El programa electoral de Vox para el 29N convierte la nuclear en su principal palanca energética. La formación de Santiago Abascal promete derogar el calendario de cierre de las centrales y abrir estudios para levantar nuevos reactores en terrenos colindantes a los emplazamientos actuales.
El documento, resumido por el partido bajo el lema Es sentido común, coloca la ‘reindustrialización radical’ y la autonomía de suministro en el centro de su propuesta económica. El contraste con el PSOE es frontal: los socialistas mantienen el apagón nuclear en 2035 y elevan al 81% el objetivo de electricidad renovable en 2030, mientras Vox reclama aprobar de urgencia un plan nuclear nacional.
De alargar la vida útil a construir reactores nuevos
El eje nuclear del programa electoral de Vox tiene dos patas. La primera es derogar el calendario de clausura aprobado por el Gobierno. La segunda va más allá del mantenimiento: encargar estudios inmediatos para levantar nuevos reactores en suelo anexo a las centrales existentes, aprovechando la infraestructura de conexión, las licencias de emplazamiento y el tejido técnico ya asentado, y ejecutar los proyectos que resulten viables ‘con la mayor brevedad posible’, según el texto recogido por El Periódico de la Energía.
La posición no nace en esta campaña. En febrero de 2025, Vox votó a favor de la proposición no de ley que pedía prolongar la vida útil del parque nuclear español. En el plano autonómico, el partido condicionó su pacto de investidura con el PP en Extremadura a rebajar de forma progresiva la ecotasa que abonan las propietarias de Almaraz hasta dejarla bonificada en 2029. Dos gestos que anticipan la dirección que ahora formaliza en el programa del 29 de noviembre.
El giro convive con una paradoja. En el bloque dedicado al mundo rural, Vox se compromete a impedir el despliegue masivo de grandes instalaciones fotovoltaicas y eólicas para proteger la riqueza agrícola y el patrimonio natural, y no fija ningún objetivo de potencia renovable para 2030 ni para 2040. Es decir, frena la tecnología que hoy aporta en torno a la mitad de la electricidad del país, según los datos de Red Eléctrica, y acelera la que ronda el 20%, sin explicar con qué mix se cubre la demanda entre la entrada en servicio de un reactor y la siguiente.
La nuclear deja de ser un debate de calendario: Vox propone construir, no solo alargar, y lo hace sin decir cuánto costará ni con qué financiación.
Redes sin tope inversor y una rebaja fiscal sin cifras
El segundo bloque del programa ataca el cuello de botella que la industria lleva años señalando. Vox propone eliminar el límite regulatorio a la inversión en redes eléctricas, la regla que ata la retribución de Red Eléctrica y de las distribuidoras a un porcentaje de la demanda y que, según los operadores, ha frenado la conexión de nueva demanda industrial, centros de datos y vivienda. A ello suma plazos máximos cerrados para las autorizaciones de líneas, subestaciones y puntos de acceso, y silencio administrativo positivo: si la administración no responde en plazo, el permiso se entiende concedido.
Quitar el tope a la inversión en redes es la medida con más consenso técnico del programa y, a la vez, la que el documento deja sin ninguna cifra.
En materia tributaria, el texto promete una ‘bajada masiva’ de los impuestos que soportan familias, pymes e industrias en el recibo eléctrico, suprimir la doble imposición, recortar el Impuesto de Sociedades y aprobar una ley de unidad de mercado. En octubre, el responsable de Economía, Energía y Desregulación del partido, José María Figaredo, concretó la propuesta estrella: un IVA del 4% permanente para luz, gas y agua y la supresión de los impuestos a la generación. El documento oficial, sin embargo, no fija tipos, no cuantifica cuánto costará ampliar las redes ni proyectar nuevos reactores, y no incluye calendario.

El historial de votaciones dibuja la misma línea. Vox fue el único grupo que votó en contra de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, la norma que cerró la puerta a nuevas autorizaciones de exploración de hidrocarburos y minerales radiactivos en territorio nacional; el programa promete ahora levantar esas restricciones. También fue el único grupo que rechazó la convalidación del último decreto de ayudas energéticas en la Diputación Permanente del Congreso y los paquetes anticrisis de 2022. El 26 de marzo de 2026 votó en contra del decreto que rebajaba al 10% el IVA energético, suspendía el impuesto a la generación y bonificaba peajes industriales por la guerra en Irán: lo consideró un parche frente a su exigencia de rebajas estructurales. El texto incluye además la suspensión de acuerdos internacionales y la derogación de las normas derivadas del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030, con mención expresa a los impuestos al CO₂ y al veto a los coches de combustión.
La campaña ha colocado además el foco en el terreno personal. Tras conocerse que Santiago Abascal percibe a través de su esposa el bono social térmico, una ayuda pública para gastos de calefacción de familias vulnerables, el dirigente defendió la legitimidad de la prestación por su condición de familia numerosa. El partido no propone tarifas sociales propias, ni la tarifa social única del PP ni una TUR intervenida, y concentra su receta para abaratar el recibo en impuestos, cargos regulatorios y una reforma del sistema de fijación de precios del mercado mayorista. En el debate económico del 13 de noviembre, Figaredo criticó el apagón del 28 de abril de 2025 y situó su duración en 24 horas, cuando el suministro empezó a restablecerse esa misma jornada.
La distancia entre el anuncio y la obra
Un reactor no se improvisa. Entre el estudio de emplazamiento y la primera electricidad hay un horizonte que la propia industria sitúa por encima de la década, con un coste unitario que los sobrecostes registrados en los proyectos europeos de Hinkley Point C y Flamanville han llevado por encima de los 10.000 millones por unidad, según los datos públicos de ambos desarrollos. El calendario de clausura que Vox quiere derogar tampoco es solo una decisión política: las centrales necesitan inversiones de seguridad nuclear y renovaciones de licencia que se planifican con años de antelación. Prometer estudios a la mayor brevedad no resuelve ese problema, lo aplaza.
La parte del programa con más recorrido es la de redes. El tope a la inversión es una reclamación compartida por los operadores, por los grandes consumidores industriales y por buena parte del sector renovable, y su revisión ha entrado ya en la agenda del próximo marco retributivo. Ahí Vox coincide con el diagnóstico que el PP ha incorporado a su propio programa y con el debate europeo sobre flexibilidad de red. La diferencia es de grado y de financiación: quitar el límite sin definir quién paga la expansión traslada la discusión al recibo o a los Presupuestos Generales del Estado.
El riesgo evidente está en la aritmética. Un programa que frena la fotovoltaica y la eólica a gran escala, apuesta por reactores que no estarán antes de 2040 y promete bajar impuestos sin decir cuánto deja de ingresar deja tres incógnitas abiertas. La primera, el suministro en la década de 2030, cuando el calendario vigente prevé cerrar las plantas que hoy aportan en torno a una quinta parte de la electricidad. La segunda, la factura pública de la ampliación de red. La tercera, la compatibilidad de ese mix con los objetivos de emisión que España mantiene con Bruselas y que el programa propone derogar.
El 29 de noviembre dirimirá cuánto de todo esto es propuesta y cuánto es eslogan. Cualquier escenario posterior a la cita electoral pasará por explicar cifras: el coste de los nuevos reactores, la retribución de las redes y el hueco fiscal de la rebaja. Mientras esas cuentas no aparezcan, el plan nuclear de Vox funciona como declaración de intenciones con fecha de caducidad: la de la próxima negociación presupuestaria.





