El adelanto electoral para los comicios del 23 de julio provocó la disolución de las Cortes. Con ello, muchas leyes no se pudieron aprobar de modo definitivo y ahora toca empezar de cero. Entre ellas se encontraba la ley de prevención del desperdicio alimentario y para sacar adelante la misma, el Gobierno necesitará a Junts, ya que no tiene mayoría para evitar que el apoyo del partido de Carles Puigdemont, salvo acuerdos improbables, resulte imprescindible.
GOBIERNO Y LEGISLACIÓN
En este contexto, la ley contra el desperdicio alimentario se esperaba que entrase en vigor el primer semestre de 2023, pero no alcanzó a completar todos sus trámites parlamentarios antes de la disolución de las Cortes. El Gobierno entrante ya se ha comprometido a retomar una legislación que va a obligar a todos los eslabones a contar con planes para minimizar las pérdidas y sobre el CUE el objetivo es que el agricultor pueda sacar el mayor provecho de la digitalización de su finca.
Disminuir la pérdida y el desperdicio de comida reduce la pobreza, el hambre y ayuda a combatir el cambio climático
Disminuir la pérdida y el desperdicio de comida reduce la pobreza, el hambre y ayuda a combatir el cambio climático. Los efectos dañinos del cambio climático se reducirían, teniendo en cuenta que, a día de hoy, el desperdicio alimentario es responsable del 7% de las emisiones globales de gases efecto invernadero y casi el 30% de la tierra agrícola del mundo se utiliza para producir alimentos que nunca serán consumidos. Es por eso que es necesaria la ley contra el desperdicio alimentario y que la ciudadanía sea consciente.
MINIMIZAR PÉRDIDAS DE ALIMENTOS Y MULTAS DE HASTA 500.000 EUROS
Esta norma proponía acabar con el desperdicio de más de 1.300 millones de kilos de comida, no solo en hogares, sino en todos los eslabones de la cadena de producción. Si se hubiese aprobado la ley, España hubiera sido el tercer país de la Unión Europea que intentaba legislar para evitar que más de 1.300 millones de kilos de comida acaben cada año en la basura. Esta Ley del desperdicio alimentario estaba a un paso de ser una realidad, después que el Congreso diera el visto bueno en mayo, con 269 votos a favor, ninguno en contra y 70 abstenciones.
El desperdicio de alimentos es consecuencia de un funcionamiento ineficiente de los sistemas alimentarios. Sus causas están relacionadas con errores en la planificación y el calendario de cosecha, empleo de prácticas de producción y manipulación inadecuadas, deficiencia en las condiciones de almacenamientos, malas técnicas de venta al por menor y prácticas de los proveedores de servicios, y comportamiento inapropiado de los consumidores.
LA PREVENCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO CONTRIBUYE A MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA ALIMENTARIO, FAVORECIENDO LA BIOECONOMÍA CIRCULAR
No es la única cuestión a la que habrá que estar atentos; la aplicación obligatoria del cuaderno digital en todas las explotaciones agrarias españolas, según el proyecto de real decreto sobre la Política Agraria Común (PAC), también estará sobre la mesa. Desde el punto de vista del agricultor y ganadero, se incrementa de una forma desmesurada la complejidad regulatoria y las exigencias aplicables a la actividad agraria, constituyendo por sí mismas un impedimento para la viabilidad de la agricultura profesional e independiente constituida fundamentalmente por microempresas, además de un coste adicional.
Existe el riesgo de alcanzar un colapso administrativo en el campo, si la gestión sigue complicando, de consecuencias imprevisibles para el tejido productivo y la propia producción agraria. Asimismo, se está generando un importante problema de inseguridad jurídica provocada por la complejidad regulatoria. En este contexto, el plan estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura también ha resultado decepcionante para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, «España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país».
LA LEY DEL DESPERDICIO Y EL APLAZAMIENTO DE LA CUE
Cuando hablamos de la CUE nos referimos al Cuaderno de Explotación Digital, un proyecto que el Gobierno ha aplazado a septiembre de 2025 para la aplicación de este cuaderno. Esto ha salido a consulta pública un proyecto de Real Decreto que recoge una serie de medidas que afectarían a los agricultores y sus asesores con respecto al Cuaderno Digital. Las más importantes serían posponer la entrada en vigor del cuaderno de explotación digital; flexibilizar el uso del cuaderno de explotación digital, eximiendo de la obligación de su empleo a los agricultores con menor base territorial; y por último, usar el cuaderno digital voluntariamente antes de la entrada en vigor de la obligación.
Si bien, este proyecto Real Decreto todavía está en ‘stand by’ y no está aprobado, y, por tanto, no está en vigor, es esperable que sea aprobado en unas semanas, dado que la consulta pública es un trámite previo a su aprobación. Otros asuntos como la modernización del sector y el relevo generacional, el precio de los alimentos o la gestión del agua ya fueron protagonistas en la legislatura que acaba y seguirán muy presentes en la nueva.
Además, ya el pasado enero el Gobierno decretó atenuar la subida del precio de los alimentos con una rebaja en el IVA de todos los productos básicos, al principio solo fueron seis meses y luego ya se prolongó para todo el año. Ahora el Gobierno de Pedro Sánchez ha adquirido el compromiso de mantenerlo hasta junio de 2024.
En resumen, si finalmente se aprueba la ley, el objetivo para 2030 es que se reduzca a la mitad los residuos alimenticios per cápita en la venta minorista y el consumo, frente a los datos de 2020, lo que permitiría reducir un 20% la pérdida de productos en la cadena de suministros.
