El Banco Santander califica de «contrasentido mayúsculo» que deba ir a juicio por la ampliación de capital del Banco Popular en 2016 como responsable civil subsidiario, máxime cuando los clientes minoristas que perdieron su inversión en acciones fueron compensados por la entidad «en ocasiones en hasta más del cien por cien de su inversión en Banco Popular», y esto sin que el banco presidido por Ana Botín «tuviera ninguna obligación de hacerlo».

Así consta en su escrito de defensa que ha presentado después de que en noviembre de 2024 el instructor de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Calama, acordara enviarle a juicio pero no como partícipe a título lucrativo sino como responsable civil subsidiario al ser el sucesor universal del Banco Popular –cabe recordar que el Santander adquirió el Popular por la simbólica cantidad de 1 euro en el marco del proceso de resolución de la entidad–.

En el auto de apertura de juicio oral, el juez acordó sentar en el banquillo de los acusados al expresidente del Banco Popular Ángel Ron, a doce directivos y a la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron «engañados», puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 «no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio».

El juez imponía unas fianzas totales de más de 2.277 millones de euros, una cantidad que solicitaron las acusaciones y que el instructor explicaba que era provisional puesto que algunas ellas no concretaron su solicitud. Explicaba que la fijación de una fianza tenía por objeto asegurar la ejecución de los pronunciamientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia que se dicte.

A lo largo de más de 200 páginas, la defensa del Santander considera que la decisión del juez de llevarle a juicio como responsable civil subsidiario vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva porque Calama, asevera, «vulnera normas imperativas de orden público europeo» relativas a los procesos de reestructuración y resolución de entidades.

Y explica que se han dictado «más de 10.000 sentencias firmes y 4.000 sentencias» en el orden civil que ya fueron favorables al banco «en aplicación de esa doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)».

Puesto que las acciones civiles ejercitadas en este procedimiento tienen la misma finalidad que los remedios restitutorios e indemnizatorios que se están ejercitando en los procedimientos ante los tribunales civiles (…) debe declararse que aquellas acciones civiles no pueden dirigirse contra el Banco Santander, exonerado de todas las correspondientes responsabilidades, en aplicación del Derecho de la Unión», añade.

SANTANDER EVITÓ «UN TERRIBLE IMPACTO»

Tras esto, explica que en junio de 2017 la Junta Única de Resolución (JUR) adoptó un dispositivo de resolución respecto de Banco Popular, que fue aprobado por la Comisión Europea. Y que en esa misma fecha, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), en su condición de autoridad nacional de resolución española, adoptó las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la JUR que fue fruto de «la grave crisis de liquidez del Banco Popular».

Y subraya que con la adquisición de Banco Santander se «evitó el terrible impacto que hubiera tenido sobre el mercado financiero mundial el concurso de acreedores de Banco Popular». «Banco Santander, en definitiva, rescató al Banco Popular, salvaguardándose así los intereses generales», apostilla.

Por otro lado, explica en relación con otros posibles remedios que pueden ejercitar los sujetos afectados por resoluciones bancarias, que este tipo de medidas «no excluye eventuales acciones de responsabilidad frente a terceros distintos de la entidad resuelta y de su sucesor». E incide en que la falta de legitimación pasiva –para reclamar una indemnización– «sólo afecta a Banco Santander, como sucesor de Banco Popular, por su esencial función en el cumplimiento de los objetivos de interés general superior de la Unión».

«Obligar a Banco Santander a soportar las consecuencias económicas de una eventual responsabilidad civil derivada de delito privaría de efectividad al sistema europeo de resolución», resalta. Y apunta que si se tienen que responsabilizar de las pérdidas, «ninguna entidad acudiría a una posible compra de una entidad inviable sin que hubiera una aportación de dinero público para poder atender todas las demandas de los titulares de instrumentos de capital afectados por la resolución».

En su escrito, la entidad solicita que durante la vista oral se celebren las testificales de una treintena de personas, entre ellas la del expresidente del Banco Popular Emilio Saracho, del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, de la expresidenta de ese mismo organismo Elvira Rodríguez, del ex gobernador de Banco de España Luis María Linde, del ex presidente del FROB Jaime Ponce, y del exministro Luis de Guindos.

PWC DICE QUE NO FISCALIZA A SUS AUDITORES

La consultora PwC, en su escrito de defensa al que también ha tenido acceso Europa Press, solicita su libre absolución y califica de «confuso» el relato realizado por el magistrado en su auto por el que le enviaba a juicio. Lamenta que «la amplitud e indeterminación de los hechos contenidos en las conclusiones provisionales de contrario ha dado lugar a acusaciones imprecisas y vagas, fruto de valoraciones subjetivas, que (le) provocan evidente indefensión».

Tras esto hace un relato de la ampliación de capital del Popular de 2016 y resalta que «los términos y condiciones del aumento de capital y el procedimiento para la suscripción y desembolso de las nuevas acciones (…) figuraban en la nota y el resumen, que fueron aprobados y registrados por la CNMV».

«Todo el proceso fue llevado a cabo bajo la supervisión de la CNMV, en cuya página web se fueron publicando todas las informaciones dirigidas a los inversores», señala para luego comentar que la presencia de la auditora en este procedimiento, y su enjuiciamiento como posible responsable penal, «trae causa de las opiniones de auditoría emitidas por dos profesionales, empleados, presuntamente necesarias para cometer los delitos objeto de enjuiciamiento».

Lamenta que se reproche a PwC «no haber fiscalizado esas opiniones» de sus trabajadores obviando que existe una «imposibilidad legal de controlar o supervisar la opinión del auditor (persona física), dado el carácter autónomo y absolutamente independiente de su labor». «No cabe hablar, por tanto, de supervisión, vigilancia y control de la firma auditora sobre la opinión que emita el profesional auditor. La Ley lo prohíbe», asevera.

Además, la consultora señala que dado que «la conducta de PwC no es constitutiva de delito alguno», debe decaer por tanto la exigencia de «cualquier responsabilidad civil directa y solidaria». Y añade que «la ampliación de capital en sí misma, así como la aprobación de las cuentas anuales de la entidad en los ejercicios 2015 y 2016, no pudieron generar ningún daño».

«Aunque algunas acusaciones atribuyen, sin más, el perjuicio sufrido a una inexactitud de las cuentas de tales ejercicios, es manifiesto que todas ellas vinculan su perjuicio a las consecuencias derivadas de la crisis final de Banco Popular, que desembocó en su resolución», puntualiza. Se estaba «sencillamente, ante la comercialización de nuevas acciones fruto de la decisión de la entidad de ampliar su capital social», añade.

Con todo, apunta que «las acusaciones reclaman una responsabilidad civil derivada de delito por importes absolutamente injustificados y que han sido cuantificados con base en criterios y metodologías dispares, igualmente arbitrarias».

La banca española cerró 2024 con unos resultados casi récord, aunque para el año que viene tendrá que encarar los «serios interrogantes» que plantea la incertidumbre geopolítica respecto a la economía española, según ha indicado la consultora Neovantas.

En concreto, la banca obtuvo por sus negocios en España (descontando la actividad internacional) unos beneficios de 15.771 millones de euros, un 35,3% superior a 2023. Esta cifra prácticamente iguala a la obtenida en 2007, si se ajustan los datos por inflación, explica la firma.

Neovantas ha indicado que la actividad hipotecaria y de crédito al consumo ha sido «intensa», en un contexto de tipos de interés a la baja. Este alza en volúmenes ha llevado a que los márgenes de intereses alcancen los 31.224 millones en 2204, un 10,2% más. De su lado, las comisiones se elevaron un 4,5%, hasta los 11.109 millones.

De cara a 2025, para la consultora las perspectivas son «positivas» por el favorable entorno macro de España, aunque «el entorno macroeconómico internacional es incierto y levanta serios interrogantes que pudieran afectar a la actividad económica del país. En todo caso, se estiman que los beneficios sigan aumentando durante el año que viene, gracias a la cobertura del riesgo de tipos de interés por las carteras ALCO y también por el efecto de volumen.

«2025 será un año crítico para los participantes de la gran banca española, porque se irán perfilando las líneas que dibujarán el futuro de este club exclusivo y de referencia», ha indicado el presidente de Neovantas, José Luis Cortina.

Podemos quiere bajar por ley los alquileres un 40%, Vox apuesta por priorizar a los españoles y el PP insiste en bajar impuestos

El PP, Vox y Podemos expondrán la próxima semana en el Pleno del Congreso sus medidas para afrontar los problemas relativos a la vivienda, como los altos precios de los alquileres o la difícil accesibilidad a una primera casa. Sus recetas serán después sometidas a votación.

Se trata de las mociones que cada uno de estos partidos ha registrado como consecuencia de las interpelaciones urgentes que dirigieron a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en la sesión de control del miércoles.

Aunque el PP, Vox y Podemos coinciden en que la vivienda pasa por momentos difíciles, las soluciones que plantean al respecto difieren, así como el foco donde ponen los problemas, según consta en esas mociones.

PODEMOS: BAJADA DE ALQUILER E ILEGALIZACIÓN DE DESOKUPA

Así, Podemos basa sus recetas, entre otros puntos, en rebajar por ley la cuantía de todos los alquileres un 40% con respecto a los precios actuales. La formación ‘morada’ ya ha expuesto esta propuesta en más ocasiones e incluso la ha puesto como condición ‘sine qua non’ para sentarse a negociar los Presupuestos con el PSOE.

A esto se suma otra propuesta para prohibir la compra de vivienda para fines distintos a fijar la residencia del adquiriente o sus familiares directos y proceder a la ilegalización de grupos como ‘Desokupa’, que a su juicio tienen como actividad «coaccionar a personas vulnerables para obstaculizar el ejercicio de su derecho a la vivienda digna».

Podemos también plantea modificar la duración legal de los contratos de arrendamiento de vivienda, pasando de cinco o siete años a indefinidos; e incorporar de forma inmediata las viviendas de alquiler de temporada y habitaciones a la regulación de la vivienda en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

VOX: PRIORIZAR A ESPAÑOLES Y DEROGAR LA LEY DE VIVIENDA

Por parte de Vox, la formación plantea garantizar la prioridad nacional en el acceso a bonificaciones fiscales y otras ayudas en materia de vivienda, al tiempo que reclama que se derogue la Ley de Vivienda.

La formación liderada por Santiago Abascal propone condicionar la aprobación de la concesión de suelo público, así como las bonificaciones o subvenciones para la urbanización y promoción de vivienda a la satisfacción de las necesidades habitacionales de los españoles.

A su vez, el grupo reclama que se ponga fin a todo tipo de medidas fiscales favorables para los ciudadanos extracomunitarios y discriminatorias para los españoles en el acceso a la compra de vivienda. También exige que todas las viviendas que hayan contado con financiación o subvenciones públicas sirvan para satisfacer las necesidades habitacionales de los españoles cuando se haya producido su desclasificación.

PP: REDUCIR EL IVA EN LA PRIMERA VIVIENDA

Por último, el PP expondrá su batería de medidas, donde se incluye una propuesta para reducir el IVA al 4% a los menores de 40 años que adquieran su primera vivienda de nueva construcción.

Asimismo, el Grupo Popular plantea poner suelo de titularidad pública en el mercado para la construcción de vivienda a precios asequibles y hacerlo con transparencia, a través de un portal como herramienta de información abierta que permita consultar parcelas públicas disponibles

Al mismo tiempo, la formación de Alberto Núñez Feijóo insta al Gobierno a agilizar los mecanismos de la administración pública para que los informes sectoriales se emitan en el plazo establecido y acelerar los procesos de transformación del suelo finalista, con el fin de construir vivienda y los plazos de diez o doce años a la mitad.

Asimismo, el PP quiere que se limite la nulidad por defectos formales de los planes generales urbanísticos, algo que el PSOE también defendía en su propuesta de Ley del Suelo.

Por último, el Grupo Popular exige ampliar los avales en vivienda hasta los 40 años y luchar contra la ocupación ilegal de viviendas y que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan ser expulsadas en un plazo de 24-48 horas.

El chocolate y la electricidad se encarecen más de un 20% en el último año y el aceite de oliva baja de precio casi un 22%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 0,2% en enero en relación al mes anterior y elevó una décima su tasa interanual, hasta el 2,9%, su valor más alto desde el pasado mes de junio, cuando se situó en el 3,4%, según datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato interanual de enero (2,9%) es una décima inferior al avanzado por Estadística a finales del mes pasado (3%), pero el mensual (0,2%) sí coincide con el estimado inicialmente.

El organismo ha explicado que el repunte del IPC hasta el 2,9% se debe al encarecimiento de los carburantes y a los precios de la electricidad, que en enero aumentaron más que en el mismo mes del año anterior.

En concreto, el grupo de transporte elevó siete décimas su tasa interanual en enero, hasta el 1,3%, por la subida de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada que experimentaron en enero del año anterior. Por su parte, el grupo de vivienda incrementó cinco décimas su tasa, hasta el 7,9%, por el encarecimiento de la electricidad.

En este sentido, cabe recordar que a partir del 1 de enero de este año, el IVA de la electricidad ha vuelto a situarse en el 21%, frente al tipo del 10% que se estuvo aplicando hasta el 31 de diciembre de 2024.

Según el INE, la tasa interanual de la inflación a impuestos constantes –sin tener en cuenta las últimas variaciones de impuestos–, se situó en enero en el 2,3%, dos décimas más que en diciembre de 2024 y seis décimas por debajo de la tasa general.

Frente a los repuntes de los grupos de transporte y vivienda, el grupo de ocio y cultura recortó 1,3 puntos su tasa interanual en enero, hasta el 1,9%, debido a que los precios de los paquetes turísticos bajaron más que en igual mes de 2024.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado en un comunicado que el repunte de la inflación en enero hasta el 2,9% se explica por el aumento de los precios de los carburantes y de la electricidad, al tiempo que ha destacado que la inflación de los alimentos se mantuvo en enero en el 1,8%, más de un punto por debajo de la inflación general.

«En este buen comportamiento es especialmente relevante la bajada del precio del aceite de oliva, un 21,9% en el último año», subraya el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Con el avance del IPC interanual en el primer mes del año 2025, la inflación encadena cuatro meses consecutivos de ascensos y alcanza su valor más alto desde junio, cuando se situó en el 3,4%.

Por su parte, la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuyó dos décimas en enero, hasta el 2,4%, quedándose seis décimas por debajo del índice general. Este dato coincide con el avanzado por Estadística a finales del mes pasado.

«España sigue manteniendo el mayor crecimiento entre las principales economías de la zona euro, que está siendo compatible con una moderación de los precios y las ganancias de poder adquisitivo de los ciudadanos», ha resaltado Economía.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) escaló una décima en enero, hasta el 2,9%, y disminuyó un 0,1% en valores mensuales.

EL CHOCOLATE DISPARA SU PRECIO UN 24,9% Y LA LUZ, MÁS DE UN 20%

En el último año (enero de 2025 sobre enero de 2024), lo que más subió de precio fue el chocolate (+24,9%), el transporte marítimo de pasajeros (+21,7%), la joyería y bisutería (+20,7%), la electricidad (+20,5%) y otros aceites (+12,4%).

Por contra, lo que más se ha abaratado en el último año han sido el aceite de oliva (-21,9%), el transporte ferroviario de pasajeros (-20,6%), el azúcar (-14,9%), los equipos de telefonía móvil (-10,4%) y los ordenadores personales (-7,7%).

La caída del precio del aceite de oliva en un 21,9% es la más pronunciada desde julio de 2007. En valores mensuales (enero de 2025 sobre diciembre de 2024), el ‘oro líquido’ se abarató un 7,2%. Pese a todo, desde enero de 2021, acumula un incremento en su precio del 116%.

SUBIDA MENSUAL DEL 0,2%, LA MAYOR EN UN MES DE ENERO EN 25 AÑOS

En términos mensuales (enero de 2025 sobre diciembre de 2024), el IPC se incrementó un 0,2%, tres décimas más de lo que aumentó en diciembre. Es el mayor repunte de la inflación en un mes de enero desde el año 2000.

Con el repunte de enero, la inflación acumula cuatro meses consecutivos de ascensos mensuales.

El avance mensual del IPC obedece al incremento de precios en el grupo de vivienda en un 3,8% por la electricidad y a la subida del grupo de transporte en un 0,8% por el encarecimiento de las gasolinas.

Por contra, en enero se desplomaron un 11,2% los precios del vestido y el calzado por las rebajas de invierno, y el grupo de ocio y cultura recortó su tasa mensual un 3,3% por el abaratamiento de los paquetes turísticos.

En concreto, lo que más subió de precio en enero fue la luz (+11,1%) y la recogida de basura (+5,8%), mientras que lo que más bajó fue el transporte ferroviario (-20,6%) tras las ayudas del Gobierno y las comunidades autónomas aplicadas a este sector.

PAÍS VASCO Y BALEARES, LAS COMUNIDADES CON MÁS INFLACIÓN

Al finalizar enero, todas las comunidades autónomas presentaban tasas positivas de IPC, todas ellas por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE).

Así, las comunidades con las tasas más elevadas de inflación a cierre del primer mes del año fueron País Vasco (3,5%), Baleares (3,4%), Aragón y Asturias (3,2% en ambos casos), Madrid y Comunidad Valenciana (3,1%) y Cataluña y Navarra (3%).

Por contra, las tasas interanuales más moderadas de IPC se registraron en Canarias (2,1%), Murcia (2,3%) y Castilla-La Mancha (2,5%), Murcia (2,6%) y La Rioja, Galicia, Castilla y León y Cantabria, las cuatro con una tasa del 2,7%.

Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron al finalizar enero un IPC del 2,3% y del 2,8%, respectivamente.