Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) cuestiona que el debate sobre la incapacidad temporal se centre en el gasto y la asocie con el fraude. Su autor, Miguel Arenas Gómez, investigador del centro UOC-DIGIT y profesor de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la universidad, sostiene que las bajas responden a factores estructurales y reivindica su función de protección de las personas trabajadoras enfermas.
En 2025 se registraron en España casi seis millones de procedimientos de incapacidad temporal. En un artículo publicado en la revista Labos, Arenas analiza la estigmatización de esta prestación cuando se aborda desde una perspectiva macroeconómica. El investigador cuestiona el planteamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que, según explica, propone endurecer el acceso a la prestación y reducir el subsidio económico como vías para controlar el gasto.
Factores estructurales y diferencias por género
El estudio señala entre los factores asociados a las bajas el envejecimiento de la población activa, el retraso de la edad de jubilación, las listas de espera sanitarias y los riesgos psicosociales. También relaciona la duración de los procesos con las dificultades de acceso a la atención primaria y a las especialidades médicas, y menciona problemas vinculados al trabajo digital, como el tecnoestrés, la falta de desconexión y el desgaste profesional.
Los datos de 2025 muestran diferencias por género: las mujeres iniciaron más de 3,1 millones de procesos y los hombres, algo más de 2,6 millones. La duración media fue de 37 días en las mujeres y de 40,3 días en los hombres. El artículo relaciona la mayor incidencia entre las mujeres con su presencia en empleos feminizados y expuestos a precariedad o presión psicofísica, como la sanidad, la educación y los cuidados. También indica que los trabajadores más jóvenes acumulan más bajas, pero de menor duración que los mayores.
Propuestas de prevención y reincorporación
El artículo plantea reformar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptar el sistema preventivo a los modelos productivos actuales y situar la prevención psicosocial en el centro de la organización del trabajo. Asimismo, propone frenar el desplazamiento del control médico de las contingencias comunes hacia las mutuas colaboradoras.
Entre las medidas que propone figuran reducir las listas de espera, agilizar los trámites burocráticos del personal médico de atención primaria y potenciar la reincorporación laboral mediante procesos de incapacidad temporal flexibles o parciales. Arenas defiende que la salud laboral se considere una inversión ética y productiva, en lugar de limitar el debate a su coste.
Referencia: Arenas Gómez, A. (2026). «El debate sobre el absentismo laboral a través del prisma de la incapacidad temporal. Realidad estadística, gestión institucional y complejidad normativa», Labos, 7(2). https://doi.org/10.20318/labos.2026.10648.





