La cifra de desahucios finalizados cayó durante el primer trimestre de 2023. Una reducción del 40,6% respecto al mismo trimestre del año anterior, según datos recogidos por el informe ‘Efectos de la crisis en los órganos judiciales’ del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los datos, de enero a marzo, aún no cuentan con los efectos resultado de la Ley de Vivienda, cifras que podrían cambiar mucho según lo que determinen las urnas el próximo 23 de julio.
Del total de desahucios practicados, dos de cada tres (4.860) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y, del resto, 1.308 correspondieron a ejecuciones hipotecarias y, los 411 restantes, obedecieron a otras causas.
Si comparamos los datos sesgados con los del primer trimestre de 2022, los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias fueron los que más disminuyeron, al reducirse en un 52,5%; los derivados de la LAU bajaron un 36,3% y los derivados de otras causas lo hicieron en un 40,6%.
Cataluña a la cabeza de los desahucios
Cataluña contabiliza el mayor número de desahucios en el primer trimestre del año, hasta los 1.715, lo que supone el 26,1% del total nacional; seguida por Andalucía, con 1.279; la Comunidad Valenciana, con 1.010 y Madrid, con 661.
En cuanto a los desahucios practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, Cataluña, con 1.240 y el 25,5% del total, vuelve a ser la comunidad con el dato más elevado. Le siguen Andalucía, con 853; la Comunidad Valenciana, con 675, y Madrid, con 573.
Los desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias, Andalucía encabeza operaciones, con 323, seguida por la Comunidad Valenciana, con 304; Cataluña, con 299, y Madrid, con 72.
Las ejecuciones hipotecarias se reducen un 10.3%
Asimismo, durante el primer trimestre del año, se presentaron 5.751 ejecuciones hipotecarias, cifra que disminuye un 10,3% respecto al primer trimestre de 2022.
El mayor número de desahucios por ejecuciones hipotecarias se dio en Andalucía, con 1.446, lo que representa el 25,1% del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.042; Cataluña, con 865; y Madrid, con 521. Sin embargo, si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 20 por cada 100.000 habitantes y Murcia, con 19,1.
La mayoría de sentencias de claúsula suelo son estimatorias
Por otro lado, el 97,8% de las 19.024 sentencias dictadas en el primer trimestre del año referidas a las cláusulas suelo fueron estimatorias, mientras que se resolvieron 22.283, un 38,3% menos que en el mismo trimestre de 2022, y quedaron en tramitación 151.583, un 24,6% menos.
Los juzgados especializados recibieron 16.758 asuntos relacionados con cláusulas suelo hasta marzo, lo que representa un 32,9% menos que en igual trimestre de 2022.
Tras los últimos acontecimientos electorales y la posibilidad de un viraje hacía la derecha, el Partido Popular, siempre se ha mostrado de acuerdo con el Gobierno actual sobre estos temas. De hecho, han facilitado la aprobado un decreto ley por el que se establece un procedimiento gratuito, rápido y ágil para que los consumidores que pudieran estar afectados por la imposición de cláusulas suelo abusivas en sus hipotecas reclamen su dinero con sencillez y en efectivo. Y en un plazo máximo de tres meses.
Ocupación ilegal de viviendas
En cuanto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, en el primer trimestre de 2023 ingresaron en los órganos judiciales 629, un 15% menos que un año antes.
Andalucía ha sido la comunidad en la que se han presentaron el mayor número de demandas, 145 (el 23,1% del total nacional). Le siguen la Comunidad Valenciana, con 104; Cataluña, con 94; y Madrid, con 71.
La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los principales problemas relativos a la propiedad de vivienda, arma de doble filo en la campaña electoral. Un cambio político que podría endurecer las medidas e incrementar el número de juicios. El Partido Popular incluye en su programa un punto específico para presentar, en el plazo máximo de un mes, un proyecto de ley ‘antiocupación’ que permita el desalojo en 24 horas desde el requerimiento si los ocupantes del inmueble no acreditan en dicho plazo el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble. También piden que se refuercen las penas por delito de usurpación con hasta tres años de cárcel.
Y es que ya entre las propuestas en materia de vivienda de los ‘populares’, la okupación ocupa un lugar central. Ya catalogaron la ley como un «chollo para los okupas». Así, las propuestas del partido de Núñez Feijóo en materia de okupación pasan por asegurar una mayor seguridad jurídica que promueva los desalojos en 24 horas o agrave la figura del delito de okupación, a nivel legal. Como adelantaba hace unos días Juan Bravo, el vicesecretario de Economía de Partido Popular «daremos más herramientas jurídicas a los magistrados y a las Fuerzas de Seguridad. Además, extenderemos el modelo de Oficina Antiokupa por todo el territorio».
