EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) ha reclamado modificaciones urgentes en la Ley de Vivienda para recuperar la seguridad jurídica, y la patronal de promotores APCEspaña se ha sumado al llamamiento.
- ¿Quién está detrás? El presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas; expertos jurídicos del sector; y el eurodiputado Borja Giménez Larraz, ponente del informe sobre vivienda asequible del Parlamento Europeo.
- ¿Qué impacto tiene? La inseguridad jurídica está expulsando viviendas del mercado de alquiler y endureciendo las condiciones para los inquilinos, que ven cómo los propietarios exigen más garantías.
La inseguridad jurídica que ha generado la Ley de Vivienda está dinamitando el mercado de alquiler, según las patronales del sector inmobiliario. Este lunes, durante el I Encuentro Jurídico Inmobiliario celebrado en Madrid, las asociaciones han alzado la voz para pedir un cambio de rumbo urgente, y APCEspaña, la asociación de promotores y constructores de España, ha respaldado la petición.
El presidente de Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas, abrió la jornada reivindicando el papel del profesional inmobiliario como clave en el acceso a la vivienda. «No podemos seguir siendo el actor secundario en el mercado inmobiliario; acompañamos a las personas en la decisión más importante de su vida», señaló. Sin embargo, el mensaje central fue más contundente: la Ley de Vivienda, en vigor desde 2023, ha provocado una retracción de la oferta de alquiler al generar desconfianza entre los propietarios.
«La inseguridad jurídica ha dinamitado la actual ley de vivienda y está condicionando el funcionamiento del alquiler», subrayaron Montserrat Junyent, vicepresidenta de Fadei, e Isabel Soto, secretaria general. Ambas defendieron que la regulación intervencionista está produciendo el efecto contrario al deseado y, encarece y restringe la oferta, porque los dueños de pisos optan por vaciarlos o por venderlos ante el temor a los impagos blindados.
Jesús Manuel Martínez Caja, asesor jurídico de AMADEI, la patronal madrileña, explicó que el aluvión de garantías adicionales que los propietarios exigen ahora a los inquilinos —desde avales hasta contratos blindados— esta dejando fuera a muchos potenciales arrendatarios. A su juicio, las reformas legislativas, aunque partían de una buena voluntad, no han logrado su objetivo.
En la misma línea, la patronal de promotores APCEspaña ha trasladado a MERCA2.ES su preocupación por el impacto de la ley en la decisión de los inversores. La asociación considera que la incertidumbre regulatoria frena la entrada de nuevas promociones destinadas al alquiler y lastra la oferta en un momento en el que la demanda sigue creciendo.
La inseguridad jurídica no solo expulsa viviendas del alquiler, también endurece el acceso para los inquilinos que aún encuentran piso.
Incentivos y marco estable: la receta de los operadores
El eurodiputado Borja Giménez Larraz, ponente del informe sobre vivienda asequible del Parlamento Europeo, insistió en que las políticas públicas deben orientarse a generar confianza. «Hay que agilizar la concesión de licencias, revisar la fiscalidad de la vivienda e impulsar la productividad del sector», afirmó. También advirtió que las medidas intervencionistas expulsan viviendas del mercado y pidió mayor contundencia frente a la okupación.
En concreto, los participantes abogaron por incentivos fiscales para propietarios que pongan viviendas en alquiler y por un marco regulatorio estable que no cambie con cada legislatura. Isabel Soto insistió en que «la mejor forma de incrementar la oferta es mediante ventajas fiscales y un entorno normativo predecible, no a base de más regulación».
La Ficha del Inversor
Métrica clave: Aunque no hay una única cifra, el diagnóstico es unánime. El índice de precios del alquiler ha subido un 9,7% interanual en mayo, según Idealista, pero la oferta de viviendas en el mercado de alquiler permanente ha caído un 12% en las grandes ciudades desde la entrada en vigor de la ley, según estimaciones de la consultora. El yield bruto (rentabilidad antes de gastos) se sitúa en torno al 4,6% en capitales como Madrid y Barcelona, pero los inversores descuentan un mayor riesgo regulatorio.
Tendencia a seis meses: Con las elecciones autonómicas en el horizonte, no se esperan cambios legislativos inmediatos. Sin embargo, la presión de las patronales y los datos de oferta menguante podrían forzar un debate en la próxima legislatura. Mientras tanto, los propietarios y las socimis seguirán optando por mercados menos regulados o por la venta de inmuebles.
El perfil más afectado es el del pequeño inversor que tenía una o dos viviendas en alquiler y que ahora estudia si vender o pasar al alquiler de temporada, menos protegido por la normativa. La gran promotora, en cambio, se enfoca en el Build to Rent (construcción para alquilar) siempre que el ambiente regulatorio no ahogue la rentabilidad.
La Ley de Vivienda de 2023 introdujo un índice de referencia para limitar las subidas de alquiler en zonas tensionadas y reforzó la protección del inquilino frente al desahucio. Aunque la intención era mejorar el acceso, los datos sugieren que la oferta se ha resentido. Un precedente similar se vivió en Berlín con el ‘mietendeckel’ (control del alquiler), que fue anulado por el Tribunal Constitucional alemán en 2021 tras provocar una caída de la inversión.
El próximo hito será el debate parlamentario que pueda abrirse tras las elecciones autonómicas, si las urnas castigan a los partidos que apoyaron la ley. Hasta entonces, el mercado seguirá ajustándose con menos inmuebles y alquileres más caros.
