¿Quién no querría vivir y trabajar en una de las comunidades más atractivas de España? La paradoja es que Baleares, a pesar de ser un paraíso, no solo como destino vacacional, sino también para establecerse, se encuentra con una acuciante falta de personal con el que cubrir las necesidades de importantes sectores de las islas, una carencia que el Govern balear intenta paliar
La Presidenta balear, Marga Prohens, del partido popular, ha reconocido recientemente que la falta de profesionales en Baleares se ha convertido en un problema y es uno de los principales retos del Govern para esta temporada. Faltan trabajadores en todos los sectores: funcionarios de la Administración, policías, profesores, personal sanitario, de la hostelería, del turismo, del comercio, de la construcción, del transporte y de la industria. Pero ¿a qué se debe esta falta de personal en las islas?
La insularidad y el alto coste de los alquileres y de la vida en general en Baleares, además de unas condiciones de trabajo mejorables, son factores que contribuyen a que muchas personas renuncien o no les compense trabajar en el archipiélago. En el caso de uno de los sectores de las islas más importantes como es el turístico, muchos establecimientos cada año afrontan una mayor dificultad para encontrar trabajadores, hasta el punto de que algunos no llegan a abrir sus puertas por falta de personal.
Medidas para suplir el déficit de personal sanitario
La salud es uno de los ámbitos en los que la falta de personal es más preocupante. En Baleares, -como en casi toda España-, faltan médicos y la insularidad se presenta como un obstáculo adicional para atraerlos. Según el sindicato médico unas 800 plazas deberían cubrirse para acabar con el déficit de personal sanitario en las islas. La falta de especialistas no hace posible reponer las plazas, por ejemplo, de los médicos que se jubilan. El presidente del sindicato médico de Baleares, Miguel Lázaro, ha declarado que el problema no es que no haya jóvenes profesionales preparados para asumir estas responsabilidades, sino que éstos se van fuera. En su opinión, la falta de perspectivas laborales y salariales que hay en España, en comparación con otros países, es uno de los motivos. Los nuevos médicos terminan su residencia y prefieren emigrar a otros lugares con mejores condiciones. Según los datos que maneja el sindicato, en la última década se produjo una fuga de entre 18.000 y 20.000 especialistas formados aquí que acabaron trabajando en el extranjero.
El Govern de Margarida Prohens ha puesto en marcha algunas soluciones, entre ellas, medidas de captación y fidelización de profesionales sanitarios y la declaración de plazas de muy difícil cobertura. Además de un plan de incentivos que consiste en un extra de 20.000 euros al año para los profesionales que decidan cubrir las vacantes que no se llenan, una circunstancia que afecta, sobre todo a los pacientes oncológicos que en muchos casos llevan meses de espera para ser atendidos pese a la urgencia de su enfermedad. En zonas de difícil cobertura como Ibiza, el Govern ha creado, además, una Coordinación de Vivienda Sanitaria para ayudar a los profesionales a encontrar alojamiento contando con la colaboración de la sociedad ibicenca.
Medidas que ahora empiezan a dar sus frutos, en los seis meses de Gobierno Prohens, se han incorporado al Área de Salud de Ibiza y Formentera 33 nuevos especialistas: 30 a Ibiza y tres a Formentera que se reparten entre la atención hospitalaria y la Atención Primaria, además de los oncólogos y profesionales de patología dual. Además, con las últimas contrataciones del Servicio de Oncología Médica se ha podido recuperar e incrementar la actividad. De este modo, se atendieron en 2023 cerca de 8.000 consultas (7.975) frente a las 7.856 del año 2022, es decir un 1,6 por ciento más.
Según Prohens, el decreto de fidelización de profesionales sanitarios y la regularización de plazas de muy difícil cobertura ha permitido que “desde las otras comunidades autónomas estén mirando a Baleares para saber qué está pasando, cuando hace meses ponían a esta comunidad como ejemplo de cómo no se tenía que gestionar la sanidad pública”, ha explicado la presidenta Balear.
Sin funcionarios para cubrir las necesidades de los servicios públicos
En cuanto a los funcionarios, la situación también es preocupante con plantillas envejecidas e infradotadas que están calculadas en base a la población de los años 90, cuando Baleares es una de las comunidades que más ha crecido en términos de población y de personas que visitan las islas en los últimos años. Esto ha llevado a que las plantillas no estén dimensionadas adecuadamente para satisfacer las necesidades actuales de servicios públicos. El problema es que muchas plazas de funcionarios en Baleares no se llenan debido a la falta de personal de la Administración del Estado interesado en trasladarse a trabajar en la región. Un problema que se agrava en las áreas de fuera de Mallorca como Ibiza o Formentera.
Sin ir más lejos, faltan policías, el Sindicato Unificado de Policía (SUP)ha advertido de que los agentes no quieren trabajar en Baleares, como demuestra que en última convocatoria han quedado 300 vacantes sin cubrir. Entre los principales problemas, el precio de la vivienda y de los alquileres que obliga a compartir piso o vivir en infraviviendas para poder trabajar en las islas, lo que hace que, con el mismo sueldo, puedan vivir mejor en otras comunidades. “Los policías no quieren ser destinados a Baleares y los que lo son, en cuanto pueden se marchan”, denuncia el SUP.
Para paliar el problema el PP acaba de presentar una Proposición No de Ley (PLN) en el Congreso de los Diputados para actualizar las indemnizaciones por residencia de los funcionarios en Baleares y aumentar la cuantía “como mínimo” en 18 millones de euros más, de modo que el plus de insularidad alcance los 232 euros mensuales por persona. La última vez que se actualizó el plus de insularidad fue en 2006 y el incremento del coste de la vida ha sido importante durante este periodo. El objetivo es adaptarlo a la realidad actual de la insularidad.
El portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí Bosó, ha señalado que actualmente se dedican 8 millones de euros a esta indemnización por residencia, que supone 74,6 euros mensuales para cada trabajador del servicio público estatal en Baleares. La actualización que propone el PP supone un incremento “muy importante y sustancial”, remarcando que los servicios públicos en las Islas “son un desastre” y “nadie quiere” trabajar en la Administración General del Estado en Baleares con las condiciones laborales que se ofrecen.
A las puertas de la temporada turística
El sector del transporte de pasajeros y mercancías junto a las industrias cárnicas son otras de las actividades que buscan empleados ante la falta de personal cualificado. Esta situación se agrava a las puertas del inicio de la temporada turística, que este año se adelantará gracias a la celebración de la Semana Santa a finales de marzo. En el caso de los transportistas, la patronal del sector calcula que faltan unos 200 conductores en Baleares porque no disponen de los permisos específicos.
El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado que el Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB) se encargará de formar a profesionales en estos ámbitos para que se puedan incorporar a las plantillas antes del inicio de la temporada alta. Sáenz de San Pedro ha puesto el acento en que la falta de cualificación se extiende a muchos más sectores, como el pequeño comercio o las grandes superficies. Por ello, y tras reunirse con las principales patronales del sector, ha trasladado una serie de iniciativas enfocadas a promover la formación de los profesionales del tejido comercial de Baleares.
