El Banco de Pagos Internacionales, la institución que coordina a los bancos centrales del mundo, acaba de lanzar una advertencia incómoda: los productos de yield (rendimiento) en criptomonedas se comportan como depósitos bancarios, pero al usuario que pone su dinero ahí no le protege ningún seguro equivalente al FDIC estadounidense. Dicho de otro modo: si la plataforma cae, el cliente pierde.

El informe, recogido esta semana por varios medios especializados, pone el dedo en una herida vieja del sector cripto y que ha rebrotado con fuerza en los últimos dos años. Cada vez más usuarios aparcan sus monedas en plataformas centralizadas o protocolos a cambio de intereses que pueden ir del 4% al 12% anual. Suena bien. El problema es lo que hay debajo.

Qué dice exactamente el BIS sobre el rendimiento cripto

La tesis central del documento es sencilla de entender. Cuando un usuario deposita bitcoin, ether o una stablecoin (una moneda digital que aspira a mantener el valor estable frente al dólar) en una plataforma que le promete un interés, está haciendo algo muy parecido a lo que haría en un banco al contratar una cuenta remunerada. La plataforma usa ese dinero, lo presta, lo coloca en estrategias de inversión y devuelve una parte al cliente.

La diferencia, según el BIS, es doble. Primero, no hay un fondo de garantía estatal que devuelva el dinero si la empresa quiebra. En Estados Unidos, la FDIC cubre hasta 250.000 dólares por depositante en un banco regulado; en Europa, el equivalente son los 100.000 euros del Fondo de Garantía de Depósitos. En el mundo cripto no existe nada parecido. Segundo, muchas de estas plataformas no están sometidas a los requisitos de capital y liquidez que sí tienen los bancos tradicionales, lo que las hace más frágiles ante una retirada masiva.

El informe cifra en varios cientos de miles de millones de dólares el volumen global de activos bloqueados en este tipo de productos, sumando exchanges centralizados, protocolos de staking (el mecanismo por el que se bloquean monedas para validar una red blockchain a cambio de recompensas) y plataformas de préstamo DeFi. El BIS no habla de prohibir, pero sí reclama un marco regulatorio claro.

A quién afecta y por qué debería importarnos

Aquí viene lo que le toca al lector medio. Si alguien tiene ahorros en una plataforma que le paga un 8% en stablecoins, lo que el BIS viene a decir es que ese rendimiento no sale gratis: hay un riesgo detrás que en un banco no existiría. Puede que ese riesgo no se materialice nunca, o puede que se materialice un martes cualquiera, como pasó con Celsius en 2022 o con FTX semanas después.

La comparación con la banca es útil pero tiene matices. Un banco también puede quebrar, por supuesto. La diferencia es que el sistema financiero tradicional ha construido durante décadas una red de seguridad (regulación, supervisión, seguros de depósito, prestamista de última instancia) que amortigua los golpes. El cripto todavía no tiene nada de eso, o lo tiene a medias. Y cuanto más se parezca en la forma a un producto bancario, más chocante resulta esa ausencia.

El regulador europeo ya avanzó parte del camino con MiCA, el reglamento cripto que entró en vigor de forma progresiva, pero el BIS considera que todavía quedan lagunas, sobre todo en los productos de rendimiento ofrecidos desde jurisdicciones menos estrictas. Estados Unidos, por su parte, sigue sin tener una ley federal clara sobre esto, algo que las próximas decisiones de la SEC tendrán que aclarar en los próximos meses.

El precedente que nadie en el sector quiere recordar

Para entender por qué el BIS está insistiendo ahora, conviene mirar atrás. En 2022, varias plataformas que ofrecían rendimientos atractivos en cripto se desplomaron en cadena. Primero fue Terra, un proyecto de stablecoin algorítmica que perdió su paridad con el dólar en mayo y arrastró decenas de miles de millones en pocos días. Después cayeron Celsius y Voyager, dos prestamistas que pagaban intereses generosos y que acabaron en bancarrota, dejando a sus usuarios sin acceso a los fondos durante meses. Y en noviembre llegó FTX, entonces el segundo exchange del mundo, cuyo colapso reveló un agujero contable de miles de millones.

En todos esos casos se repitió el mismo patrón: un producto que parecía un depósito bancario, sin la protección de un depósito bancario. Tres años y medio después, el sector ha madurado en algunas cosas (mejor custodia, más auditorías, más transparencia on-chain), pero la estructura básica del riesgo sigue ahí. Y crece, porque con bitcoin por encima de los 100.000 dólares y el apetito institucional alto, cada vez más usuarios nuevos se acercan al yield cripto sin conocer su historia reciente.

Mi lectura es que el informe del BIS no busca frenar el sector, sino forzar una conversación que llevaba tiempo aplazada. La pregunta relevante no es si estos productos deben existir (existen y van a seguir existiendo), sino bajo qué reglas. Habrá que ver qué hacen la SEC y la Comisión Europea en los próximos meses, y si los actores del sector optan por autorregularse antes de que les regulen desde fuera. El riesgo, si nadie mueve ficha, es que el próximo episodio de pánico pille a muchos usuarios, otra vez, sin red debajo.

El fondo cotizado de BlackRock sobre bitcoin acaba de marcar un nuevo máximo: custodia ya 806.700 BTC, valorados en unos 63.700 millones de dólares. Es una cifra que pocos imaginaban cuando este producto empezó a operar hace poco más de dos años, y que confirma hasta qué punto los grandes fondos han pasado de mirar el bitcoin con recelo a acumularlo sin complejos.

Para entender la dimensión del dato conviene traducirlo. Hablamos de más del 3,8% de todo el bitcoin que llegará a existir, porque la oferta está limitada por diseño a 21 millones de monedas. Un solo producto financiero, gestionado por una sola compañía, controla una porción del activo que hace apenas dos años parecía imposible concentrar en manos tradicionales.

Qué significa el récord del iShares Bitcoin Trust

El producto se llama iShares Bitcoin Trust, aunque casi todo el mundo lo conoce por su ticker: IBIT. Es un ETF al contado, es decir, un fondo cotizado que compra bitcoin real y lo guarda en custodia por cada participación que emite. Funciona parecido a un ETF sobre oro: quien compra una acción del fondo no toca el activo, pero tiene una exposición directa al precio a través de un producto regulado que se opera en bolsa como cualquier otro.

Esa arquitectura es la que ha destrabado la entrada de dinero institucional. Un fondo de pensiones, una aseguradora o un banco privado europeo no pueden comprar bitcoin en un exchange sin complicaciones regulatorias y contables. Un ETF cotizado en Nasdaq, sí.

Los datos publicados por la propia BlackRock y recogidos por los principales agregadores del sector sitúan a IBIT muy por delante del resto de competidores. Fidelity, Ark 21Shares y Bitwise operan productos equivalentes, pero ninguno se acerca a los volúmenes que mueve el fondo de BlackRock. En términos de cuota, IBIT concentra alrededor de la mitad del mercado de ETFs de bitcoin al contado en Estados Unidos.

Por qué importa al inversor medio

Aunque nunca hayas comprado una sola cripto, este récord te afecta más de lo que parece. Los fondos indexados globales, los planes de pensiones con exposición a tecnología y hasta algunos productos de banca privada que se comercializan en España incluyen ya posiciones indirectas en bitcoin a través de estos ETFs. Cuando el precio se mueve, arrastra carteras que nada tienen que ver con el sector cripto.

Lo segundo, y más sutil, es el efecto sobre la oferta disponible. Cada bitcoin que entra en la custodia de IBIT sale, en la práctica, del mercado líquido. Se queda inmovilizado. Y si la demanda institucional sigue su ritmo mientras el halving de 2024 —el recorte a la mitad de las nuevas monedas que reciben los mineros, un evento programado cada cuatro años— ya ha reducido la emisión, el resultado es un activo con menos oferta circulante y más compradores grandes. La teoría económica básica sugiere presión alcista sobre el precio, aunque nada garantiza que esa ecuación se cumpla a corto plazo.

Hay otro matiz que conviene no pasar por alto. BlackRock, con este volumen, se convierte en una figura con peso estructural en el mercado de bitcoin. Si mañana decidiera cambiar de proveedor de custodia, reducir comisiones o lanzar productos derivados sobre el propio ETF, movería el terreno bajo los pies del resto del sector.

El precedente que conviene recordar

Para calibrar lo que está pasando, ayuda mirar atrás. Cuando la SEC aprobó los ETFs de bitcoin al contado en enero de 2024, tras años rechazando solicitudes similares, buena parte del sector esperaba un arranque tibio. Ocurrió lo contrario: en las primeras semanas los flujos superaron cualquier comparación con lanzamientos de ETFs temáticos previos, incluidos los del oro físico en 2004, que tardaron años en alcanzar cifras similares de activos bajo gestión.

Lo que vemos ahora es la continuación lógica de esa tendencia, no una ruptura. El dinero institucional que dudó durante una década encontró en el formato ETF la puerta regulatoria que necesitaba, y está entrando por ella de forma sostenida. La concentración empieza a ser tanto un síntoma de madurez como un riesgo: madurez porque implica que grandes patrimonios aceptan el activo; riesgo porque una parte demasiado grande del bitcoin acaba dependiendo de decisiones de un puñado de gestoras.

Quedan preguntas abiertas. ¿Qué ocurriría si hubiera un reembolso masivo en un escenario de estrés de mercado, obligando al fondo a vender bitcoin para devolver dinero a los partícipes? ¿Hasta qué punto la regulación europea —con el marco MiCA ya plenamente vigente— facilitará productos equivalentes en el continente? Son incógnitas que los próximos trimestres irán despejando, y que determinarán si el récord de IBIT es un hito aislado o el preludio de una concentración aún mayor.

Un soldado de élite del Ejército de Estados Unidos ha sido detenido por apostar 400.000 dólares en Polymarket sobre una operación militar contra Nicolás Maduro en la que él mismo participó. El caso, hecho público esta semana, es el primero en el que se acusa formalmente a un militar estadounidense de usar información clasificada para lucrarse en un mercado de predicciones con criptomonedas.

La fiscalía sostiene que el acusado, miembro de las fuerzas especiales conocidas como boinas verdes, tenía acceso directo a los planes operativos y colocó sus apuestas horas antes de que la operación se hiciera pública. Según los documentos judiciales recogidos por Decrypt y CoinDesk, las ganancias estimadas rondan los 400.000 dólares, unos 370.000 euros al cambio actual.

Qué es Polymarket y por qué importa este caso

Polymarket es una plataforma de mercados de predicción construida sobre la blockchain de Polygon. Dicho de otro modo: funciona como una casa de apuestas, pero en lugar de fútbol o carreras, los usuarios apuestan con criptomonedas sobre resultados políticos, económicos o geopolíticos. ¿Ganará tal candidato las elecciones? ¿Superará el bitcoin cierto precio antes de fin de año? ¿Seguirá Maduro en el poder en una fecha concreta? Cada contrato paga 1 dólar si el suceso ocurre y 0 si no, y el precio de mercado refleja la probabilidad que los apostantes asignan al evento.

El contrato en el que el soldado apostó giraba en torno a la permanencia de Nicolás Maduro al frente del régimen venezolano. Según la acusación, el militar compró masivamente participaciones que pagaban si Maduro era apartado del poder antes de una fecha concreta, justo cuando, por su posición en el operativo, sabía que una acción estaba en marcha. La plataforma registró el movimiento como una de las posiciones individuales más grandes jamás abiertas en ese mercado.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha imputado al soldado por uso indebido de información clasificada y fraude de valores, entre otros cargos. Es la primera vez que un tribunal federal estadounidense aplica la doctrina del insider trading (el uso de información privilegiada) a un mercado de predicciones basado en criptomonedas.

Un agujero regulatorio que llevaba años sobre la mesa

El caso destapa algo que analistas y reguladores llevaban tiempo advirtiendo: los mercados de predicción descentralizados operan en una zona gris donde las reglas tradicionales sobre información privilegiada no siempre encajan. En la bolsa, comprar acciones sabiendo que una empresa va a ser adquirida es delito desde hace décadas. En una plataforma como Polymarket, apostar sabiendo que un gobierno va a caer nunca había llegado a juicio.

Polymarket, de hecho, estuvo vetada para usuarios estadounidenses durante años tras un acuerdo con la CFTC (el regulador de derivados en EE.UU.) en 2022. La plataforma regresó al mercado norteamericano a finales de 2024 tras obtener una licencia mediante la adquisición de una entidad regulada. Desde entonces, ha vivido un crecimiento enorme: durante las elecciones estadounidenses de 2024 movió más de 3.700 millones de dólares en volumen según datos del propio protocolo, convirtiéndose en el referente del sector.

La compañía ha declarado que colabora con las autoridades y que sus sistemas detectaron el patrón inusual de apuestas, aunque no ha aclarado si la alerta partió de Polymarket o de la investigación militar. El acusado, por su parte, permanece en prisión preventiva.

Qué dice este caso sobre los mercados de predicción cripto

Este episodio no es solo una anécdota judicial. Es el primer precedente judicial que obliga a plantearse cómo se aplica la ley de mercados a un producto que, hasta hace poco, muchos defensores describían como inmune a la regulación tradicional por vivir en una blockchain. La propia defensa del acusado probablemente explorará ese ángulo: ¿son los contratos de Polymarket ‘valores’ en sentido legal? ¿Aplican las mismas reglas que a un trader de Wall Street?

La comparación con precedentes ayuda a calibrar la importancia. En 2022, la caída del ecosistema Terra/Luna, una stablecoin algorítmica que perdió toda su paridad con el dólar y arrastró unos 40.000 millones de dólares en valor, fue el caso que aceleró la regulación europea MiCA. En 2023, la condena de Sam Bankman-Fried por el colapso de FTX marcó el techo penal del sector. Este caso, por su naturaleza, podría hacer lo propio con los mercados de predicción: establecer que usar información clasificada para apostar sobre geopolítica es, a efectos prácticos, idéntico a usarla para comprar acciones de Lockheed Martin.

Hay un matiz incómodo que el sector tendrá que digerir. Los defensores de Polymarket siempre han argumentado que su modelo agrega información y produce predicciones más precisas que las encuestas tradicionales. El reverso es que, si alguien con información que nadie más tiene puede mover el precio, el mercado deja de reflejar la sabiduría colectiva para reflejar la filtración. Y eso, para un producto que aspira a convertirse en infraestructura informativa de referencia, es un problema serio.

Queda pendiente ver si la CFTC, la SEC o el Departamento de Justicia presentan cargos adicionales contra la plataforma o si el caso se limita al individuo. También está por ver si Polymarket modifica sus controles para detectar posiciones anómalas ligadas a cuentas con perfiles profesionales sensibles. La próxima audiencia del acusado está fijada para las próximas semanas y marcará el primer termómetro de hasta dónde piensa llegar la fiscalía.

El Banco de Pagos Internacionales, la institución que ejerce como banco central de los bancos centrales, ha lanzado una advertencia que merece atención: las principales plataformas donde se compran y venden criptomonedas están funcionando como bancos, pero sin estar reguladas como tales. La alerta, publicada en su último informe, apunta a un riesgo que puede acabar afectando al sistema financiero tradicional si nadie interviene a tiempo.

Dicho en términos sencillos, los grandes exchanges (las plataformas tipo Binance, Coinbase o Kraken donde los usuarios compran y guardan sus criptomonedas) ya no solo intercambian monedas. También prestan, custodian, dan rendimientos y mueven capital a escala global. Hacen lo que hace un banco. Pero sin el colchón de supervisión que se exige a un banco.

Qué dice exactamente el BIS y por qué preocupa

El informe del BIS describe a los exchanges cripto como shadow banks, un término que se acuñó tras la crisis de 2008 para referirse a entidades que realizan funciones bancarias (conceder crédito, transformar plazos, ofrecer liquidez) sin entrar en el perímetro regulatorio de la banca tradicional. Son, dicho de otro modo, bancos en la sombra: mueven dinero como un banco, pero no responden ante el mismo supervisor.

Según el documento, los grandes exchanges han acumulado funciones que históricamente correspondían a la banca: custodia de activos de clientes por valor de cientos de miles de millones de dólares, préstamos con garantía cripto, productos de rendimiento que se parecen a depósitos remunerados y servicios de pagos. El BIS estima que el volumen agregado de activos bajo custodia en los principales exchanges supera los 250.000 millones de dólares, según los datos recopilados por la institución.

El problema, apunta el informe, no es que ofrezcan esos servicios. Es que los ofrecen sin los requisitos de capital, sin los controles de liquidez, sin los seguros de depósito y, en muchos casos, sin auditorías públicas comparables a las que debe cumplir cualquier entidad bancaria regulada. Si uno de estos actores quiebra, el usuario medio descubre que su dinero no estaba protegido como creía.

A quién afecta esto y por qué no es un problema solo para el sector cripto

Aquí está el matiz que preocupa al regulador. Hace cinco años, la caída de un exchange cripto apenas tocaba al sistema financiero tradicional. Hoy la conexión es distinta. Fondos de pensiones, gestoras como BlackRock o Fidelity, tesorerías corporativas y bancos de inversión tienen exposición directa o indirecta a estas plataformas a través de los ETFs de bitcoin y ethereum, de productos de custodia institucional y de acuerdos de préstamo.

Por ponerlo en contexto, los ETFs al contado de bitcoin aprobados en Estados Unidos en enero de 2024 acumulan ya más de 140.000 millones de dólares en activos bajo gestión, según los agregadores del sector. Una parte relevante de esos activos depende operativamente de la infraestructura de los grandes exchanges. Si una de esas plataformas entra en problemas, el impacto ya no se queda en el nicho cripto: salpica a productos que millones de inversores tradicionales tienen en sus carteras sin saberlo del todo.

El BIS recuerda un precedente que conviene no olvidar. En noviembre de 2022 cayó FTX, entonces el segundo mayor exchange del mundo, dejando un agujero de unos 8.000 millones de dólares en fondos de clientes. Aquello se contuvo porque la penetración institucional era todavía limitada. Hoy no lo es.

Un riesgo que se parece demasiado a 2008

La pregunta incómoda es si estamos repitiendo el patrón que llevó a la crisis financiera de hace casi dos décadas. Entonces, vehículos fuera del balance bancario acumularon riesgo sin supervisión hasta que el sistema entero tuvo que rescatarlos. El paralelismo no es exacto, conviene decirlo. Los exchanges cripto no tienen el tamaño agregado de la banca en la sombra que estalló en 2008, y sus interconexiones con el crédito real son todavía modestas. Pero la dirección del viaje sí se parece.

Lo que cambia respecto a intentos anteriores de regulación es el tono. El BIS no pide prohibir ni frenar, pide aplicar el principio de misma actividad, misma regulación. Si una plataforma custodia dinero de clientes, que cumpla las normas de custodia. Si presta, que cumpla las de crédito. Si ofrece productos de rendimiento parecidos a depósitos, que los registre como tales. Parece sensato, y sin embargo la industria lleva años resistiéndose a ese marco porque, en el fondo, parte de su margen depende de operar fuera de él.

En Europa, el reglamento MiCA ya ha empezado a cerrar algunas de estas grietas desde su aplicación plena en 2024, obligando a los exchanges que operan en la UE a registrarse, separar los fondos de clientes y publicar reservas. Estados Unidos va más rezagado, con un mapa regulatorio fragmentado entre la SEC, la CFTC y los reguladores estatales. El informe del BIS llega en un momento en que varios supervisores nacionales, entre ellos, el Banco de Inglaterra, están revisando su enfoque.

El riesgo, si nadie mueve ficha, no es que un exchange quiebre mañana. Es que la próxima vez que ocurra algo parecido a FTX, la onda expansiva llegue a lugares donde antes no llegaba. Las próximas reuniones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, previstas para la segunda mitad de 2026, serán una buena pista de hasta dónde piensan llevar los reguladores esta conversación.