Telefónica gastó 8,64 millones de euros en el año 2021 al ofrecer el «servicio universal’ obligado para atender la conectividad de zonas que no son rentables, a usuarios con discapacidad y con tarifas especiales, como jubilados y pensionistas con rentas muy bajas. Esta labor con un carácter casi de «ong» ha sido contabilizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quien calculará cuánto deben aportar el resto de operadores con actividad en el país que cuenten con ingresos anuales superiores a 100 millones, quienes tendrán que contribuir y abonar la parte correspondiente de esos gastos.
El coste neto del servicio universal de telecomunicaciones en 2021 en España que ascendió a un total de 8.642.135 millones de euros, supuso un 12% menos que el realizado en 2020, que alcanzó un coste de 9,82 millones de euros, según los datos publicados por la institución reguladora. Este servicio universal de telecomunicaciones incluyó ese año la conexión a la red desde una ubicación fija en todo el territorio, el servicio telefónico y la conectividad a internet a 1 megabit por segundo (Mbps) en zonas no rentables.
También las prestaciones a usuarios con discapacidad (por ejemplo, facturas en Braille), los servicios de conexión y de telefonía a precios asequibles a jubilados y pensionistas con una renta baja (usuarios con tarifas especiales, la principal partida de este componente es el abono social) y el servicio de cabinas. Sobre este último servicio precisamente, la CNMC ha recordado que 2021 fue el último año en el que las cabinas se incluyeron en el servicio universal de telecomunicaciones, puesto que fue el ejercicio en el que definitivamente desaparecieron de nuestras calles.
incluyó ese año la conexión a la red desde una ubicación fija en todo el territorio, el servicio telefónico y la conectividad a internet a 1 megabit por segundo (Mbps) en zonas no rentables
«El coste neto aprobado se calcula restando al coste neto directo los beneficios no monetarios y las subvenciones vinculadas a servicios que forman parte del servicio universal», ha detallado la CNMC. Así, el regulador ha indicado que para el coste neto de zonas no rentables de 2021 se realizó un ajuste con respecto al valor presentado por Telefónica para incorporar el proceso de desmantelamiento de la red de cobre por parte de la compañía.
Se trata de un proceso que se culminará por completo durante este año 2024, precisamente en el que la operadora ha cumplido 100 años. Por esta razón, se ha tratado de reflejar de mejor manera el coste de proveer la conexión a la red desde una ubicación fija, el servicio telefónico y la conectividad a internet a 1 Mbps en zonas no rentables desde todo el territorio.
TELEFÓNICA NO ES LA ÚNICA QUE DEBE CONTRIBUIR
No obstante, habrá que esperar a conocer los cálculos del regulador para saber qué porcentaje del gasto tienen que aportar las operadoras que alcanzaron ingresos de más de 100 millones en 2021 entre las que estarán seguro Orange, Vodafone, MásMóvil, y Avatel, que facturó aquél año 190,9 millones de euros, y por ejemplo Digi, que en 2021 superó los 300 millones de ingresos.
En efecto, la Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones euros. Es esta legislación la que obliga a la CNMC, tal y como ha anunciado, a determinar en un nuevo expediente las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del servicio universal y repartir el costo soportado por Telefónica de esos casi 9 millones de euros entre el resto de las operadoras que superen ese umbral de ingresos.
En relación a este reparto de responsabilidades, «la CNMC está trabajando en la elaboración de una nueva metodología de cálculo del coste de prestar el servicio universal. El objetivo es adaptarse a la evolución tecnológica y al nuevo marco normativo establecido por la LGTel 2022 para los componentes del servicio universal y que aplica a partir del ejercicio 2023», ha agregado la entidad.
Hasta ahora, el operador designado «para garantizar la prestación del suministro de la conexión a la red fija con capacidad de banda ancha de 10 Mbit por segundo en sentido descendente y la prestación del servicio de comunicaciones vocales disponible al público desde una ubicación fija, hasta el 1 de enero de 2025, es Telefónica de España S.A.U., que opera con el nombre comercial de Movistar», según se informa desde el ministerio.
la Ley General de Telecomunicaciones establece que el servicio universal se financia por los operadores de telecomunicaciones con ingresos anuales superiores a 100 millones euros
El reparto de estos costes es claramente una cuestión de justicia solidaria. Ya en el año 2018, desde la sección de telecomunicaciones del sindicato UGT anunciaban de que parecía que esta labor social se repartiera por fin cuando anunciaron que «casi 20 años después de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones de 1998, y después de múltiples conflictos judiciales, regulatorios y legislativos, el coste del Servicio Universal amplía su reparto hasta alcanzar la cifra de 14 operadores diferentes«.
Y es que una vez entra en vigor en nueva Ley General de Telecomunicaciones el 10 de mayo (Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones), en su artículo 27.2 se estipula que el reparto debe incluir a «aquellos operadores que obtengan por la explotación de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 100 millones de euros», por lo que ya no se seguirían loa anteriores y antiguos criterios de cuota de mercado, sino el más justo de los ingresos brutos.
Así, desde UGT señalaban que una vez determinado el coste neto desde el mismo año 2014 (que fue de 18,77 millones de euros, el más bajo de la historia), la CNMC se vio obligada a repartir este coste entre muchos más operadores que los habituales (Telefónica, Orange y Vodafone), y aparecieron en el listado Cableuropa, Jazz telecom, Xfera, BT España, Euskaltel, Retevisión I, Colt Telecom españa, R cable, Telecable y Lycamobile.
Según la denominación oficial del Ministerio de Transformación Digital, el servicio universal «es el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible«.
