La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha reclamado este miércoles una modificación de la ley orgánica de la institución, asegurando una financiación estable, recursos humanos suficientes y una mayor iniciativa propia a la hora de seleccionar las políticas que evaluar.
Para Herrero, es imprescindible modificar la ley orgánica de creación de la AIReF para regular la evaluación y establecer una financiación estable y suficiente, vía tasa. Según ha explicado, la evaluación es una de las principales actividades de la institución, pero no goza del «blindaje legal» que sí tiene la supervisión fiscal.
«Ha llegado el momento de acometer cambios estructurales que permitan a la institución desempeñar esta función contando con los recursos económicos y humanos necesarios y dando mayor papel a la AIReF en la toma de decisiones», ha reiterado este miércoles en la rueda de prensa para presentar el ‘Spending Review 2018-2021’.
Herrero ve «posible» una reforma «por unanimidad» de la Ley Orgánica de la institución que dotaría al organismo de la estabilidad y los medios que requiere. «Yo quiero pensar que de igual forma que mi nombramiento obtuvo la unanimidad del Congreso, ¿por qué no lograr la unanimidad en una reforma de la ley orgánica de la AIReF?», ha señalado.
Y es que según ha justificado la presidenta de la AIReF, España no está preparada para evaluar las políticas públicas, ya que se formulan políticas públicas sin vocación de ser evaluadas y hay falta de concreción de objetivos.
Uno de los ejemplos más cercano, según ha comentado Herrero, es lo que ocurre con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), para el que no se ha fijado un objetivo alcanzable y concreto, pese a las insistencias por parte del organismo independiente. Para la AIReF, si el objetivo que se quiere alcanzar con esta política es la prevención el riesgo de pobreza, sería necesario definir y dar a conocer en qué umbral se ha fijado el término de pobreza.
Además, desde la AIReF se critica que, en general, la información a disposición para evaluar el gasto de las distintas políticas públicas es «escasa y de deficiente calidad» para su tratamiento y hay una tendencia a reducir el alcance de las evaluaciones.
