los viajeros.

Sin embargo, el Ministerio Interior asegura que en todo el proceso de elaboración y aprobación del decreto ha respetado el principio de transparencia y eficiencia, al haber contado con la participación de los destinatarios y quedar los objetivos de la regulación claramente definidos tanto en el preámbulo de la norma como en la memoria, sin que «se hayan incluido cargas administrativas innecesarias o accesorias».

Finalmente, las empresas afectadas se verán obligadas a proporcionar los datos correspondientes en la plataforma Ses.Hospedajes, que lleva disponible desde 2022 y en la que ya se han registrado 61.540 establecimientos hoteleros, 1.994 agencias de viajes, 222 plataformas digitales, 1.720 empresas de alquiler de vehículos a motor.

Sumando todas estas empresas, se han registrado un total de 4,77 millones de datos de usuarios vinculados a estas empresas.

INCREMENTAR LA SEGURIDAD, FINALIDAD PRINCIPAL

Desde el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska se ha hecho hincapié en la situación de seguridad actual, afirmando que los mayores ataques a la ciudadanía vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional.

«En ambos casos cobran especial relevancia en el modus operandi de los delincuentes la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones», ha explicado al respecto.

Por tanto, para Interior, la normativa actual queda «obsoleta» e «inservible» debido a que, por ejemplo, la norma del registro en hospedaje tiene 65 años de antigüedad (Decreto 1513/1959).

Este hecho supone dejar fuera de su ámbito de aplicación las nuevas modalidades de actividades de hospedaje, como son las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares mediante el registro en portales o centrales de reserva a través de medios digitales o internet.

En este sentido, esa totalidad de casi 4,8 millones de datos ha permitido localizar a 18.584 personas que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o internacionales, entrando en consonancia con la finalidad principal del decreto, que es mejorar la seguridad ciudadana, según Interior.

EMPRESAS AFECTADAS: ALOJAMIENTO, ALQUILER DE VEHÍCULOS Y AGENCIAS

Según recoge la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la obligación de registro documental recae en las personas físicas o jurídicas que ejerzan, profesionalmente o no, actividades de hospedaje o alquiler de vehículos a motor sin conductor.

En primer lugar, las actividades de hospedaje son las llevadas a cabo, de modo profesional o no, con la finalidad de proporcionar, a cambio de un precio, contraprestación o compensación, habitación o espacio para la pernoctación a las personas, con o sin otros servicios de carácter complementario.

En este apartado se incluyen hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas.

Por su parte, las actividades de alquiler de vehículos a motor sin conductor son las realizadas con el fin de facilitar su utilización por un tercero, por un tiempo determinado, y a cambio de una compensación, contraprestación o precio cierto. Queda excluido de lo dispuesto en este apartado el alquiler de los vehículos autotaxis y, en general, el arrendamiento de vehículos con conductor.

Además, la normativa contempla en ambas actividades a los operadores turísticos que presten servicios de intermediación entre las empresas y los consumidores, y a la actividad de las plataformas digitales dedicadas, a título oneroso o gratuito, a la intermediación en estas actividades a través de internet, presten o no el servicio subyacente objeto de mediación, siempre que ofrezcan servicios en España.

En relación a la posibilidad de un aumento de costes para las empresas afectadas, desde Interior ha asegurado que el nuevo registro no tiene por qué traducirse en esta posibilidad, descartando inversiones «considerables», ya que «los datos recabados son los mismos que hasta ahora».

DATOS OBLIGATORIOS

En cuanto a la recogida de datos, Interior ha recordado que las empresas no recabarán más de los que ya están haciendo en la actualidad. En particular, se distinguen varias categorías para el registro. Por un lado, las actividades de hospedaje tienen que comunicar y registrar la siguiente información:

— Datos de la empresa arrendadora: Nombre o razón social del titular, CIF o NIF, municipio, provincia, teléfono fijo y/o móvil, dirección de correo electrónico, web de la empresa y url para identificar el anuncio.

— Datos del establecimiento: Tipo de establecimiento, denominación, dirección completa, código postal, localidad y provincia.

— Datos de los viajeros: Nombre completo, sexo, número de documento de identidad, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad y país), teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad).

— Datos de la transacción: Contrato (número de referencia, fecha y firmas), datos de ejecución del contrato (fecha de y hora de entrada y fecha y hora de salida) y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago como tipo de tarjeta y número, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago).

Además, para alojamiento no profesional varían algunos datos, incluyendo nombre completo, sexo y DNI del titular del inmueble, así como número de habitaciones o conexión a internet del establecimiento.

En el caso del alquiler de vehículos, los datos a aportar son parecidos a los de hospedaje, aunque añadiendo la información correspondiente del conductor principal y del segundo conductor (si procede).

SANCIONES DESDE 100 EUROS HASTA 30.000 EUROS

Por último, aunque el Ministerio ha querido dejar claro que esta normativa no tiene «un fin recaudatorio para llenar las arcas del Estado», se impondrán sanciones leves y graves sobre las empresas que incumplan la normativa.

En concreto, se consideran infracciones leves las irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros previstos en este real decreto y la realización de las comunicaciones obligatorias fuera del plazo establecido. El precio de la multa oscila entre los 100 y los 600 euros.

Por su parte, las sanciones graves incluyen la carencia de los registros documentales previstos en este real decreto y la omisión de las comunicaciones obligatorias. El precio de la infracción irá desde los 601 a los 30.000 euros.