Gerrit De Vynck y Joshua Brustein para Bloomberg
El apoyo irrestricto de las empresas tecnológicas a los hijos de inmigrantes indocumentados podría dar pie al mayor enfrentamiento con el presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso.
Los ejecutivos de Microsoft, Facebook y Alphabet condenaron fuertemente la decisión del presidente Donald Trump de ponerle fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que permite a los niños que llegan a los Estados Unidos como inmigrantes indocumentados trabajar y matricularse en la universidad. El mandatario dio al Congreso seis meses para aprobar una ley que reemplace el programa. Si no sucede podría abrir un nuevo frente en la intermitente guerra entre las tecnológicas más poderosas del mundo y el gobierno de los Estados Unidos.
Microsoft pide dar prioridad a un programa que reemplace al DACA
“Vamos a luchar para ayudar a que esto se resuelva. No sólo para la gente que está en DACA, sino para todos los soñadores y los indocumentados”, manifestó Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, en conversación en directo con tres beneficiarios del programa, que son conocidos como soñadores.
Brad Smith, jefe jurídico de Microsoft, instó al Congreso a dar prioridad a la búsqueda de un programa que reemplace a DACA y luego dijo en la radio que el gobierno tendría que “pasar encima de nosotros” si intenta deportar a los soñadores empleados por la compañía.
“Saber directamente de los ejecutivos tecnológicos que son ellos quienes apoyan a esta generación, nunca había ocurrido, no en la medida en que sucede ahora”, sostuvo Elizabeth Vilchis, una soñadora que trabaja en Samsung Next, la unidad de inversión de la compañía.
Un plazo de seis meses
Vilchis agregó que tanto ella como otros soñadores esperan que las empresas tecnológicas más poderosas conviertan sus palabras en acciones, como demandar al Ejecutivo o dar a los empleados afectados la opción de mantener sus puestos laborales mediante transferencia a otros países. Ella tiene dudas de que seis meses sea suficiente tiempo para que el Congreso promulgue un reemplazo a la legislación y se prepara para el peor escenario.
Ava Benach, una abogada de inmigración con sede en Washington, dijo que el sector tecnológico ha sido el más crítico ante la decisión de Trump. Ella atribuye la agresividad de Silicon Valley a un deseo de permanecer en línea con sus clientes, un contraste con otras de las prioridades de inmigración, como el programa de visas H-1B, que afectan a una gran proporción de su fuerza laboral.
Amazon y Microsoft se han unido en una petición dirigida por una coalición de gobiernos estatales en apoyo al DACA
Microsoft solicita miles de visas H-1B anualmente, por ejemplo, pero dicen tener 39 empleados cuyo estatus migratorio depende de DACA. “Para los 39 empleados de Microsoft, hay más de 800.000 titulares de DACA que usan productos de Microsoft y quieren sentirse bien al respecto”, apuntó Benach.
El sector tecnológico, que emplea a muchos trabajadores nacidos en el extranjero, ha sido más abierto que otras industrias en materia de inmigración, lo que llevó a demandas contra la orden de Trump de prohibir la inmigración de algunos países musulmanes en 2017. Amazon y Microsoft ya se han unido en una petición dirigida por una coalición de gobiernos estatales en apoyo al DACA.
Si el programa no es reemplazo, los trabajadores eventualmente perderán su derecho a trabajar
También está el hecho de que California, hogar de Silicon Valley, pierde mucho con la desaparición de DACA. El estado tiene alrededor de 200.000 soñadores ocupados, el doble de la concentración más próximas que es Texas, según el Center for American Progress. Esos trabajadores contribuyen con un estimado de 11.600 millones de dólares (9.600 millones de euros) a la economía de California cada año.
Sin garantía
No hay garantías de que el Congreso actúe. La legislatura tiene un calendario otoñal muy ajustado y algunos conservadores se oponen totalmente a la inmigración.
Si el programa no es reemplazo, los trabajadores eventualmente perderán su derecho a trabajar, poniéndolos a ellos y a sus empleadores en el limbo legal. Algunos temen que las autoridades puedan usar la información personal que los solicitantes proporcionan para obtener permisos de trabajo para deportarlos. Aunque Trump ha dicho que no es su intención, según Vilchis, quien fue hasta los Estados Unidos proveniente de México a los siete años de edad, no hay garantías.
“Esta administración no va a ir a ninguna parte durante los próximos dos años”, elaboró. “Puedo ir a un país que me apoye, donde me ayuden a crecer, me ayude a avanzar, o puedo sentarme aquí, preocupada y llena de ansiedad, de que mi información sea usada en mi contra”.
