Aliança Catalana quiere condicionar las ayudas vivienda en Cataluña a un mínimo de años de empadronamiento previo. La formación independentista defiende que la promoción pública sea complementaria a la privada y se dirija a colectivos como los jóvenes catalanes y las familias numerosas, bajo el lema ‘primero, los de casa’.
La propuesta la ha detallado Aurora Fornos, secretaria de Política Institucional de Aliança Catalana, en una entrevista con idealista/news. Es una declaración política sin norma publicada ni trámite parlamentario abierto: no hay importes, plazos ni articulado, de modo que cualquier cifra debe tomarse como no verificada. La formación no ha precisado cuántos años de empadronamiento exigiría.
Qué propone Aliança Catalana en vivienda: del aval a la entrada al fin de los topes al alquiler
El primer eje es desmontar la arquitectura regulatoria desplegada en Cataluña desde 2023. Aliança Catalana plantea revocar las declaraciones de zona de mercado residencial tensionado, elevar el umbral de gran tenedor al nivel estatal de más de diez viviendas, eliminar los topes de precios en todas las modalidades, incluidos temporada y habitaciones, y aplicar desalojos exprés. La comunidad declaró zonas tensionadas en casi 300 municipios y rebajó a cinco viviendas el umbral de gran tenedor, frente a las más de diez de la Ley estatal por el derecho a la vivienda.
En materia fiscal y financiera, propone avales públicos para los jóvenes que pueden pagar una cuota pero no han ahorrado la entrada, cubriendo parte del desembolso inicial. A eso suma la supresión del ITP -el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que en Cataluña ronda el 10%- en la compra de la primera vivienda, excluyendo a inversores y segundas residencias. En alquiler, plantea garantías públicas frente al impago y deducciones en el IRPF por los ingresos del alquiler de vivienda habitual.
En lo urbanístico, eliminaría la reserva del 30% de vivienda protegida en promociones nuevas y grandes rehabilitaciones de Barcelona, aprobada en 2018 con Ada Colau en la alcaldía y el voto favorable de PSC, ERC, Junts y la CUP. También promete reducir los informes preceptivos para que una licencia de obra nueva se conceda en tres meses; hoy, según su diagnóstico, se tarda entre nueve y doce.
El discurso encaja en el marco que la formación cultiva: menos intervención, más oferta privada y un criterio de arraigo para el gasto público. Fornos atribuye parte de la subida de precios a la presión migratoria. La lectura de MERCA2.ES es que el paquete mezcla medidas de oferta con una batalla cultural por quién tiene derecho a la ayuda. Ahí el ‘primero, los de casa’ deja de ser un eslogan y se convierte en un criterio jurídico discutible.
Exigir años de empadronamiento para una ayuda pública es, cuanto menos, discutible desde el principio de igualdad que consagra el artículo 14 de la Constitución.
Por qué revertir las zonas tensionadas de Cataluña no depende solo de un decreto
El pulso no es nuevo. Cataluña fue la primera comunidad en endurecer la Ley de Vivienda estatal: bajó el gran tenedor a cinco pisos, amplió los topes a temporada y habitaciones y mantuvo la reserva del 30% en Barcelona. Aliança Catalana propone lo contrario, pero revertirlo exige mayoría parlamentaria y ninguna encuesta le atribuye hoy escaños para gobernar sola. Es más una posición de negociación que un programa ejecutable.
Hay un flanco económico que la formación no cuantifica. Suprimir el ITP costaría varios cientos de millones al año, según admite Fornos, que confía en compensarlo con más transacciones y más empleo. Analizamos la medida como un estímulo a la demanda en un mercado donde el cuello de botella está en la oferta y el suelo finalista escasea. Sin más suelo convertido en licencia, el aval público puede trasladarse al precio.
La Ficha del Inversor
La métrica que resume la propuesta es el umbral de arraigo: varios años de empadronamiento como requisito de acceso al parque público. La formación renuncia a comprometer un número de viviendas por legislatura después de que el presidente Montilla prometiera 50.000 viviendas en 2006 y de que Salvador Illa repitiera la cifra en 2024. El precedente retrata dos décadas de brecha entre anuncio y promoción efectiva.
De cara a los próximos seis meses, el escenario apunta a una estabilización del debate, no del mercado. La Generalitat mantiene las zonas tensionadas y los topes sin calendario para revertirlos, y el Euríbor seguirá pesando más en la cuota hipotecaria que cualquier decreto autonómico sobre ITP. Si la reserva del 30% en Barcelona no se toca, el suelo finalista seguirá concentrado y el precio del metro cuadrado no cederá por decreto.
El perfil al que habla la propuesta es doble. Por un lado, el joven con ingresos estables que puede pagar una hipoteca pero no ha reunido la entrada. Por otro, el pequeño propietario que retiró su piso del alquiler y solo volvería con garantías de impago y sin topes. El gran inversor queda fuera del foco, aunque el fin de la reserva del 30% le abre de facto más suelo libre en Barcelona. La próxima cita es el debate presupuestario catalán.




