El mercado de emisiones ETS2 encarecerá la calefacción y los carburantes desde 2027

El real decreto-ley sitúa la obligación sobre los distribuidores de combustibles, que repercutirán el coste en el surtidor y en la caldera. Bruselas puede retrasar la entrada en vigor un año si la energía se encarece antes de 2027.

El mercado de emisiones ETS2 ya es norma en España. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley que lo transpone y que, a partir de 2027, encarecerá la calefacción de los edificios y los carburantes del transporte por carretera.

La norma, aprobada a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), completa la transposición de las últimas reformas del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea. Incorpora el nuevo sistema para edificios y carretera y adapta el marco regulatorio español a los objetivos climáticos y energéticos de Bruselas, según la nota de prensa del ministerio.

Publicidad

No hay una tasa nueva con nombre propio. Tampoco una línea extra en la factura de la luz. El mecanismo entra por otra puerta.

Quién paga el ETS2: los distribuidores, no los hogares

La mecánica es aparentemente inocua. A partir de 2027, los distribuidores de gasóleo, gasolina, gas natural y gases licuados del petróleo tendrán que entregar un derecho de emisión por cada tonelada de CO₂ que generen los combustibles que liberan al mercado. Los obligados son ellos, no el consumidor. En la práctica, el coste se traslada al surtidor y a la caldera por la vía del precio.

El esquema replica el de la industria y la generación eléctrica, que funciona desde 2005. Aquel mercado pasó de ser un ensayo con precios casi simbólicos a un coste real: el derecho ha cotizado en los últimos ejercicios en una horquilla que ha llegado a los 90 euros por tonelada. La diferencia es de escala. El primer régimen tenía un destinatario identificable —la eléctrica, la cementera, la acería— y el nuevo se diluye en miles de gasolineras y en las calderas de las comunidades de vecinos.

El ETS2 no crea una tasa visible. Crea un coste difuso que se paga litro a litro y que ningún Gobierno podrá señalar con el dedo en un recibo.

El motivo de crear un régimen aparte es que esos dos sectores se quedaron fuera del mercado original. Edificios y carretera estaban cubiertos por el reparto de esfuerzos, un sistema de objetivos nacionales vinculantes que se cumplía —o no— sin precio explícito por tonelada. La reforma europea cambia el instrumento: donde había una meta política, ahora hay una señal de coste.

El alcance no es menor. Los dos regímenes cubrirán en torno a tres cuartas partes de las emisiones europeas, según los cálculos que maneja Bruselas, y el sistema llega a un territorio que hasta ahora no pagaba por emitir: la calefacción de los edificios y el tubo de escape. Más contexto sobre el diseño del instrumento, en la ficha del régimen europeo de comercio de derechos.

Los distribuidores deberán monitorizar, reportar, y justificar los volúmenes que ponen en el mercado. La directiva europea exige además que los ingresos de las subastas se dediquen a fines climáticos y sociales. La transposición debe concretar ese destino; el reparto fino queda para el desarrollo reglamentario.

Calendario: 2027, con una cláusula que puede retrasarlo

El calendario europeo sitúa la puesta en marcha en 2027, pero la directiva incorpora una cláusula de escape: si los precios de la energía se disparan en el periodo previo, Bruselas puede retrasar la entrada en vigor hasta 2028. No es una condición automática ni una decisión libre. Está atada a umbrales concretos y a un informe de la Comisión Europea.

ETS2 España

El precio del derecho no está fijado en la norma. Se formará en subasta, igual que en el régimen industrial, con un mecanismo de estabilidad que permite inyectar derechos adicionales si la cotización se desborda en los primeros años. Nadie discute ya la escasez: el objetivo declarado es que el carbono cueste, y que cueste lo suficiente para mover decisiones de compra en calderas y vehículos.

A escala europea, el Fondo Social por el Clima, dotado con 65.000 millones para el periodo 2026-2032 según el reglamento comunitario, canalizará parte de esos ingresos hacia hogares vulnerables, pymes y usuarios de transporte. Es la pieza que debe hacer digerible el mecanismo. Y es, a la vez, su punto más frágil.

El diseño europeo devuelve el dinero por la vía del fondo social, pero cobra por la vía del surtidor: primero el coste, después la compensación.

El precedente alemán sirve para calibrar el aterrizaje. Alemania aplica desde 2021 un régimen nacional de derechos para calefacción y transporte, primero con precio fijo y después con subasta, que debe integrarse en el ETS2 en 2027. La experiencia dejó una lección útil: el coste pasó desapercibido mientras el precio fue bajo y se convirtió en asunto de campaña cuando subió.

La aritmética del litro, el riesgo rural y el dinero que vuelve

Con los factores de emisión estándar, cada litro de gasolina emite unos 2,3 kilos de CO₂ y cada litro de gasóleo, alrededor de 2,6. Trasladado a precios del carbono, el resultado es una horquilla: con un derecho a 45 euros por tonelada, el sobrecoste ronda los 10 céntimos por litro de gasolina y los 12 en el diésel; con 80 euros, se va a 18 y 21 céntimos. En el gas natural de calefacción el impacto por kilovatio hora es menor —en torno a un céntimo en el escenario bajo—, pero se acumula en la factura de invierno. Son estimaciones aritméticas, no cifras oficiales, y variarán con el precio final de la subasta.

El mapa de afectados no es homogéneo. Un hogar urbano con transporte público y bomba de calor apenas lo notará. Una vivienda rural con calefacción de gasóleo, coche diésel y sin alternativa de movilidad asume el coste completo. Ese reparto es la contradicción central del diseño: el ETS2 grava el consumo, no la capacidad de pagar.

La compensación existe, pero llega por otra vía y con otro ritmo. El fondo europeo opera con planes nacionales y pagos periódicos, mientras que el sobrecoste aparece cada vez que se reposta o se enciende la caldera. Esa asimetría —coste mensual, ayuda anual— es la que suele convertir un instrumento técnico en un conflicto político.

Hay un segundo riesgo, menos discutido: la profundidad del mercado. El ETS2 arrancará con un número reducido de participantes obligados y un volumen de derechos que se irá ajustando. Los mercados estrechos se mueven con violencia en episodios de frío o de tensión geopolítica, y un pico de precio en el primer invierno condicionaría la percepción pública del sistema durante años.

De momento no hay señal de una rebaja compensatoria en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el tributo que ya grava cada litro. El nuevo mercado se suma, no sustituye. Esa decisión —mantener la fiscalidad existente y añadir el coste del carbono— es la que determinará si el impacto final se queda en unos céntimos o se convierte en un asunto de factura doméstica.

El hito a seguir es la primera subasta de derechos, prevista para 2027, y el precio al que cierre. Si cotiza bajo, el ETS2 será durante un tiempo poco más que un trámite contable. Si se instala por encima de los 80 euros, la discusión sobre quién paga la descarbonización volverá al centro del debate político antes de lo que Bruselas había calculado.

Publicidad

Publicidad