Repsol celebra este próximo viernes, 10 de mayo, su junta general de accionistas, en la que propondrá la distribución de un dividendo de 0,45 euros brutos por acción con cargo a reservas libres.
Este dividendo de 0,45 euros brutos por acción con cargo a reservas libres, a abonar en enero de 2025, es un 12,5% superior que los 0,4 euros pagados -con un dividendo a cuenta de los resultados de 2023 de 0,025 euros brutos por acción y con otro dividendo de 0,375 euros brutos por acción con cargo a reservas libres- el pasado mes de enero, como primer pago a cuenta correspondiente a las cuentas del ejercicio 2023.
Además, el consejo propondrá a los accionistas el pago del dividendo complementario de 0,5 euros brutos por título, a abonar el próximo 8 de julio, con lo que situará así la remuneración total de este año con cargo a los resultados del ejercicio pasado en los 0,9 euros por acción, lo que supone un incremento de aproximadamente un 30% del dividendo en efectivo, repartiendo 1.095 millones de euros.
El pasado 22 de febrero, la energética dirigida por Josu Jon Imaz actualizó su ‘hoja de ruta’ para el periodo 2024-2027, con un compromiso de incrementar un 3% anual esta cantidad total, hasta 1.197 millones de euros en 2027.
Repsol estima en su plan el pago de un dividendo para cada ejercicio, dependiendo de dos escenarios en función de los precios del Brent y del gas natural, así como del margen de refino, de 0,99 euros, 1,11 euros y 1,26 euros, en el mejor de ellos, y de 0,95 euros, 1 euro y 1,06 euros, al final de 2027, en el más pesimista.
Por otro lado, además de la aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de 40 millones de acciones propias, se votará también la delegación en el consejo de administración de la facultad de ejecutar total o parcialmente y en las ocasiones que juzgue más convenientes, o no ejecutar, una segunda reducción de capital social mediante la amortización de hasta un máximo de 121,739 millones de acciones propias, equivalente al 10% del capital social de la compañía.
VOTACIÓN CONSULTIVA SOBRE SU ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA.
Asimismo, la empresa presidida por Antonio Brufau someterá también a sus accionistas la votación consultiva sobre la estrategia de transición energética de la compañía.
Esta será la segunda vez, tras la junta de 2022, en la que el grupo somete esta estrategia al voto consultivo de los accionistas, en lo que representa un avance más en el diálogo continuo con sus inversores y en su objetivo de convertirse en una compañía cero emisiones netas en 2050.
La compañía también llevará a votación consultiva las cuentas del ejercicio 2023, así como el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros de Repsol correspondiente al año pasado.
INFORME
El banco de inversión estadounidense Jefferies ha dado su bendición a los resultados trimestrales comunicados por Repsol hace una semana. No obstante, el crecimiento de la deuda neta y los riesgos asumidos por la petrolera en estados turbulentos como Venezuela y Libia despiertan alguna preocupación.
Con todo, el precio objetivo concedido por la gestora a la energética dirigida por Josu Jon Imaz asciende a 15 euros, en línea con lo que viene mostrando en el mercado real. La estimación se basa en la «suma de las piezas» que conforman el negocio de Repsol, según indica Jefferies en su informe, en conjunción con el escenario de precios del petróleo y el gas.
La financiera presenta los resultados de Repsol como «sólidos», aunque desconfía del aumento de 1.800 millones de dólares (alrededor de 1.670 millones de euros) en la deuda neta. Asimismo, destaca la política de dividendos de la petrolera, «basada en desinversiones que financian la retribución a los accionistas».
REPSOL Y EL RIESGO
Repsol nunca se ha contenido a la hora de apostar al límite, con inversiones sujetas a un alto margen, tanto de beneficios como de pérdidas. Jefferies desconfía de la exposición de la compañía a países de «alto riesgo» como Libia y Venezuela. Otros riesgos incluyen los relacionados con la ejecución de la estrategia de transición energética, el negocio downstream y la inversión en exploraciones.
En el caso venezolano, el peligro radica en la reanudación de las sanciones estadounidenses a la producción y venta de los combustibles fósiles del país. Según Washington, el Gobierno de Venezuela no ha cumplido los compromisos adquiridos en materia de higiene democrática, que motivaron el levantamiento temporal de las sanciones el pasado octubre.
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Esta decisión pone en jaque no solo su economía, sino también al negocio de las empresas energéticas españolas allí presentes, como Repsol.
La petrolera española llegó a Venezuela en 1993. En estas tres décadas, ha acumulado una fuerte cartera de activos en el país, llegando a emplear a 131 personas y gestionando importantes yacimientos de hidrocarburos, como el Proyecto Perla, Quiriquire Gas, Petroquiriquire (participada por Repsol en un 40%) y Petrocarabobo.
