Solo el 10% se salva: la producción de baterías en Europa peligra por la nueva norma

El informe de Transport & Environment advierte de que la revisión del reglamento de CO2 dejaría sin salida comercial casi toda la capacidad de células del continente. España, con cuatro gigafactorías en marcha, es una de las más expuestas.

La producción de baterías en Europa afronta su examen más severo. Casi el 90% de la capacidad de células instalada o en construcción se quedaría sin salida comercial si Bruselas rebaja la exigencia de coches eléctricos, según el análisis difundido por Transport & Environment.

La organización cifra en torno a una décima parte la producción que conservaría comprador asegurado. El resto pende de una condición muy concreta: que los fabricantes europeos sigan obligados a vender vehículos cero emisiones en volumen. Si esa obligación se afloja, las plantas que se están levantando en España, Francia, Alemania o Hungría se quedan con la nave construida y sin pedido.

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Qué cambia la revisión del reglamento de CO2

El origen del problema es legislativo, no tecnológico. La Comisión Europea tramita una revisión del reglamento de CO2 para turismos y furgonetas que, en la versión que ha circulado entre los Estados miembros, abre la puerta a híbridos enchufables y a vehículos de autonomía extendida más allá de 2035 y flexibiliza el cumplimiento del tramo 2025-2027. La lectura de T&E es directa: cada punto de cuota que se le resta al eléctrico puro es capacidad de batería europea que se apaga.

No es una hipótesis de laboratorio. La cadena de valor europea de la célula ya pasó por una prueba extrema con la quiebra de Northvolt en 2025, el fabricante sueco llamado a ser el campeón continental que terminó en manos de sus acreedores. Desde entonces, cada anuncio de gigafactoría se lee con lupa y cada rampa de producción se compara con la que prometió el competidor.

Al otro lado del pulso, los fabricantes de automóviles llevan meses pidiendo exactamente lo que ahora se tramita: más tiempo, más flexibilidad y un calendario que no les obligue a vender eléctricos por debajo de coste. Alemania e Italia han empujado en esa dirección con insistencia. El debate es real y no se resuelve con un informe.

La paradoja queda a la vista. Europa ha comprometido miles de millones en ayudas públicas a la cadena de baterías y, al mismo tiempo, discute la norma que crea su mercado. Sin mandato de demanda, la subvención acaba financiando capacidad ociosa.

Una gigafactoría no se sostiene con dinero público: se sostiene con pedidos que justifiquen encender los hornos doce meses al año.

Las gigafactorías españolas, en primera línea

España es el segundo productor de vehículos de la Unión Europea y ha colocado cuatro proyectos de células en el mapa: PowerCo en Sagunto (Valencia), la joint venture de Stellantis y CATL en Figueruelas (Zaragoza), Envision AESC en Navalmoral de la Mata (Cáceres) y Basquevolt en Álava. Tres de ellas están en fase de construcción o de arranque, es decir, en el momento exacto en el que necesitan contratos firmes para justificar la inversión.

norma europea automoción

El impacto no se mide solo en células. Alrededor de cada planta se instala un ecosistema de cátodos, separadores, electrolitos y reciclaje que en España depende en buena parte de las ayudas del PERTE del vehículo eléctrico. Si la demanda se enfría, esos proyectos auxiliares se retrasan y el empleo industrial previsto se queda en promesa sobre un plano.

Hay un factor adicional que juega en contra. La célula de litio-hierro-fosfato que domina el mercado de acceso ha caído de precio de forma sostenida y llega desde Asia con una escala y un coste energético que Europa no iguala. Competir en coste exige volumen, y el volumen exige que la norma se mantenga. La batería de ion de litio se ha convertido en un asunto regulatorio antes que industrial.

El problema no es la fábrica, es el pedido que no llega

Hay una contradicción que cuesta disimular. Europa quiere soberanía industrial en baterías y, a la vez, está dispuesta a rebajar la única norma que garantiza compradores a esas fábricas. Tras años siguiendo planes industriales, tengo claro que el capital privado no entra en una planta de células por convicción política: entra porque hay un contrato de suministro a diez años con un fabricante que tiene un mandato legal que cumplir.

Si ese mandato se diluye, la inversión no se queda esperando. Se recoloca en Marruecos, Turquía o Polonia, donde el coste energético y la velocidad administrativa juegan a favor. Y el empleo industrial, cuando se va, no vuelve con el siguiente ciclo.

El riesgo inmediato no es que cierren plantas, sino que no se abran del todo las que están en rampa. Una gigafactoría que trabaja al 30% de su capacidad pierde dinero cada trimestre y arrastra a toda la cadena de suministro. Ahí está la contradicción de fondo: la política industrial se mide en pedidos, no en inauguraciones.

El hito a vigilar es el trámite legislativo. Si el Parlamento Europeo y el Consejo mantienen el objetivo de cero emisiones para 2035 sin excepciones amplias, la demanda de células se sostiene y las plantas españolas conservan una ventana. Si el texto se abre, el ajuste llegará a las factorías antes que a los balances. Los resultados del primer trimestre de 2027 de los fabricantes de células dirán quién tiene contratos firmados y quién solo tiene una nave con el cartel de inauguración puesto.


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