El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ha propuesto un nuevo borrador del presupuesto UE 2028-2034 que recorta 204.000 millones de euros respecto al primer texto de la Comisión y abre la puerta a un impuesto del 3% sobre las grandes tecnológicas. He leído el documento con la sensación de estar ante un ejercicio de equilibrismo. Menos dinero para casi todo, pero una fuente de ingresos nueva para que los Estados miembros no tengan que poner tanto de su bolsillo.
La primera propuesta de la Comisión llegó en 2025 y un grupo de países del norte, con Alemania a la cabeza, la consideró sobredimensionada. Costa recoge esa crítica y la traduce en cifras. El resultado es un marco financiero plurianual más pequeño y con una novedad de calado: el recorte toca de forma explícita los fondos de cohesión, algo que no había ocurrido en ningún ejercicio anterior.
Un 10% menos y tres nuevos canales de ingresos
El ajuste equivale a cerca del 10% del marco financiero plurianual, según el planteamiento que Costa ha trasladado a las capitales. Estos son los elementos centrales del borrador:
- Un recorte de 204.000 millones de euros frente al texto que la Comisión presentó en 2025.
- Una reducción del 10% en el volumen total del marco financiero plurianual 2028-2034.
- El primer recorte explícito de los fondos de cohesión en la historia del presupuesto comunitario.
- Una cesta de nuevos recursos propios: impuesto digital del 3%, gravamen sobre el tabaco y tasas sobre residuos electrónicos.
- El objetivo declarado de mantener «las contribuciones nacionales en un nivel razonable».
La lógica política se sigue sin dificultad. Si Bruselas recauda por su cuenta, los países que aportan pueden aceptar un marco más estrecho sin que el gasto se desplome de golpe. Eso sí, el dinero nuevo no sale del aire: sale de las tecnológicas, del tabaco y de los residuos electrónicos.
El impuesto digital: umbrales altos y base estrecha
El gravamen se aplicaría a empresas con una facturación digital de al menos 50 millones de euros en la UE y 750 millones a nivel mundial. La base no es el beneficio, sino los ingresos: un 3% de la facturación neta anual procedente de publicidad en línea, servicios de intermediación digital y datos generados por los usuarios. En la práctica, el diseño apunta a un puñado de grupos estadounidenses y a algún operador europeo de plataformas.
«Es un presupuesto realista que atiende nuestras nuevas prioridades sin renunciar a nuestras políticas consolidadas.» — Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, presentación del borrador, 21 de noviembre de 2026
Costa completó el mensaje con una segunda idea: el texto es, en su opinión, «una buena base para avanzar hacia un acuerdo final». La respuesta francesa llegó antes de que se enfriara el comunicado.

Lo que veo: un pulso entre contribuyentes netos y beneficiarios
Lo que veo en este borrador no es tanto un presupuesto como una jugada de procedimiento. Costa no tiene la última palabra, ni él ni la Comisión, y su texto está diseñado para sobrevivir a la primera ronda de vetos. Cambiar el impuesto corporativo por un gravamen digital tiene una virtud táctica: rebaja el coste político de los países que aportan y traslada el foco a las empresas. También tiene un defecto visible. Si París lo rechaza de entrada, el equilibrio se rompe antes de empezar.
Hay un riesgo que las cifras no resuelven. Un marco más pequeño con más recursos propios puede contentar a los contribuyentes netos y, al mismo tiempo, dejar a los beneficiarios con menos capacidad de ejecución en cohesión y política agrícola. Y el impuesto digital abre un frente externo: Washington ya utilizó en 2020 las tasas unilaterales sobre sus tecnológicas como argumento para abrir investigaciones comerciales.
«Tal como está, esta propuesta del presidente del Consejo Europeo no constituye una base para el acuerdo.» — El Elíseo, comunicado del 21 de noviembre de 2026
El primer examen real llega la próxima semana, cuando los líderes europeos se reúnan en Bruselas. El objetivo sigue siendo un acuerdo general antes de que termine 2026, con adopción formal a lo largo de 2027. Si el calendario se rompe, la Comisión tendrá que prorrogar el marco actual.
🌍 El impacto en España y Europa
España entra en esta negociación en el lado de los beneficiarios netos, y ahí está el problema. Un marco más pequeño reduce las transferencias previstas para cohesión y política agrícola, dos partidas que sostienen buena parte de la inversión pública autonómica y la renta de los agricultores.
- Euríbor: el efecto es indirecto. El presupuesto comunitario no mueve tipos y el Euríbor a 12 meses seguirá dependiendo del BCE. El canal de transmisión es la deuda pública: menos transferencias implican más presión sobre la financiación del Estado y de las comunidades autónomas.
- Inflación y poder adquisitivo: el impuesto digital no se trasladaría de forma automática al consumidor español, pero podría encarecer la publicidad en plataformas para las pymes que las usan como canal de venta.
- Empresas: pocas compañías españolas superan los umbrales del gravamen. El riesgo para el IBEX llega por la vía comercial, si la tasa reabre disputas arancelarias con Estados Unidos.
- BCE y política fiscal: un acuerdo retrasado obligaría a prorrogar los programas actuales y debilitaría el mensaje de disciplina fiscal que Bruselas quiere trasladar a los mercados.





