La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho este lunes, ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, que es momento de «abordar una reforma siempre aplazada», en alusión a los cambios en la estructura empresarial del país.
Díaz ha defendido que esa reforma empresarial será un «instrumento para el cambio de modelo productivo» y tendrá como objetivo «aumentar la productividad, generar más valor, crear más y mejor empleo, más riqueza y más bienestar».
La ministra de Trabajo ha asegurado que es momento de «hablar de estas materias» para llevar adelante una «gran reforma empresarial, sin ningún miedo y con ambición». Para Díaz, las empresas españolas son «modernas y solventes», pero necesitan «una estrategia integral» para aumentar su productividad, con el respaldo de los recursos públicos pero, sobre todo, de los privados en investigación, desarrollo e innovación.
«Queremos una reforma empresarial que provoque empresas más grandes, que trabajen en red, abiertas a la participación de los trabajadores, más democráticas, con mayor responsabilidad social, más comprometidas con la transformación verde y digital», ha dicho Díaz ante la Comisión.
Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha informado a los diputados presentes de que ha solicitado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) un estudio acerca de la productividad en España para averiguar las causas del diferencial negativo en productividad.
NUEVA INVITACIÓN A RETOMAR EL AENC
Durante su exposición, la ministra de Trabajo también se ha referido al repunte de la inflación, que en agosto se situó en el 10,5%, por encima de las actualizaciones salariales, del 2,6%. Una situación que está provocando «una pérdida de poder adquisitivo como consecuencia del impacto brutal de la inflación».
«Los salarios no son los culpables de la inflación, son la víctimas», ha subrayado Díaz, que ha alertado de una «situación muy negativa» que podría agravarse «si se prolonga mucho más en el tiempo».
Por esta razón, ha instado a mantener el poder adquisitivo de los salarios en el medio plazo y ha invitado a empresarios y sindicatos a «volver a sentarse en la mesa del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)», que quedó suspensa en mayo por la falta de consenso entre las partes.
Díaz ha recordado que la fijación de los salarios privados es responsabilidad de los agentes sociales, a los que les ha pedido «altura de miras». «Necesitamos un acuerdo entre ellos que permita mantener el poder adquisitivo sin afectar a la inflación, un acuerdo estratégico con fórmulas y salidas inteligentes, como siempre hacen los agentes sociales», ha agregado.
Por su parte, la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es competencia del Gobierno, que va a volver a subirlo para cumplir con la Carta Social Europea, como ha garantizado la ministra. «La inflación hace más que nunca imprescindible que subamos el SMI», ha zanjado.
El objetivo del Ejecutivo es elevar el SMI al 60% del salario medio español en 2023. La Comisión de Expertos convocada por el Ministerio de Trabajo se encuentra realizando esos cálculos, ya que los anteriores se realizaron con las rentas salariales relativas a 2018.
El resultado de sus trabajos, unido al dato de la inflación media de 2022, servirán para negociar el SMI en diciembre, fecha en la que Díaz espera convocar a los agentes sociales.
«Yo voy a trabajar por un acuerdo. Como siempre, estoy dispuesta no solo a dialogar, sino a llegar al acuerdo, aunque mi posición no sea la que gane, por el bien del país», ha respondido la ministra de Trabajo a las preguntas de los diputados de la Comisión.
Díaz también se ha referido a otras tareas pendientes de su Ministerio, como el estudio de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, ya que el actual «está bebiendo de las fuentes de un texto del año 80» y está pensado «para una empresa autoritaria». Para la elaboración del próximo Estatuto, Díaz espera convocar a una «comisión plural», aunque tendrá que esperar todavía unos meses.
ATENCIÓN A LOS DESEMPLEADOS MAYORES DE 45 AÑOS
Díaz ha anunciado este lunes un Plan de empleo específico para los desempleados de larga duración, un colectivo que se mantiene en cifra «inaceptablemente altas».
Los más afectados por el paro de larga duración suelen ser personas mayores de 45 años, uno de cada dos desempleados, que se encuentran «en la plenitud de sus capacidades laborales, con experiencia acumulada, con la voluntad de seguir activos, pero que tienen dificultades para salir del desempleo».
El objetivo de Trabajo es que los servicios públicos de empleo den prioridad en 2023 a este grupo, tanto en la orientación laboral como en su formación y cualificación, ha comentado Díaz. Del mismo modo, se espera llegar a una acuerdo global con las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en políticas de empleo.
Para dar respuesta al paro de larga duración entre los mayores de 45 años, la ministra de Trabajo convocará a los empresarios y a los sindicatos a una mesa de diálogo social específica sobre este tema para «consensuar la concentración de medios y recursos en este colectivo».
