EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? Dimisión del presidente y CEO de Plus Ultra tras admitir el pago de 530.000 euros por la mediación de Zapatero en el rescate de 2021.
- ¿Quién está detrás? Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, imputados por tráfico de influencias.
- ¿Qué impacto tiene? La SEPI supervisa el cambio; Hugo castaño es el sustituto propuesto.
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y su consejero delegado, Roberto Roselli, han presentado su dimisión este viernes tras reconocer ante la Audiencia Nacional que la aerolínea pagó 530.000 euros —el 1% del rescate público de 53 millones recibido en 2021— a una empresa vinculada a un amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para mediar en la concesión de las ayudas.
Ambos directivos, imputados por presunto tráfico de influencias, admitieron que «tuvieron plena conciencia» de que Julio Martínez Martínez (‘Julito’), propietario de Análisis Relevante, y el propio Zapatero «sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar», según los escritos remitidos al juzgado y a los que tuvo acceso Europa Press. El contrato se articuló a través de tres sociedades: Análisis Relevante, Voli Analítica e IOT Domotic Europe.
Un 1% que descarrila la cúpula
La dimisión de Martínez Sola y Roselli se produce apenas 48 horas después de que ambos reconocieran haber asumido, «como una medida desesperada», el acuerdo de pago a cambio de la intermediación del expresidente. El rescate de Plus Ultra, tramitado en marzo de 2021 por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) y gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ascendió a 53 millones de euros que la compañía aún está devolviendo bajo supervisión pública.
Los ejecutivos insistieron en que no «llegaron a tener una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo» por Zapatero o por Martínez Martínez, pero sí asumieron que la contratación era necesaria para salvar la aerolínea. La Audiencia Nacional investiga si esa contratación constituyó un tráfico de influencias.
Hugo castaño, el relevo pendiente de la SEPI
Fuentes cercanas a la compañía confirmaron a Merca2.es que el accionista Hugo castaño es el candidato propuesto para tomar las riendas, aunque su nombramiento debe recibir el visto bueno de la SEPI en las próximas semanas. Plus Ultra sigue bajo la vigilancia del Estado mientras devuelve los préstamos del FASEE.
La salida de los dos máximos responsables deja a la aerolínea en una situación de interinidad justo cuando el caso judicial entra en su fase más delicada. Zapatero también está imputado en la causa.
Hoja de Ruta: Claves del Viaje
El impacto inmediato para Plus Ultra es doble: pierde a los ejecutivos que pilotaron la empresa desde su fundación y se enfrenta a una renovación forzosa bajo la lupa de la SEPI. Zona cero: la propia compañía, con sede en Madrid, que deberá demostrar que el cambio de gestión no afecta a su plan de viabilidad pactado con el Estado.
La cifra que resume la tormenta —530.000 euros— equivale exactamente al 1% de los 53 millones del rescate, un porcentaje que los investigadores consideran como el precio que la aerolínea puso a la intermediación de Zapatero. En la práctica, los 53 millones de dinero público estuvieron a punto de costar a la compañía un 6% adicional si se suman las consecuencias reputacionales y la parálisis que ahora se instala en la dirección.
El caso desvela una tensión recurrente en los rescates con dinero público: el pulso entre la urgencia por salvar una empresa estratégica y los controles posteriores sobre las decisiones que se tomaron bajo presión. La lectura a cinco años es que la SEPI apretará las condiciones de supervisión de todas las compañías participadas que recibieron ayudas del FASEE, para evitar que un contrato del 1% ponga en jaque todo un rescate industrial. La próxima cita para Plus Ultra será la vista judicial, aún sin fecha, que determinará si los pagos constituyeron un delito.
El pago asumido de 530.000 euros, un 1% del rescate, convierte un salvavidas público en una factura política que la Audiencia Nacional está cobrando.
















