El grave error de Artur Mas en el fin de la concesión a Aigües del Ter-Llobregat (ATLL) costará a los catalanes 304,4 millones de euros que percibirá Acciona en concepto de indemnización. El dinero proviene de la indemnización que exigió la compañía liderada por José Manuel Entrecanales en los tribunales ante el perjuicio por la revocación de la privatización.
La irregularidades en esta operación han costado una media de 40,58 euros a cada uno de los catalanes. La Generalitat trató de eliminar la concesión para después proceder a la venta de la misma a la propia Acciona. La operación sirvió para cuadrar las maltrechas arcas públicas en plena era de recortes sociales, que dieron paso después a las protestas y al germen de Podemos, con la protesta de los ‘indignados’ y el asalto al Parlament.
Acciona cedió el derecho de cobro de esta reclamación al fondo Fortress por 170 millones
Con la mala gestión por bandera, más cuando la Generalitat disparó la deuda pública hasta los niveles de rescate, el Gobierno entonces de la ahora extinta CiU trató de privatizar la concesión, una maniobra orquestada por el exconsejero de Economía Andreu Mas-Colell. Todo ello, a las puertas de unas elecciones que resultaron decisivas y donde la denominada geometría variable era necesaria para poder aprobar las leyes.
AGBAR TUMBÓ LA LICITACIÓN PACTADA ENTRE EL GOVERN Y ACCIONA
Para la maniobra, se establecieron unas condiciones y requisitos favorables para Acciona, que a su vez rubricó el documento para evitar mostrar la oferta de la antigua Entrecanales. La adjudicación salió adelante. Sin embargo, nadie esperaba el movimiento de Agbar, líder de la concesión del agua en Cataluña, que impugnó la operación.
Agbar obtuvo sucesivas victorias judiciales y logró anular la adjudicación en los tribunales. Así, la constructora exigió una milmillonaria indemnización por no poder operar ATLL. Sin embargo, la Generalitat, inmersa en los Presupuestos, se desentendió por completo del asunto.
Cabe recordar que Agbar no sólo impugnó la licitación, sino que pidió la exclusión inmediata de Acciona de la gestión de la empresa pública Aigües Ter Llobregat (ATLL) en sendos requerimientos al entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y a los consejeros de Territorio, Santi Vila, y a Mas-Colell. En este sentido, reclamó la ejecución de la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (Oarcc), organismo que depende de la Generalitat, y que invalidó la adjudicación de ATLL al consorcio Aigües de Catalunya, formado por Acciona y BTG Pactual, al considerar que la oferta no respetaba el plazo de inversiones previstas en las condiciones del concurso.
Además, se exigió a la Generalitat que se abstenga de realizar cualquier actuación en relación con ATLL «que no esté dirigida a la liquidación del contrato», en especial las que supongan un beneficio, consolidación o reconocimiento de la posición de ATLL como gestor del servicio público.
EL SUPREMO RATIFICÓ LA ANULACIÓN A ACCIONA
La petición de Agbar se produjo sólo unos días después de que el Tribunal Supremo desestimara la suspensión cautelar solicitada por Aigües de Catalunya de la resolución del Oarcc, lo que supone un revés al consorcio integrado por Acciona en la larga batalla judicial en la que ha derivado la privatización de ATLL.
Tras los tres recursos de Acciona, admitidos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el tribunal autonómico le da la razón en parte al aceptar una indemnización, pero muy inferior al montante exigido, de 304,4 millones frente a los 1.000 que llegó a pedir. Según el fallo, la Generalitat deberá abonar 262,8 millones en concepto del canon no amortizado, otros 38 millones por la no amortización de inversiones realizadas y cerca de 3,5 millones por los costes de licitación.
El propio TSJC anuló la adjudicación en 2015 y el propio Tribunal Supremo reafirmó dicha decisión en 2018. Ese mismo año, Damià Calvet, consejero de Territorio, resolvió la liquidación de gestión del servicio. Sin embargo, la Generalitat tiene ahora la posibilidad de recurrir el fallo ante el propio TSJC, mientras ATLL se prepara para una posible ofensiva judicial.
ACCIONA VENDIÓ EL DERECHO DE COBRO POR EL 17% DE LA INDEMNIZACIÓN PEDIDA
Para desentenderse por completo del problema, Acciona cedió el derecho de cobro de esta reclamación al fondo Fortress por 170 millones de euros más un porcentaje del importe concedido. Es decir, Acciona percibirá menos de un 70% de la reclamación inicialmente exigida.
Según ha informado Acciona a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ATLL también está analizando los fundamentos de la sentencia para determinar las acciones legales o judiciales que correspondan.
En la segunda sentencia, el TSJC reconoce a la empresa el derecho a ser retribuida por la prestación de servicio que hizo entre enero y febrero de 2019, y la tercera ordena que se le devuelva la garantía definitiva y resarcirla de los gastos de mantenimiento del aval desde que debió producirse la devolución hasta su definitiva cancelación. Una vez la justicia hizo firme la anulación del contrato, la ejecutó y declaró que el contrato de abastecimiento de agua con ATLL había quedado anulado y entraba en fase de liquidación.
