La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Málaga ha sancionado a cerca de 10.000 conductores en sus dos primeros meses de vigencia con multas de 200 euros cada una, mientras el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado parte de la ordenanza que la regula por discriminar a los vehículos no empadronados en la capital. La polémica está servida: el Ayuntamiento de Málaga mantiene las sanciones y recurre al Supremo, mientras la oposición exige la devolución de las multas.
Qué está pasando con la ZBE de Málaga y por qué hay debate judicial
La ZBE malagueña entró en vigor en diciembre de 2025 con una regla clara: los vehículos sin etiqueta ambiental que no estuvieran domiciliados en la ciudad tenían prohibido el acceso al perímetro delimitado. Los coches empadronados, aunque carecieran de distintivo, podían seguir circulando. Esa diferencia entre residentes y no residentes es la que el TSJA ha tumbado al considerar que atenta contra el principio de igualdad y carece de cobertura en la Ley de Cambio Climático.
La sentencia, comunicada el pasado 11 de junio, no es firme. El Ayuntamiento dispuso de 30 días para decidir si recurría en casación al Tribunal Supremo, una vía que el equipo de gobierno ya ha anunciado que va a utilizar. Mientras tanto, la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, ha insistido en que “la Zona de Bajas Emisiones está vigente y el sistema sigue captando imágenes”. Ni se suspenden las restricciones ni se devuelven las multas ya impuestas.
Así funciona la Zona de Bajas Emisiones que sigue multando
Según los datos del organismo autónomo municipal Gestrisam, encargado de la recaudación, en los dos primeros meses se tramitaron 9.629 sanciones. En enero se gestionaron 4.735 expedientes correspondientes a las infracciones de diciembre, y en febrero otros 4.894 relativos al mes de enero. La Policía Local elevó más de 11.000 denuncias en ese período, aunque las cifras de marzo, abril y mayo aún están en fase de análisis.
La sanción asciende a 200 euros, que se reducen a 100 euros si se paga con el descuento por pronto pago. En cómputo diario, la ZBE genera unas 166 multas, con una recaudación estimada que, según el grupo municipal Con Málaga, oscila entre uno y dos millones de euros en esos dos meses. La proyección alcanzaría los 30.000 expedientes sancionadores en medio año.
El fallo del TSJA no obliga a devolver las multas ya pagadas, pero el Ayuntamiento se expone a una lluvia de reclamaciones si el Supremo confirma la anulación.
Análisis: una ZBE sin alternativa y un limbo jurídico
La puesta en marcha de la ZBE en Málaga ha sido criticada por precipitada y falta de alternativas reales de movilidad. La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, recuerda que el programa electoral del PP prometía más de 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios en puntos clave como el Martín Carpena o las zonas este y norte, y que “en tres años de mandato no hay ni una sola plaza”. Sin un transporte público eficaz ni espacios donde dejar el vehículo, la restricción castiga a los trabajadores que se ven obligados a entrar en coche.
El limbo jurídico añade incertidumbre. Vox, que presentó el recurso contra la ordenanza, pide la devolución íntegra de las sanciones y advierte de que la situación puede generar inseguridad jurídica y demandas masivas. El PSOE, por su parte, critica que se haya empezado “la casa por el tejado” y reclama una moratoria hasta que existan infraestructuras. El Ayuntamiento, mientras tanto, mantiene el régimen sancionador y recurre, con el argumento de que la sentencia no es firme.
El conflicto tiene difícil solución a corto plazo. Si el Supremo ratifica el criterio del TSJA, la ordenanza deberá modificarse para tratar por igual a todos los vehículos sin etiqueta, residentes o no, y el consistorio se enfrentaría a la obligación de anular todas las multas impuestas bajo la norma anulada. Una revisión masiva que pondría en jaque las finanzas municipales y la credibilidad de la política de movilidad.
🚨 Ficha de la Normativa
- Infracción / Novedad: Acceder sin permiso a la ZBE de Málaga con un vehículo sin etiqueta ambiental no empadronado en la ciudad, según la ordenanza anulada parcialmente por el TSJA.
- Sanción económica: 200 euros (100 euros con pronto pago).
- Puntos del carnet: No aplica.
- Entrada en vigor: Diciembre de 2025 (actualmente vigente a pesar del fallo judicial no firme).
