La guerra en Oriente Próximo ha provocado víctimas civiles y militares, caídas generalizadas en las bolsas, alteraciones del tráfico aéreo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de gas y petróleo. La volatilidad de los mercados elevó los precios, la inflación y los costes energéticos para hogares y empresas.
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de marzo de 2026 el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, con 80 medidas y más de 5.000 millones de euros movilizados. Según el texto, las medidas han beneficiado a 20 millones de hogares y 3 millones de empresas. El plan fue actualizado mediante un segundo real decreto ley aprobado el 29 de junio, que prorrogaba las medidas hasta el 31 de septiembre de 2026.
El 29 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un tercer real decreto ley para actualizar y ampliar la protección a hogares y familias ante la persistencia de las restricciones al transporte marítimo y las tensiones energéticas. El texto se publicó en el BOE el 30 de septiembre, entró en vigor al día siguiente y fue convalidado por el Congreso el 16 de octubre. El esfuerzo presupuestario de los tres reales decretos ley supera los 12.000 millones de euros.
Medidas temporales y protección energética
El plan prevé una retirada gradual de las medidas hasta su desaparición, prevista para el 31 de diciembre de 2026, atendiendo a la evolución esperada del conflicto y a la progresiva estabilización de los mercados energéticos. Quedan fuera de esa retirada las ayudas directas a profesionales del transporte, agricultores, ganaderos y pescadores, que se mantendrán íntegramente durante la vigencia de las medidas.
El decreto combina medidas coyunturales, incluida la prórroga por tres meses de disposiciones que vencían el 30 de septiembre, con medidas estructurales para reforzar la soberanía energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y acelerar la electrificación y el despliegue de renovables.
En carburantes, se mantiene una rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos de 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre. Si los precios vuelven a subir por encima del 15%, se reactivarán los 20 céntimos de rebaja en noviembre o diciembre. Para el transporte terrestre, las ayudas al combustible durante el último trimestre serán de 5 céntimos por litro en octubre, 12 en noviembre y 19 en diciembre, con posibles ajustes si se activa el mecanismo de salvaguarda sobre la fiscalidad del gasóleo.
Electricidad, gas y supervisión del mercado
La norma limita la subida de la Tarifa de Último Recurso del gas natural al 35% en la revisión de octubre y al 15% en las siguientes. También contempla reducir el IVA de la electricidad del 21% al 10% para quienes tengan una potencia contratada inferior a 10 kW y para beneficiarios del bono social, además de rebajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5,1% al 0,5%.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recibió facultades para solicitar a los agentes de la distribución mayorista y minorista de productos petrolíferos información sobre precios, ventas, costes y otros datos relevantes. El decreto más reciente encomienda al organismo estudiar la formación de precios en ambos mercados y seguir la evolución de los precios de los productos alimentarios.
El régimen sancionador del sector de hidrocarburos duplica las multas asociadas a las distintas infracciones. La norma también refuerza el sistema de Certificados de Ahorro Energético. Además, establece la reducción progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica: del 7% actual al 5% a finales de 2026, al 3,5% en 2027 y su desaparición en 2028. Desde el 1 de enero de 2028, el tipo será del 0%, por lo que se eximirá de presentar la autoliquidación y de realizar pagos fraccionados.
Ayudas a sectores y hogares
Se prorrogan las ayudas al sector agrario y pesquero vinculadas al incremento de los costes del combustible. También se establece una ayuda directa extraordinaria para profesionales del transporte por carretera que no puedan beneficiarse de la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos; su cuantía dependerá del número, tipo y combustible de los vehículos. Para el ferrocarril de mercancías se fija una ayuda de 15.000 euros por locomotora diésel, y se prevén ayudas directas al transporte marítimo.
Los descuentos extraordinarios del bono social eléctrico se extienden durante todo 2026: serán del 42,5% para consumidores domésticos vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos. La ayuda mínima del bono social térmico aumenta a 50 euros. También se prorroga la prohibición de cortar los suministros básicos de energía y agua a hogares vulnerables.
La norma contempla una bonificación del 80% de los peajes eléctricos de transporte y distribución para la industria electrointensiva, así como la flexibilización por ley de los contratos de suministro energético para empresas y autónomos, de modo que puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales.
Empleo y movilidad sostenible
Las empresas beneficiarias de las ayudas no podrán despedir por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026. Asimismo, se adelanta doce meses, al 5 de diciembre de 2026, la entrada en vigor de la obligación de que empresas y entidades del sector público cuenten con planes de movilidad sostenible al trabajo en centros con más de 200 personas trabajadoras, o 100 por turno.
Esos planes deberán incluir medidas para impulsar la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones y la movilidad compartida o colaborativa, además de medidas transversales como el teletrabajo.
Transición energética e incentivos
Entre las medidas tributarias figuran deducciones en el IRPF de hasta el 15% para la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible, y la recuperación de deducciones para obras de rehabilitación de viviendas o edificios que reduzcan la demanda de calefacción o refrigeración. Entre 2021 y 2024, estas últimas beneficiaron a más de 290.000 personas, con un beneficio medio de 1.918 euros.
También se establece la libertad de amortización en el Impuesto de Sociedades durante 2026 para inversiones en eficiencia energética, incluidos puntos de recarga de vehículos eléctricos e instalaciones de autoconsumo eléctrico o térmico con energía renovable.
Las entidades locales quedan habilitadas para bonificar hasta un 50% del IBI a quienes instalen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar o ambiente. Se recoge, además, una bonificación de hasta el 95% para obras e instalaciones que incorporen sistemas de aprovechamiento de esas energías.
Autoconsumo y renovables
El plan inicial incluía otras iniciativas estructurales para acelerar la transición energética con respeto a los valores ambientales, sociales y territoriales. Entre ellas, elevar de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre generación y consumo en el autoconsumo, y habilitar a las entidades locales para promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.
También contempla aumentar la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías y declarar de utilidad pública el bombeo hidroeléctrico, además de impulsar las energías renovables atendiendo a criterios de integración social y territorial. El tercer real decreto ley mantiene la estructura de los dos paquetes anteriores: medidas coyunturales de protección prorrogadas por tres meses y medidas estructurales orientadas a reforzar la autonomía energética y avanzar en la descarbonización.
