Repsol demanda a Iberdrola, Endesa, Naturgy y Red Eléctrica. Lo hace por la vía civil y reclama 120 millones de euros por los daños que le provocó el apagón de abril de 2025, según han publicado La Voz de Galicia, EL PAÍS y El Confidencial.
La cifra es modesta para el tamaño de las compañías implicadas. El precedente no lo es. Un gran consumidor industrial del sistema eléctrico traslada a un juez la pregunta que hasta ahora se resolvía en despachos y ministerios: quién responde cuando la red se cae entera.
Ahí está el problema.
Cuatro nombres y una factura de 120 millones
En el lado demandado aparecen las tres grandes generadoras privadas del país, Iberdrola, Endesa y Naturgy, y el operador del sistema, Red Eléctrica, filial de Redeia. La elección de los cuatro no es casual: las tres primeras son titulares de grupos de generación que perdieron sus instalaciones en la secuencia del apagón; la cuarta responde de la operación del sistema y del equilibrio entre producción y demanda.
Repsol, por su parte, es algo más que un cliente. Tiene refinerías, plantas petroquímicas, cogeneraciones y una red de estaciones de servicio. Un corte abrupto de tensión en una refinería obliga a purgar líneas, quemar antorcha y rehacer el proceso desde cero. Cuesta dinero y, sobre todo, cuesta tiempo.
El interés económico, más que en la cifra global, está en el desglose: qué parte de los 120 millones se atribuye a la generación y qué parte al operador del sistema. Ese reparto será la verdadera prueba del pleito.
Las cuatro compañías no han detallado, de momento, su línea de defensa.
La cifra es el anzuelo. Lo que se dirime es si el fallo más grave del sistema eléctrico español tiene dueño con nombre y apellidos.
Quién paga cuando el sistema se cae entero

El marco vigente, la Ley 24/2013 del sector eléctrico, diseñó un sistema de responsabilidad con múltiples capas: los generadores responden de sus instalaciones, el operador de la red de transporte responde de la seguridad, y continuidad del sistema, y el regulador supervisa a ambos. Cuando el fallo es simultáneo y sistémico, las capas se difuminan.
De ahí la incomodidad de la demanda. Si el juez entiende que el operador del sistema incumplió sus obligaciones, la factura no será solo esos 120 millones. Será el reconocimiento de que un fallo de un sistema diseñado para no fallar tiene un responsable patrimonial concreto.
La defensa previsible del operador pasa por tres argumentos técnicos: que la sucesión de desconexiones de generación fue la causa primera, que la respuesta de la red se ajustó a los protocolos y que el evento superó cualquier escenario contemplado. La de las generadoras, por dos: sus instalaciones se cayeron por una perturbación externa y sus protecciones actuaron como estaban diseñadas para actuar.
Conviene no perder de vista un matiz incómodo para el demandante. Repsol no solo consume electricidad: también produce. Sus ciclos combinados y sus cogeneraciones operan dentro del mismo sistema al que ahora interpela. La compañía podría encontrarse mañana en el otro lado de una reclamación idéntica, y ese riesgo debería moderar su entusiasmo procesal.
Nadie quiere pagar la factura.
El precedente pesa más que la cifra
Más allá del caso concreto, la demanda abre una discusión que el sector llevaba meses aplazando: quién asume el coste de un fallo sistémico. Hasta ahora la respuesta implícita era el conjunto de la tarifa. Un apagón se reparaba con inversión, sobrecostes asumidos y una investigación administrativa cuyas conclusiones rara vez llegaban a un juzgado.
La vía civil cambia las reglas del juego. Y lo hace en un momento delicado, con el debate técnico sobre inercia, control de tensión y comportamiento de las protecciones todavía sin cerrar del todo. Si el tribunal acepta el planteamiento de Repsol, el sector asumirá dos costes nuevos: primas de seguro más caras y un incentivo perverso a sobredimensionar protecciones en cada instalación conectada.
Creo que el precedente importa más que la indemnización. Una cosa es que el sistema falle y otra que ese fallo quede contabilizado como daño resarcible de un tercero identificable. A partir de ahí, cualquier incidente relevante invita a litigar. Y el coste de litigar, en un sector regulado, acaba siempre en el mismo sitio: la tarifa o el contribuyente.
Hay también una lectura de política industrial. Repsol arrastra años de tensión con el diseño regulatorio de la electricidad, y este movimiento encaja con una estrategia más amplia de disputar el marco en los tribunales cuando la negociación se atasca. No es una demanda aislada. Es una forma de hacer política energética sin pasar por el BOE.
El primer hito será procesal: la admisión a trámite y la identificación de quién debe responder en primera instancia. El segundo llegará con las cuentas anuales de Redeia y de Repsol, previsiblemente en el primer trimestre de 2027, cuando se sabrá si el pleito ya pesa en los estados financieros o sigue siendo una nota al pie.




