La cadena de distribución francesa Carrefour se reunió el pasado viernes 22 de mayo en su Junta General de Accionistas. La Asamblea General de Carrefour de 2026 ha quedado marcada por una interpelación de alta intensidad que pone en tela de juicio la gestión interna del grupo francés.
A través de una pregunta formal registrada en las respuestas escritas a los accionistas, se ha denunciado lo que el interpelante califica como un «fraude sistémico» en la clasificación de 61 altos ejecutivos, una práctica que, según las acusaciones, se prolonga desde 2007 y que podría acarrear al gigante de la distribución riesgos financieros superiores a los 150 millones de euros, además de daños reputacionales significativos.
Frente a estas graves alegaciones, la dirección de Carrefour ha optado por una respuesta técnica y contundente, insistiendo en que el caso de la Sociedad Interdis es un litigio individual estrictamente cerrado que ya ha sido resuelto por las instancias judiciales competentes, incluyendo la Corte de Casación.
No obstante, la persistencia de los accionistas en cuestionar la transparencia del Consejo de Administración y la supuesta ocultación de documentos judiciales claves abre un debate incómodo sobre el «deber de vigilancia» y la integridad de los procesos internos de gobernanza en una de las mayores empresas del CAC 40.
SOMBRAS EN LA CÚPULA DE GOBERNANZA DE CARREFOUR
La controversia en Carrefour reside en la supuesta omisión por parte del Consejo de Administración de su deber de vigilancia ante las decisiones de su filial, Interdis. Según los documentos presentados en la Asamblea y a los que ha tenido acceso MERCA2, la filial habría ocultado información crucial durante años, a pesar de las alertas enviadas a los administradores desde 2019.
El demandante es el Sr. Dossmann, exdirector de Interdis, y que fue despedido por mala conducta en 2011. Asimismo, impugnó su despido y todos los tribunales a los que apeló, Tribunal Laboral de Burdeos, Tribunal de Apelación de Burdeos y Tribunal de Casación, dictaminaron que su despido estaba perfectamente justificado.
Esta gestión de los contenciosos internos no solo plantea dudas sobre la ética corporativa, sino que subraya la fricción existente entre la transparencia que exige el mercado y las estrategias de defensa legal de la compañía.
La magnitud del conflicto no es menor si se considera la escala de la supuesta afectación dentro de Carrefour. Se estima que 61 ejecutivos adicionales, con cargos equiparables al del demandante, estarían en la misma situación de reclasificación no reconocida, lo que multiplicaría exponencialmente el riesgo financiero del grupo.
«El Departamento de Recursos Humanos del Grupo Carrefour, a través de su Departamento de
señala el demandante, Sr. Dossmann
Remuneración y Beneficios, presente durante una reunión de conciliación el 15 de noviembre de 2023, reconoció que el fraude continuaba»
La posibilidad de que el sindicato SNEC-CFE-CGC inicie una acción colectiva bajo la normativa vigente añade una presión adicional a un escenario donde la reputación de la empresa francesa, y especialmente su imagen de empleador responsable, podría quedar seriamente dañada.
Por su parte, el grupo Carrefour sostiene en sus respuestas oficiales que las acusaciones de «fraude o estafa» carecen de fundamento jurídico, citando fallos previos que desestimaron estas tesis en el ámbito individual. La empresa subraya que cualquier intento de seguir vinculando el litigio con un supuesto sistema organizado es incorrecto, una vez que la Corte de Apelación ya dictó sentencia definitiva sobre el asunto en julio de 2025.
«Finalmente, aunque se trataba de una disputa estrictamente individual, el Sr. Dossmann solicitó una orden judicial que obligara a Interdis a publicar la sentencia, acusando al grupo Carrefour de fraude y estafa contra sus directivos al privarlos de la certificación SD3. El Tribunal de Apelación dictaminó que el Sr. Dossmann no había aportado pruebas del supuesto fraude o estafa por parte de su empleador y, en consecuencia, desestimó sus demandas», añaden desde Carrefour.
Fuente: Agencias
El choque de narrativas entre los accionistas críticos y la cúpula de Carrefour expone un riesgo estructural, el agotamiento de la confianza en los controles internos. Mientras el Consejo se escuda en la legalidad técnica de los procesos concluidos, los inversores demandan una explicación sobre la gestión de una crisis que lleva casi dos décadas latente.
EL MANDATO DE BOMPARD EN CARREFOUR
El nueve de junio de 2017 se hizo oficial el nombramiento de Alexandre Bompard como CEO de Carrefour, y en ese momento el precio de las acciones de la compañía francesa era de 23,14 euros y de 21,66 euros el 18 de julio, cuando asumió el cargo Bompard. El 26 de junio de 2025, un mes antes de que finalizara su mandato, el precio de las acciones cerró en 11,75 euros, su nivel más bajo en más de 10 años.
No obstante, el Consejo de Administración de Carrefour, reunido el 24 de julio de 2025, decidió proponer la renovación del mandato de Alexandre Bompard a la Junta General de Accionistas del 22 de mayo de 2026. Los expertos se preguntan, «dado ese desempeño deficiente continuado, ¿cómo justifica el Consejo la renovación de su mandato? ¿Y por qué no se propuso la posibilidad de separar los cargos de presidente y director general?».
La respuesta a las preguntas de los expertos no ha tardado en llegar por parte de la cadena de distribución francesa. Concretamente, el Consejo de Administración de Carrefour consideró que la combinación de los cargos de presidente del Consejo y director general permitiría, especialmente durante este periodo de profunda transformación del Grupo y el lanzamiento de un nuevo plan estratégico, una mayor eficiencia y capacidad de respuesta en la gestión del Grupo.
El Consejo de Carrefour observó que esta estructura fomenta un diálogo transparente y dinámico entre la Dirección Ejecutiva y el Consejo de Administración, con miras a la implementación eficiente, ágil y rápida del plan estratégico de 2026, y al desarrollo y ejecución del nuevo plan Carrefour 2030.
