El primer concurso de transición justa de la historia de España ha sufrido un varapalo que lo deja en apenas el 22% de su potencia adjudicada. El nudo Mudéjar, en Teruel, ve cómo 937 megavatios (MW) de capacidad de acceso a la red quedan libres después de que la evaluación ambiental haya limitado drasticamente el proyecto de Endesa (a través de su filial Enel Green Power España). El Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) ha anunciado que reasignará esa capacidad sobrante entre los demás participantes del concurso original, respetando el orden de prelación.
La noticia, adelantada por pv magazine, confirma que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en febrero de 2026 ha reducido de un plumazo la potencia renovable autorizable. De los 1.202 MW que se habían adjudicado en 2022, Endesa solo utilizará 265 MW. El resto —937 MW— vuelve a la mesa de subasta en un momento delicado para la planificación energética.
Este concurso fue un hito en 2022: por primera vez se vinculaba la capacidad de evacuación liberada por el cierre de una central térmica (la de Andorra, que echó el cierre en 2020) a compromisos concretos de empleo, inversión y desarrollo socioeconómico. La comarca turolense esperaba un balón de oxígeno que compensara la pérdida de actividad minera y térmica. Ahora esas expectativas se desinflan.
Una DIA que fulmina el megaproyecto renovable de Endesa
La propuesta inicial de Enel Green Power iba mucho más allá de los 1.202 MW de acceso: planificaba instalar 1.844 MW de generación renovable y almacenamiento, con 1.069 MW fotovoltaicos, 695 MW eólicos y 80 MW de baterías. La idea era sobredimensionar la capacidad de generación para aprovechar al máximo la infraestructura de red existente. El despliegue incluía siete nuevas plantas fotovoltaicas híbridas, siete parques eólicos híbridos, dos plantas de almacenamiento y un electrolizador para hidrógeno verde.
Sin embargo, los informes del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón tumbaron gran parte del proyecto. La DIA impuso condicionantes muy estrictos relacionados con la gestión de escorrentías, la protección de cauces, y la preservación de hábitats y especies sensibles. La capacidad autorizable se limitó a 406,3 MW de generación y almacenamiento, y Endesa ha optado por ejecutar solo lo que ya cuenta con todos los permisos: 265 MW.
De los 500 empleos estables del plan inicial a 13 puestos directos en la nueva realidad: el contraste muestra lo frágil que puede ser una transición justa cuando choca con el territorio.
El MITECO ha reaccionado con celeridad. Ha anunciado la modificación de la Orden TED/1182/2021 para permitir la reasignación de los 937 MW sobrantes entre los restantes participantes del concurso, siguiendo el orden de prelación de la resolución original. El proceso se someterá a consulta pública en las próximas semanas y se espera que culmine en otoño de 2026.
El empleo prometido se desvanece: de 500 puestos a 13
El contraste en las cifras de empleo es demoledor. La propuesta inicial de Endesa contemplaba la creación de aproximadamente 500 empleos directos estables y más de 6.300 puestos de trabajo totales. Tras el reajuste proporcional aprobado por el Instituto para la Transición Justa, las nuevas cifras se quedan en 13 empleos directos equivalentes a tiempo completo durante la construcción y puesta en marcha, 71 empleos directos en operación y mantenimiento y 1.310 empleos indirectos. Una reducción de más del 97% en el empleo directo previsto.
No es un simple ajuste: los compromisos de creación de empleo eran el corazón del concurso. La normativa obligaba a los adjudicatarios a generar puestos de trabajo en los municipios afectados por el cierre de las centrales. Con la capacidad reducida al mínimo, esos compromisos se diluyen casi por completo. La inversión, que inicialmente se estimaba en más de 1.500 millones de euros, también sufrirá un recorte significativo, aunque el MITECO no ha facilitado una cifra actualizada.
El concurso de transición justa: un instrumento necesario, pero expuesto a la realidad ambiental
El caso Mudéjar plantea preguntas incómodas sobre el diseño de estos concursos. Vincular la adjudicación de capacidad de red a promesas de empleo y desarrollo local tiene sentido político y social, pero choca con la imprevisibilidad de la tramitación ambiental. Cualquier proyecto renovable está expuesto a que una DIA reduzca drásticamente su alcance, algo que los pliegos del concurso no parecen haber previsto con suficiente realismo.
De hecho, esta es la primera experiencia, y el resultado es severo. Si el modelo se replica en otros nudos de transición justa —como los de Compostilla, Narcea o Lada—, será imprescindible incorporar mecanismos de contingencia. No se puede construir una estrategia territorial sobre un castillo de naipes regulatorio. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había advertido en informes previos sobre la necesidad de ponderar mejor los riesgos ambientales en los concursos de acceso.
El MITECO defiende que la transición justa en la comarca de Andorra sigue avanzando. Según datos del propio ministerio, ya se han movilizado 520 millones de euros para financiar 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental, con un compromiso asociado de más de 500 empleos. Cifras que, sin embargo, contrastan con la realidad del proyecto estrella que ha quedado descabezado.
La transición justa no puede anclarse solo en la asignación de megavatios: si el modelo no incorpora la realidad ambiental, el riesgo de fracaso es sistémico.
Mientras se reasignan esos 937 MW, la pregunta es si los nuevos adjudicatarios serán capaces de sortear los mismos escollos ambientales que han frenado a Endesa. La ventana de oportunidad es estrecha y la confianza de los territorios, cada vez más frágil. El tiempo corre en contra de una transición que no acaba de arrancar.
