Adif invertirá 41,9 millones de euros en la renovación de su infraestructura de comunicaciones en el ámbito Centro (Comunidad Autónoma de Madrid y las provincias de Ávila, Segovia, Valladolid, Ciudad Real y Jaén), con un plazo de ejecución de las obras de 23 meses.

Con esta iniciativa, Adif pretender dotar de más fiabilidad y robustez a la red de fibra óptica de las líneas convencionales y desplegar un nuevo cable de fibra troncal para la implantación de la red de direcciones numéricas de protocolo de Internet (IP), adaptada a las necesidades del servicio.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Mejora de las Telecomunicaciones de Adif y persiguen atender la futura demanda de servicios de explotación ferroviaria, según ha informado en un comunicado el gestor de la infraestructura por la que circulan los trenes.

Las actuaciones, adjudicadas a la UTE formada por las empresas Contratas Vilor, Líneas y Cables, Marco Infraestructuras y Medio Ambiente y Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, contemplan la adecuación de la fibra para el transporte de todos los servicios y la renovación del cableado o el despliegue de fibra en aquellos tramos donde sea necesario.

Adif y Adif AV cuentan con una red de fibra óptica de más de 24.000 kilómetros, con una alta capilaridad en la geografía española e interconectada con Francia y Portugal, que da soporte a los servicios propios de la explotación ferroviaria y, además, posibilita el desarrollo e implantación de las tecnologías relacionadas con la gestión del ferrocarril, como son el sistema de señalización ERTMS o el modelo de comunicaciones móviles GMS-R.

Una vez atendidas las necesidades de comunicación inherentes al tráfico ferroviario a través de esta red, Adif y Adif AV ofrecen capacidad y servicios a los operadores de telecomunicaciones. El exceso de capacidad de red se utiliza también para otros usos, como las colaboraciones para el desarrollo tecnológico y científico global.

El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado recursos presentados por empresas y entidades financieras y ha confirmado que la amortización anticipada incluida en las ayudas fiscales de España al sector naval –que se declararon ilegales– constituye una «ventaja» fiscal.

En febrero, el Tribunal General de la UE ya desestimó dos recursos presentados por Telefónica y el Banco Santander contra la decisión por la que la Comisión Europea declaró ilegales las ayudas fiscales concedidas por España al sector naval, y confirmó que estas eran incompatibles con las normas europeas.

Ahora, el Tribunal General se pronuncia sobre la argumentación de las empresas, entidades financieras y demás personas jurídicas demandantes que niega que una de las medidas fiscales que componen el sistema –la amortización anticipada– pueda constituir una ventaja.

Para el Tribunal, esa argumentación parte de la premisa errónea según la cual esas medidas deben ser apreciadas de forma separada, sin tener en cuenta el sistema en su conjunto. «En consecuencia, la argumentación según la cual la amortización anticipada no confiere ninguna ventaja económica debe desestimarse por ser manifiestamente infundada», ha reiterado el Tribunal.

El Tribunal General determina que procede pronunciarse asimismo sobre la parte del recurso mediante la que las empresas y personas jurídicas demandantes alegan que la Comisión consideró erróneamente que determinadas medidas fiscales que componen el sistema, consideradas individualmente, constituían ayudas de Estado nuevas, y que infringió varias disposiciones del Derecho de la Unión al prohibir en su Decisión que la carga de la recuperación fuese transferida a otras personas.

El Tribunal General señala que las alegaciones por las que las empresas y personas jurídicas demandantes impugnan la calificación de determinadas medidas fiscales que componen el sistema como ayudas nuevas, su carácter selectivo y la existencia de una ventaja parten de la misma premisa errónea según la cual esas medidas deben ser apreciadas de forma separada, sin tener en cuenta el sistema en su conjunto.

Como se ha dicho, debido a la relación de hecho y de derecho entre los diferentes elementos del sistema, al ser selectiva una de las medidas que permitían beneficiarse de dicho sistema en su conjunto –la autorización de la amortización anticipada–, la Comisión no se equivocó al considerar que el sistema era selectivo en su conjunto.

UN LITIGIO INICIADO EN 2006

En 2006, el Ejecutivo comunitario recibió varias denuncias acerca de la aplicación del Sistema Español de Arrendamiento Fiscal (SEAF) a determinados contratos de arrendamiento financiero, ya que este régimen permitía que las empresas navieras obtuvieran unos descuentos de entre un 20% y un 30% del precio al adquirir buques construidos por astilleros españoles, en detrimento de las ventas de los astilleros de otros Estados miembro.

Según la Comisión, el objetivo del SEAF consistía en proporcionar ventajas fiscales a las AIE y a los inversores que participaban en ellas, las cuales transferían posteriormente una parte de tales ventajas a las empresas navieras que compraban un buque nuevo.

En su decisión adoptada en julio de 2013, la Comisión estimó que tres de las cinco medidas fiscales que conformaban el SEAF constituían una ayuda estatal que revestía la forma de ventaja fiscal selectiva, y por tanto parcialmente incompatible con el mercado interior.

No obstante, el TJUE anuló en parte la decisión de Bruselas «en la medida en que designa a las AIE y sus inversores como únicos beneficiarios de la ayuda contemplada en dicha decisión, y, en consecuencia, en la medida en que ordena la recuperación de la totalidad de su importe exclusivamente de los inversores de las AIE».

En este sentido, anuló también la recuperación íntegra de la ayuda, al considerar que la Comisión identificó de forma errónea a los beneficiarios de este régimen fiscal y pide modificar en base al que se realizaron los cálculos.

Tras esa sentencia del TJUE, que puso fin a un largo litigio judicial, el Tribunal General ha desestimado dos de los recursos contra la decisión de la Comisión que habían quedado suspendidos y señala que algunas pretensiones formuladas por Grupo Morera & Vallejo y DSA persiguen una anulación de la decisión impugnada de mayor alcance que la pronunciada por el Tribunal de Justicia.

No obstante, el Tribunal General señala que esas alegaciones por las que impugnan la calificación de determinadas medidas fiscales que componen el SEAF como ayudas nuevas, su carácter selectivo y la existencia de una ventaja parten de una premisa errónea según la cual esas medidas deben ser apreciadas de forma separada, sin tener en cuenta el SEAF en su conjunto.

Asimismo, indica que la institución europea no traspasó los límites de sus competencias al recordar que España debía recuperar la ayuda de sus beneficiarios, sin que estos pudieran, con arreglo a las cláusulas de indemnización, transferir la carga de la recuperación a ninguna otra parte contratante.

España se refuerza como el segundo destino mundial de las inversiones de las empresas latinoamericanas, duplicando la cifra alcanzada por estas compañías en el país, con un crecimiento del 138% en 2023, hasta alcanzar los 2.835 millones de euros.

Estos son algunos de los datos recogidos en la sexta edición del informe ‘Global Latam 2024’, liderado por ICEX-Invest in Spain junto con la Secretaría General Iberoamericana (Segib), presentado este miércoles por la consejera delegada de ICEX España Exportación e Inversiones, Elisa Carbonell, y por el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand.

Durante esta jornada, la consejera delegada de ICEX ha destacado que España se refuerza como el segundo destino mundial de los flujos de inversión de las empresas latinoamericanas, tras Estados Unidos, y «se consolida» como la puerta de entrada a Europa de la inversión latinoamericana, sobre todo, pero también al norte de África.

En su opinión, la inversión directa española en Latinoamérica y los vínculos que crea es una de las características más definitorias de la economía del país y que en los últimos años se esté produciendo el fenómeno complementario, de inversión latinoamericana en España, es «una excelente noticia.

MÁS DE 600 COMPAÑÍAS Y 47.000 EMPLEOS DIRECTOS EN ESPAÑA

América Latina es el cuarto mayor inversor en España, precedido de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y por delante de socios económicos europeos de la importancia de Alemania o Italia.

Hasta 20 países de la región latinoamericana cuentan con inversiones en España y constituyen una «importante comunidad empresarial» de más de 600 compañías y 47.000 empleos directos generados.

En total, la inversión acumulada procedente de América Latina asciende ya a 47.150 millones de euros en España. Si se añaden a estas cifras las inversiones latinoamericanas en Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros o holdings (ETVE), su volumen se situaría en 66.883 millones de euros, lo que supone un 11% del total de la inversión recibida por España.

Las cifras del año pasado muestran que un total de once países latinoamericanos invirtieron en España. En concreto, un 58% de esta inversión correspondió a México (1.645 millones de euros) –el quinto mayor inversor en España–, debido a importantes proyectos empresariales en el sector de la alimentación; la industria química; la fabricación de productos minerales y la construcción.

El segundo mayor inversor fue Honduras (501 millones), seguido de Argentina (196 millones) y Uruguay (101 millones).

FUERTE RESILIENCIA DE LAS INVERSIONES LATINOAMERICANAS

En su conjunto, la Inversión Extranjera Directa (IED) emitida por América Latina de manera global en 2023 contabilizó 47.743 millones de dólares (44.412 millones de euros) inferior en un 38% a los datos de 2022 marcado por operaciones puntuales de alto volumen. En su conjunto, el interés inversor de Latinoamérica se consolida en niveles superiores a los de antes de la pandemia.

Por esta razón, el informe considera destacable su evolución y subraya la «fuerte resiliencia» de la inversión latinoamericana el año pasado, ya que se produjo en un entorno económico complejo, caracterizado por una elevada tensión geopolítica global y por un contexto financiee elevados tipos de interés.

En cuanto al número de proyectos, el sector tecnológico se mantiene como el principal generador de iniciativas de inversión transnacional por parte de las empresas de América Latina, debido tanto a la fuerte expansión de empresas de servicios, como a la expansión de startups convertidas en grandes firmas.

Se confirma, asimismo, un fuerte incremento en proyectos de inversión relacionados con el cambio climático –que fue el sector que atrajo un mayor volumen de capital en 2023–, liderados por grandes compañías de la región que están abordando procesos de descarbonización y de desarrollo de energías limpias.

SATISFACCIÓN CON EL CLIMA INVERSOR

Los inversores latinoamericanos muestran una elevada satisfacción del clima inversor en España y destacan como factores clave para establecerse aquí el idioma y la cercanía cultural (un 78% del total de empresas encuestadas), junto a la localización geográfica y cercanía a mercados como Europa o África (70% del total).

En 2024, cerca de un 74% de los participantes espera aumentar sus inversiones, mientras que cerca del 68% también mantiene este objetivo en 2025. Algo similar ocurre con las expectativas de aumentar su facturación en esos dos próximos años, en el caso de un 70% y un 64% de las empresas encuestadas.

Por último, en torno al 70% de las empresas participantes estima que aumentará sus plantillas y alrededor de 60% de las firmas que exportan también esperan que sus ventas a otros mercados crezcan en el periodo 2024-2025.