Los conductores de autobuses urbanos, interurbanos y grúas comenzarán este lunes una huelga general en toda España para reivindicar la jubilación anticipada en el sector, con unos servicios mínimos que se han fijado en el 50% a nivel estatal.

Según la resolución de servicios mínimos publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, se deberán realizar el 50% de las expediciones actualmente autorizadas. Si se trata de una ruta compuesta de una sola expedición, se realizará en su totalidad.

Las principales compañías que prestan servicios de autobuses de largo recorrido contactarán con los titulares de los billetes cuyo servicio se haya tenido que suspender, ofreciéndoles el cambio gratuito.

Las comunidades autónomas y ayuntamientos también han fijado los servicios mínimos en sus respectivas regiones. Por ejemplo, en Cataluña serán del 40% a horas punta y del 20% el resto; en San Sebastián muchas líneas quedarán canceladas, en Baleares serán de entre el 50% y el 60%, o en Navarra del 60% en horas punta y del 40% el resto.

El lunes es el primer día de huelga, pero habrá más jornadas de paro los días 11, 28 y 29 de noviembre, 5 y 9 de diciembre, y a partir del 23 de diciembre de forma indefinida si no se llega antes a un acuerdo entre sindicatos y patronal.

Este lunes también se concentrarán CCOO y UGT en la delegación del gobierno en Madrid a las 12.30 horas.

La decisión de continuar con la huelga se produce tras el fracaso de las negociaciones que tuvieron lugar este jueves con la mediación del Ministerio de Trabajo y Economía Social con las distintas patronales del sector.

La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús) y la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos (ATUC) han lamentado en un comunicado que no se haya podido llegar a un acuerdo que evite la huelga.

Ambas organizaciones han pedido a los sindicatos la elaboración de un estudio antes de acudir al Ministerio a instar el inicio del procedimiento de fijación de la edad anticipada de acceso a la jubilación de los conductores de autobús.

«Sin ese estudio, las principales asociaciones del sector del transporte de viajeros no pueden tomar ninguna decisión al respecto, al desconocer las implicaciones que una medida de este calado pude conllevar», defienden, en relación con el aumento en las cotizaciones empresariales que supondrá la jubilación anticipada.

Se trata de los dos únicos sectores (autobuses y grúas) en los que no ha sido posible alcanzar un acuerdo, después de que los de conducción de ambulancias y los de mercancías (principalmente camiones) hayan desconvocado tras negociar la petición al Gobierno de la aplicación del adelanto de la jubilación por la peligrosidad del sector.

No obstante, las patronales aseguran que siguen abiertas a nuevas conversaciones para tratar de desbloquear esta situación. Fuentes sindicales consultadas por Europa Press apuntan al próximo 6 de noviembre para la celebración de una nueva reunión entre ambas partes, aunque solo en el sector de las grúas. En el de autobuses aún no hay una fecha fijada.

Las compañías del sector energético son, a juicio de Minsait, «punta de lanza» en materia de sostenibilidad y tienen capacidad para impulsar un modelo de desarrollo donde la innovación y, particularmente, la inteligencia artificial (IA), no supongan un obstáculo a los compromisos medioambientales, sociales y de buen gobierno (ESG) de empresas y administraciones.

La filial de Indra considera que el impulso a la energía verde, que según el último informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) permitirá avanzar en la electrificación ante el retroceso de los combustibles fósiles antes del fin de la década, se enmarca en un incremento exponencial de la demanda energética para procesar la gran cantidad de datos que requiere la IA y, sobre todo, la IA generativa.

«Las propias compañías renovables están desarrollando planes ‘green IT’ –proyectos para incentivar la eficiencia energética en la tecnología– con foco en los centros de datos, que garantizan un consumo constante y potencialmente creciente las 24 horas los 365 días al año. Este flujo se presenta como una oportunidad de ida y vuelta para las compañías tecnológicas en su cumplimiento de los objetivos ESG y el de sus clientes», ha argumentado la compañía.

De hecho, en el último informe Ascendant de Minsait, titulado ‘IA: radiografía de una revolución en marcha’, se afirma que las empresas del sector de la energía y las utilities llevan años aplicando soluciones de IA y también que un 67% de ellas prevé aumentar «considerablemente» su presupuesto para el desarrollo de esta tecnología en los próximos dos años.

El documento señala, además, que un 44% de las empresas del sector están centrando sus esfuerzos en el área de ESG, como el análisis y pronóstico del impacto medioambiental, y que la IA está fomentando el uso eficiente y sostenible de energía mediante recomendaciones personalizadas y análisis predictivos.

«El sector energético tradicionalmente ha ido algo rezagado frente a otros sectores en la adopción de tecnologías digitales, pero sin duda está entre los líderes en la adopción de la inteligencia artificial», ha resaltado el director global de Energía y Utilities en Minsait, Juan Pérez de Cossío.

«Destacan muchas aplicaciones de la IA, como la gestión de activos o la de redes inteligentes, pero lo más diferencial frente a otros sectores es la aplicación de la IA en soluciones relacionadas con la sostenibilidad. Las compañías se han fijado objetivos muy ambiciosos en materia de transición energética y sostenibilidad y esto se refleja en una búsqueda de soluciones innovadoras en este ámbito», ha añadido el directivo.

En este contexto, Minsait afirma que la electrificación va a requerir una «capacidad predictiva cada vez más sofisticada» para responder al incremento previsto de la demanda y el cada vez mayor peso de las renovables, incluida la producción autónoma de los hogares con capacidad para volcar el exceso de energía en la red.

«El de las ‘utilities’ es, además, un buen escenario para desarrollar dos tecnologías del futuro: el aprendizaje federado –ya que muchos de los dispositivos de estas compañías están descentralizados– y la computación cuántica», agrega la compañía.

A su juicio, esta resulta especialmente interesante para los mercados de la energía, que requieren trabajar en tiempo real, «manejar mucha información» y procesar grandes cantidades de datos.

Este procesamiento exige un elevado consumo de electricidad al que las fuentes renovables, que crecen a un ritmo sin precedentes, según la AIE, vendrán a dar una respuesta más sostenible dentro y fuera del sector», añade.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposión de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a frenar la reduflación y obligar a las empresas a informar al consumidor si se reduce un producto y se mantiene el mismo precio.

En concreto, los socialistas proponen incluir un nuevo apartado en el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que obligue a informar a las personas consumidoras cuando se produzca una disminución de la cantidad en aquellos productos preenvasados que mantengan el mismo o similar diseño y dimensiones en su envase.

«De este modo se evita que la persona consumidora pueda percibir que mantienen su contenido habitual aquellos productos preenvasados cuya cantidad ha disminuido, garantizando de este modo que puedan tomar decisiones óptimas sobre sus intereses», defiende el PSOE en la iniciativa.

En este sentido, apunta que se deberá informar al consumidor «de forma clara y comprensible» siempre que se reduzca la cantidad del producto y esta se traduzca en un aumento del precio por unidad de medida, y se indicará «de forma legible y visible» en el punto de venta final. Además, explica que deberá hacerse en un plazo no inferior a 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características.

En esta línea, destaca que, según un estudio publicado por la consultora IPSOS en noviembre de 2023, el 54% de las personas consumidoras en España han notado una reducción del tamaño de los productos en su compra cotidiana, principalmente en snacks, pan, pasta, arroz, dulces y comida precocinada. En el citado estudio, realizado en un total de treinta y tres países, seis de cada diez consumidores españoles ven esta práctica como inaceptable, lo que sitúa a España entre los países europeos más críticos después de Francia (67%), Suecia (63%) y Países Bajos (61%), que comparte porcentaje con España.

También añade que, en España, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) llegó a denunciar esta práctica ante la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), y ha llevado a cabo una campaña de información y denuncia por considerar que se trata de subidas de precios encubiertas.

El mercado japonés aún no se ha recuperado por completo de los efectos de la pandemia, pero Turespaña, en sus Informes de Tendencias Invierno 2024, destaca que el reinicio de la ruta directa de Iberia entre Madrid y Tokio este domingo provocará un impulso a la demanda para estos turistas.

En agosto de 2024, el volumen de turistas japoneses que visitaron España se situó sobre el 62% del de 2019. Ahora, el regreso de la única conexión directa entre ambos países está incrementando la demanda de cara al invierno.

El organismo destaca que España es un país con un alto atractivo para los turistas japoneses, ya que buscan «turismo premium» y tienen una mayor intención de gasto.

Sobre el regreso de esta ruta, el director general de Turespaña, Miguel Sanz, ha destacado que Japón «ha sido y sigue siendo un mercado estratégico» para España y ha puesto en valor la importancia de estos turistas, que tienen un «alto nivel de gasto» y gran interés por el arte y la cultura española.

En cuanto a la promoción en el mercado japonés, Turespaña desarrolla acciones para apoyar la comercialización de destinos, productos y servicios turísticos españoles, a campañas en medios y redes sociales. Con todo, Sanz señala que esta nueva conexión es «una noticia inmejorable para ambos países».

RECUPERA LA RUTA TRAS LA PANDEMIA

Iberia estrena este domingo 27 de octubre sus vuelos entre Madrid y Tokio, única conexión directa que une ambos países y la ruta más larga de toda la red de la compañía.

La compañía ya operaba esta ruta entre 2016 y 2020, aunque tuvo que suspender el servicio ese año debido a la pandemia. Ahora, la conexión se reactiva con un vuelo que partirá el domingo a las 11.55 horas de la T4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y, tras 14 horas de vuelo, aterrizará a las 10.45 hora local en Tokio el lunes 28 de octubre.

Los vuelos entre ambos destinos tendrán tres frecuencias semanales, los jueves, sábados y domingos con salida desde Madrid y los lunes, viernes y domingos con salida desde Tokio.

La ruta va a ser operada con un avión Airbus A350 con capacidad para 348 clientes en las clases ‘business’, turista premium y turista, por lo que durante el primer año se van a ofertar unas 90.000 plazas para viajar de un país a otro.

La compañía ha decidido retomar esta ruta para ampliar su presencia en Asia después de los buenos resultados de su ruta a Qatar, inaugurada en diciembre de 2023.

La Cámara de Comercio de España ha rechazado la conversión en impuestos permanentes de los gravámenes extraordinarios y temporales instaurados en 2022 sobre los ingresos de los sectores bancario y energético y ha advertido del «impacto negativo» que esta medida puede tener en el conjunto de la economía española.

En un comunicado, la Cámara de España ha recordado que en la actualidad han cambiado las circunstancias con respecto al momento en el que se crearon dichos gravámenes, y ha avisado de que ambos sectores «ya soportan una elevada carga fiscal».

Para la Cámara de España, un impuesto para el sector energético sería «económicamente contraproducente» porque, entre otras consecuencias, podría poner en peligro futuras inversiones.

En relación al sector bancario, la Cámara ha indicado que el gravamen impactaría «negativamente» en la competitividad del sector financiero español, lo que podría comprometer el flujo de créditos a empresas y familias.

Para el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, es necesario «reducir la presión fiscal que soportan las empresas para incentivar la economía y, en definitiva, la creación de empleo», de igual manera «es imperativo establecer un marco regulatorio estable y predecible, que garantice la seguridad jurídica, atraiga inversiones y promueva la innovación.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se volverá a reunir este martes 29 de octubre con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme, en la que previsiblemente será la última reunión para negociar la reducción de la jornada laboral si la patronal sigue sin aceptar llevar el tiempo de trabajo por ley de las 40 horas semanales actuales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial.

En este nuevo encuentro, tal y como avanzó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, el Ministerio de Trabajo pondrá encima de la mesa «la última oferta» para sumar al acuerdo a la patronal española: ayudas directas a la productividad para aquellos sectores más alejados de las 37,5 horas, como el comercio, la limpieza o las peluquerías.

«Haremos la última oferta en la mesa del día 29, esperaremos a que las organizaciones nos respondan, y si podemos contar con la patronal, será para nosotros una gran noticia, pero si no podemos contar con ella, intentaremos un acuerdo con las organizaciones sindicales», advirtió Pérez Rey.

La ministra del ramo, Yolanda Díaz, ya venía avisando de que la negociación estaba «en la recta final» y que convocaría alguna mesa más para negociar la medida, pero para cerrar un acuerdo ya sea para el «sí o para el no». «La patronal tiene que decidir si se coloca del lado de los intereses de las pequeñas empresas o hace otra cosa, como ya hizo en el salario mínimo», afirmó Díaz.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social lleva negociando la reducción de jornada desde enero con sindicatos y patronal, con encuentros que se han producido tanto de manera bipartita –sindicatos y patronal — como de manera tripartita –Ministerio y agentes sociales–.

Durante este tiempo, Trabajo ha intentando atraer a la CEOE al acuerdo a través de distintas ofertas: un plan de acompañamiento y asesoramiento a pequeñas y medianas empresas de menos de 10 trabajadores afectadas por la reducción, un plan de bonificaciones a la conversión de contratos a tiempo parcial en empleos a tiempo completo, así como bonificaciones de contratos indefinidos que realicen las pymes de menos de 10 trabajadores como consecuencia de la aplicación de la rebaja de la jornada.

A estas propuestas, se sumará la oferta que el Ministerio de Trabajo planea poner encima de la mesa este martes para que CEOE y Cepyme muevan ficha y decidan sumarse al acuerdo. De lo contrario, Trabajo ha avisado que dará la negociación por finalizada e intentará un acuerdo solo con las organizaciones sindicales.

«Nosotros hemos llegado hasta aquí, creo que hemos demostrado que sí es posible un acuerdo, que hemos propuesto todo tipo de medidas encima de la mesa y ahora tiene que dar una última respuesta la patronal a esta última medida», indicó Díaz el pasado lunes.

GARAMENDI (CEOE) AVISA DE QUE NO LE GUSTAN LOS «ULTIMÁTUMS»

Por su lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha avisado a la ministra de que no le gustan los «últimátums», en referencia al aviso de Trabajo de que la reunión del martes será la última, y ha asegurado que él está defendiendo «la negociación colectiva» y que «se cumplan los convenios».

De igual manera, Garamendi ha asegurado que pese a los anuncios del Gobierno de bonificaciones y ayudas directas para ayudar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) a poner en marcha la reducción de jornada, la patronal española no ha recibido ningún documento todavía. «No sabemos de qué se está hablando», recalcó Garamendi.

CCOO Y UGT PEDIRÁN A TRABAJO UN ACUERDO «SIN CONCESIONES»

Por su lado, desde CCOO y UGT han trasladado a la ministra de Trabajo que en caso de que la CEOE no se sume al acuerdo y el Gobierno tiré por la vía parlamentaria para reducir la jornada, pedirán al Ministerio un acuerdo «sin ninguna concesión» a la patronal.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha avisado a la CEOE de que «se le acaba el tiempo», ya que el Gobierno mandará al Parlamento la medida «haya acuerdo o no» tras plantear la última propuesta este martes en la mesa de negociación.

Por su lado, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha indicado que la postura de la patronal en la mesa de negociación es de «puro obstruccionismo», y ha añadido que la negociación «ya no da más de sí».

Estas denuncias han sido realizadas por los líderes sindicales desde hace varios meses, después de que las negociaciones quedaran encalladas en verano por la negativa de la CEOE de mover ficha.

Por este motivo, ambos líderes sindicales han pedido al Gobierno que se «valiente» y reduzca la jornada después de 40 años desde que el Gobierno rebajara el tiempo de trabajo por última vez, y para cumplir también con el compromiso del acuerdo de coalición.