La decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sobre las VTC en Canarias vuelve a dar la razón a Uber, Cabify y Bolt, y a enterrar el famoso 1×30. La corte decidió el pasado 15 de septiembre desestimar el recurso introducido por Senza 2020, S.L., alegando que la ley europea no permite una medida que proteja al taxi cerrando espacios a la competencia. Es un movimiento que finalmente ha abierto la puerta al desembarco de las plataformas de la llamada «nueva movilidad».
La decisión abre la puerta a revisar el proceso de solicitud de las licencias de VTC que siguen presentes en las islas. Pero lo cierto es que, si se aprobaran todas de un día para otro —unas 3.500 licencias—, en efecto podría tratarse de un colapso en zonas como La Palma o el Puerto de la Cruz de Tenerife. Y es que, según el dato más reciente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, actualizado hasta septiembre, no hay una sola licencia de las plataformas aprobada en Canarias, lo que generaría un cambio radical en la situación.
El Tribunal ha recordado que, según la Unión Europea, la limitación de una licencia de VTC por cada 30 de taxi constituye una restricción a la libertad de establecimiento (artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea — TFUE), siguiendo la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia de 8 de junio de 2023 (asunto C-50/21). Se ha insistido también en que, según Bruselas, proteger la viabilidad económica del sector del taxi es un objetivo puramente económico que no puede amparar la restricción de licencias VTC.
Como se lee en la sentencia: «La STJUE de 8 de junio de 2023, Prestige and Limousine, C-50/21, declara que la limitación de una autorización VTC por cada treinta autorizaciones de taxi constituye una restricción a la libertad de establecimiento. Su justificación exige acreditar que es adecuada y necesaria para alcanzar los objetivos de interés general invocados, entre los que pueden figurar la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público y la protección del medio ambiente, pero no la preservación de la viabilidad económica del taxi. Corresponde al juez nacional comprobar, entre otros extremos, «la imposibilidad de alcanzar los objetivos perseguidos a través de medidas menos restrictivas»».
Es cierto que la decisión del Supremo no necesariamente se traducirá en que las 3.500 licencias lleguen a Canarias en los próximos días. De momento solo se ha obligado a la autoridad del Puerto de Las Palmas a continuar el proceso de tramitación de 200 de ellas. Además, elimina una de las justificaciones para limitarlas o retirarlas, el 1×30, pero todavía se pueden limitar por motivos de tráfico o de contaminación. Es cierto que, si esto ocurre, los solicitantes todavía podrán recurrir la decisión por otras vías legales, pero al menos alargaría el proceso.
Uber, Cabify y Bolt defienden su importancia por el turismo
Lo cierto es que la decisión del tribunal llega en un momento clave a comunidades como Canarias, que se encuentra entre las que más se benefician del turismo. Según los datos del periódico local Maspalomas, la movilidad privada es fundamental en un mercado insular que recibe anualmente a más de 2,6 millones de pasajeros extranjeros en el aeropuerto de Gran Canaria.
En este contexto, la movilidad privada puede ser clave para facilitar el día a día y para mantener el atractivo turístico de las islas. Al mismo tiempo, es clave que el crecimiento se haga de forma calculada para evitar la sobrecarga de licencias de la que se ha avisado en otros territorios, como en Madrid o Castilla-La Mancha.
Otro golpe al 1×30 del taxi
A pesar de los problemas legales que siguen afrontando las plataformas de VTC para llegar a algunos territorios, la limitación de licencias ya parece un recuerdo del pasado. Y es que incluso algunos de los sectores más beligerantes del mundo del taxi, como en el caso de Élite, han señalado que la misma ya no es un argumento útil para limitar la llegada de la «nueva movilidad»; de hecho, los de Tito Álvarez han buscado otros argumentos al justificar la necesidad de la controvertida ‘Ley Taxi’, que sigue su proceso de tramitación en Cataluña.
En cualquier caso, si el tribunal les hubiese dado la razón, se podría haber permitido un pequeño número de licencias en Canarias, unas 66, lo que podría haber hecho que las plataformas lo vieran como un mercado demasiado pequeño. Al mismo tiempo, en el pasado, cuando la ley no les ha permitido desembarcar con sus propias licencias en alguna comunidad autónoma, lo han hecho sumando el servicio de taxistas en su plataforma.
Por otro lado, sin importar el número de licencias que acaben por aprobarse, el mapa en Canarias cambiará radicalmente. Se trata de una de las pocas comunidades donde, de momento, no hay ninguna licencia de VTC aprobada según el informe del Ministerio de Transportes; de hecho, solo le acompaña Ceuta.
