Durante el segundo semestre de 2024, la tasa de emancipación juvenil en España, país en donde sube todo menos los salarios, cayó a mínimos históricos: solo el 15,2% de los jóvenes logró independizarse, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España.
Este dato, el peor registrado para un segundo semestre desde que existen estadísticas, evidencia que, aunque los indicadores laborales mejoran, el verdadero escollo está en otro lado: el acceso a la vivienda, un derecho que se ha convertido en un privilegio inalcanzable. La cifra es aún más alarmante si se compara con años anteriores.
En 2019, el 18,7% de los jóvenes se emancipaba; en 2008, justo antes de la gran recesión, la tasa alcanzaba el 26,1%. Ahora, más de 102.000 jóvenes han tenido que permanecer o volver al hogar familiar. El retroceso se ceba especialmente con quienes tienen entre 25 y 29 años, una franja de edad que históricamente era el núcleo de la emancipación.
Y aunque afecta más a las mujeres, es un fenómeno transversal que impacta en todo el segmento de hasta 34 años. La paradoja es evidente: mientras el paro juvenil ha descendido a niveles no vistos desde 2007 y el salario mediano de los jóvenes ha subido cerca de un 11%, emanciparse es más difícil que nunca. ¿Por qué? Porque el precio del alquiler se ha disparado de forma sostenida e incontrolada.
En junio de 2024, el precio medio por metro cuadrado alcanzó los 14,6 euros, lo que supone un incremento del 9,7% interanual. El alquiler medio ya se sitúa en 1.080 euros mensuales, el más alto registrado. Esto convierte la vivienda en un producto de lujo, especialmente para quienes están empezando su vida laboral.
El Consejo de la Juventud alerta de que los jóvenes deben destinar el 92,3% de su salario para alquilar un piso en solitario, y aún compartiendo ingresos, el esfuerzo medio llega al 46,8%. Muy por encima del 30% recomendado internacionalmente para evitar situaciones de sobrecarga económica. Incluso alquilar una habitación en piso compartido, que es la supuesta opción accesible, se ha encarecido. La renta mediana es de 380 euros, un 32,5% del salario juvenil.
Esta situación obliga a miles de jóvenes a posponer su independencia, a compartir vivienda durante más años o, directamente, a renunciar a sus proyectos vitales. No es solo una cuestión de metros cuadrados: detrás hay retrasos en formar pareja, en tener hijos, en construir un futuro.
SIN ALTERNATIVAS
Comprar tampoco es una alternativa viable. El precio medio de venta ronda los 200.000 euros. Para un joven que vive solo, eso supone destinar 14 años de sueldo íntegro para pagar una vivienda. La entrada mínima, que ronda los 59.000 euros, equivale a cuatro años de salario completo, sin contar otros gastos asociados.
Así, el sueño de tener una casa propia se convierte en una quimera, salvo que se cuente con apoyo económico familiar, que es algo que no todos tienen, o que se emigre. Y de hecho, muchos lo hacen. Cada vez más jóvenes españoles optan por buscar oportunidades en el extranjero. Fuera de nuestras fronteras, en países donde los salarios y el coste de vida están mejor equilibrados, los jóvenes logran en pocos años lo que aquí parece inalcanzable.
CONSECUENCIAS
Esta crisis de vivienda no solo tiene consecuencias económicas. Es también una crisis social, emocional y demográfica. La imposibilidad de independizarse afecta al bienestar psicológico, alimenta la frustración, frena la transición a la vida adulta y condiciona el desarrollo de la autonomía personal. Genera una sensación de estancamiento permanente que mina la confianza en el sistema y en las posibilidades de progreso.
Además, pone en riesgo la sostenibilidad del propio país: una generación que no puede emanciparse es una generación que retrasa o directamente descarta tener hijos, lo que acentúa el declive demográfico. También afecta al consumo, a la innovación y a la capacidad de los jóvenes para emprender o invertir en educación y formación continua.
Mientras tanto, el mercado del alquiler sigue sin regulaciones eficaces. La especulación inmobiliaria, la masiva llegada de millonarios extranjeros, la proliferación de pisos turísticos, la reducción de los convivientes en un hogar por la crisis de natalidad y la alarmante falta de parque público de vivienda tensionan cada vez más la oferta, expulsando a los jóvenes (y no solo a ellos) de las zonas urbanas. La respuesta institucional por parte del Gobierno ha sido, hasta ahora, tibia, y desde la oposición (que controla 11 autonomías y varios de los principales ayuntamientos) prácticamente inexistente.
El Consejo de la Juventud de España lo resume con claridad: no es que los jóvenes no quieran emanciparse o que no trabajen. Es que, incluso trabajando, no pueden permitirse pagar un alquiler. La principal barrera ya no es la falta de empleo ni unos salarios bajos, aunque estos siguen siendo insuficientes, sino un mercado inmobiliario desbocado que convierte la emancipación en una carrera de obstáculos insalvables.
