Contrato de la DGT para drones: 1,3 millones de emergencia para tapar la quiebra de Eliance

Tráfico sostiene la vigilancia aérea con aparatos que vuelan a 120 metros y no pueden sancionar excesos de velocidad. CCOO calcula que no estarán operativos hasta 2027 y reclama reactivar la flota de Cuatro Vientos.

El contrato de emergencia de la DGT para drones asciende a 1,3 millones de euros. La crisis de Eliance ha dejado en el suelo los once helicópteros que vigilaban las carreteras desde el aire.

Claves de la operación

  • 1,3 millones por la vía de emergencia. Tráfico adjudica sin concurso abierto la compra de aparatos de mayor capacidad para sostener la vigilancia aérea y la detección de infracciones.
  • Once helicópteros preservados en Cuatro Vientos. Eliance, en concurso de acreedores, no garantiza la seguridad de las aeronaves que operaba y mantenía para la DGT.
  • El negocio cae del lado de los UAV. Los operadores de drones ganan un cliente público urgente mientras el sindicato avisa de que los aparatos actuales no pueden sancionar excesos de velocidad.

La Dirección General de Tráfico comunicó el miércoles 18 de noviembre la contratación de emergencia de drones por 1,3 millones de euros. Once helicópteros de la DGT siguen parados en Cuatro Vientos en fase de preservación, término administrativo para una flota que hoy nadie puede volar.

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El motivo no es técnico. Eliance, la compañía que operaba y mantenía esas aeronaves para Tráfico, está en concurso de acreedores y no puede garantizar la seguridad de los aparatos. La quiebra del operador ha convertido la unidad aérea en mobiliario de hangar. Reunir toda la flota en Madrid fue la primera respuesta; el contrato de drones, la segunda.

Un helicóptero parado se avería más rápido que uno en servicio

CCOO convocó esta semana una protesta frente a la Unidad de Medios Aéreos y los centros de gestión de tráfico. Los pilotos advierten de que los aparatos almacenados se degradan sin remedio y que recuperarlos después costará más que mantenerlos. El sindicato defendía otro contrato de emergencia: combustible, recambios y servicios de ingeniería para devolver los helicópteros al aire.

Los números que maneja la representación sindical explican el escepticismo. Fernando García Castro, secretario general de FSC-CCOO en el Ministerio del Interior, detalla que los aparatos que se van a adquirir vuelan a un máximo de 120 metros de altura, alcanzan 80 kilómetros por hora y tienen 40 minutos de autonomía. Con ese techo operativo no se puede sancionar un exceso de velocidad, y esa es una parte sustancial de la función del medio aéreo.

Sustituir un helicóptero por un dron no es un cambio de proveedor: es renunciar a una capacidad y llamarlo modernización.

Los plazos tampoco acompañan. Según el mismo sindicato, los nuevos drones no estarán operativos, como muy pronto, hasta 2027. Hasta entonces la vigilancia aérea queda coja, y la flota preservada corre el riesgo de sufrir daños irreversibles. CCOO ya describió como casi de juguete los drones disponibles hasta ahora; de ahí la premura del contrato.

El agujero sancionador que el dron no tapa

El historial invita poco al optimismo. En los últimos ocho años, los drones adquiridos por la DGT apenas han acumulado 500 horas de vuelo, según las mismas fuentes sindicales. Los aparatos Thyra tuvieron que retirarse por fallos de seguridad: se volvían incontrolables, no obedecían al operador y provocaron incidentes en las proximidades de las carreteras. Un dron descontrolado sobre una vía con tráfico no es un problema administrativo, es un riesgo físico.

Ahí está la paradoja económica del expediente. Tráfico compra capacidad aérea de urgencia por 1,3 millones de euros mientras once helicópteros ya pagados, con tripulación formada, esperan repuestos. El coste de los drones se suma al de los helicópteros parados, no lo sustituye. El ahorro que promete la tecnología no aparece en ninguna línea del contrato: solo el gasto.

Quién cobra la emergencia y quién asume el riesgo

El negocio inmediato es para los operadores de UAV. El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público permite tramitar de emergencia cuando la necesidad es inaplazable, sin publicidad ni concurrencia; el comprador negocia con muy pocos proveedores y pierde presión sobre el precio. En un mercado de vehículos aéreos no tripulados todavía pequeño en España, esa urgencia se traduce en margen para el adjudicatario y en dependencia para la Administración.

La comparación con el IBEX 35 ayuda a dimensionar el problema. Indra, el grupo español con negocio de gestión de tráfico aéreo y sistemas no tripulados, vende plataformas, integración y mantenimiento; compite por contratos industriales de largo plazo, no por horas de vuelo de urgencia. La DGT compra un parche operativo a operadores muy frágiles, con estructuras pequeñas y una dependencia total de la adjudicación. Es el mismo diseño que permitió a Eliance operar un servicio crítico con una estructura financiera que no lo soportaba.

Conviene recordar de dónde viene esta unidad. La vigilancia aérea de Tráfico se ha construido durante décadas sobre helicópteros con base en Cuatro Vientos y un modelo externalizado que funcionó mientras el contratista aguantó. La DGT concentró en un solo proveedor toda su capacidad aérea. Cualquier solución que no diversifique ese riesgo —más operadores, contratos por lotes, flota propia— volverá a repetir el episodio con otro nombre.

El calendario por delante es concreto: la evolución del concurso de Eliance, la posible recuperación de los once helicópteros y la entrada en servicio de los drones, que el sindicato sitúa ya en 2027. Entre medias, las carreteras españolas tendrán menos ojos en el aire que hace un año. En seguridad vial, eso no es un adelanto tecnológico. Es una resta.


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