Las medidas más polémicas de la nueva Ley de Vivienda prácticamente han muerto nada más nacer. Los resultados electorales del pasado 28M han acelerado la decadencia de algunas medidas. El Partido Popular ya había destacado que no aplicaría el tope en el precio del alquiler en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobernase, y tras las votaciones, el mapa de España se tiñe de azul en 11 comunidades, con el apoyo de Vox.
La nueva Ley de Vivienda que entró en vigor, de forma algo apresurada, el pasado viernes 26 de mayo, llevaba más de un año encallada en el Congreso de los Diputados. Su aprobación, previa elecciones, ha sido usado por partidos de derechas y de izquierdas durante la campaña para anunciar quién iba a aplicar o no las medidas más polémicas, sobre todo, la relativa a la creación de zonas de mercado tensionado y, por tanto, el control de los precios del alquiler.
En concreto el Partido Popular, principal partido de la oposición ante el Gobierno central, se ha mostrado muy crítico desde un primer momento y ya anunció que en las regiones donde gobernara no se iba a aplicar la declaración de las zonas de mercado residencial tensionado. Ya antes de las elecciones, Madrid, Andalucía, Galicia o Castilla y León confirmaban su negativa al tope a los alquileres. Ahora Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Extremadura y Aragón, han tomado la misma decisión, aunque dependen de acuerdos con Vox.
En La Rioja, los ‘populares’ han logrado mayoría absoluta, como en Madrid, mientras que en Canarias, la aportación del grupo será clave para dejar gobernar a Coalición Canaria, en detrimento del PSOE y sus socios. El partido nacionalista canario no apoyó la Ley de Vivienda en el Congreso, afirmando la invasión de competencias autonómicas, lo mismo que el PNV, que gobierna en el País Vasco, región donde no se han celebrado ahora elecciones autonómicas, al igual que en Galicia, Andalucía, Castilla y León y Cataluña. Los socialistas apenas mantienen Castilla-La Mancha y Asturias.
La Ley de la Vivienda, en minoría
Cataluña, donde gobierna ERC, con los apoyos del PSC-PSOE, Asturias y Castilla-La Mancha, serían las únicas autonomías que estarían dispuestas a aplicar la declaración de zonas de mercado tensionadas. Así como Navarra, que pese al triunfo de Unión del Pueblo Navarro (UPN) se mantendría el gobierno de PSN-PSOE con el apoyo de Eh-Bildu y Geroa Bai.
Surgen las dudas también en Barcelona, donde Ada Colau (con 9 concejales) ha perdido poder local y pasa a ser la tercera fuerza política por detrás de JuntsxCat de Xavier Trías (11) y el PSC/PSOE (10) de Jaume Collboni. ERC (5) de Ernest Maragall pierde la mitad de concejales. Será Trias, como ganador, el que deba buscar los apoyos suficientes, aunque lo tiene complicado, a menos de un gobierno en minoría, con acuerdos puntuales. Mientras que más esperan los expertos es un tripartito PSC-ECP-ERC, aunque Esquerra lo haya descartado.
«El vuelco electoral que se acaba de producir en España, en el que muchos ayuntamientos y comunidades autónomas van a pasar a ser regidos por el Partido Popular, partido que se ha posicionado en contra de la nueva Ley de vivienda, dejará sin efecto la aplicación territorial de la Ley«, afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. A lo que añade, «todo el desarrollo de la Ley, incluido en la aplicación de las zonas tensionadas, y que estaba dirigido a intervenir y limitar las rentas de alquiler, no tendrá un efecto real en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas y municipios de España».
El adelanto electoral podría acabar con la Ley de Vivienda
El adelanto de elecciones generales anunciado por Pedro Sánchez podría suponer incluso la derogación total de la Ley por el Derecho a la Vivienda, en caso de que el Partido Popular ganase las próximas elecciones, y pudiera formar gobierno. Las elecciones, previstas para finales de 2023, se celebrarán el próximo 23 de julio, limitando a esta fecha la aplicación efectiva de la nueva legislación sobre vivienda.
Los ‘populares’ se han mostrado en contra de la Ley, de la cual han pedido su derogación esta misma semana a través de una proposición no de ley en la que además de su anulación propone un plan ‘antiokupación’ que permita desalojos en un plazo de 24 horas. Asimismo, plantea impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda con el objetivo principal de facilitar el acceso a los jóvenes de una vivienda, con ayudas tanto al alquiler como a la compra, con el fin de cerrar la brecha de emancipación que existe con respecto a la Unión Europea.
Se abren así muchas incógnitas sobre la aplicación de las medidas que dependían de la iniciativa autonómica, así como la gestión que se podría hacer de los desahucios una vez cambiara el gobierno y, por consiguiente, la ley. Lo mismo sucede con el tope de precios o los contratos de arrendamiento, con una seguridad que queda en cuestión.
La declaración de zona tensionada
Queda así en el aire la medida del control de los alquileres en zonas tensionadas para la cual ayuntamientos y comunidades autónomas eran los encargados de realizar el estudio sobre la situación del mercado inmobiliario. El mercado se podría declarar tensionado si la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos; o si el precio de la vivienda hubiera sufrido un crecimiento acumulado al menos % superior al porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo, en los últimos 5 años.
“Lo que es inaudito», advierte José Ramón Zurdo, «es que el mercado del alquiler en nuestro país, tenga que estar pendiente de los resultados electorales para saber si un propietario puede o no poner con seguridad y tranquilidad su vivienda en alquiler. Esta incertidumbre nos afecta a todos, inquilinos y propietarios, donde al final están trastocando gravemente un mercado de alquiler, destruyendo oferta, y por lo tanto dificultando enormemente el acceso a la vivienda”.
