Permitir al trabajador la elección de los 25 mejores años para el cómputo de su pensión supondrá que el sistema de pensiones «pierda» en términos de impacto financiero, según ha explicado el presidente de Foro de Expertos del Instituto BBVA de Pensiones, José Antonio Herce, en un vídeo corporativo en el que resume las principales medidas que ha introducido la reciente reforma de las pensiones.
Herce ha catalogado de «muy difícil» la posibilidad de que todos los interlocutores sociales vean viable la extensión del periodo de cómputo considerado para el cálculo de la base reguladora con la que calcular la pensión y ha apuntado a que una forma posible de convencerlos sería permitiéndoles elegir los 25 mejores años de esos periodos ampliados.
Asimismo, ha hecho hincapié en que «si se eligen los 25 mejores años va a ganar el trabajador, pero el sistema va a perder» y ha señalado esta posible medida como una tarea a tratar durante el curso 2022-2023.
Otros de los aspectos que quedan por determinar, según el experto de BBVA, son el destope de las bases de cotización a la Seguridad Social, una medida que ha catalogado de «no sencilla», pero «fundamental» para que los derechos que se causen sean «más que proporcionales» a medio y largo plazo; y la concreción del nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos de acuerdo a sus ingresos reales.
PRINCIPALES MEDIDAS DE LAS PENSIONES Y SUS EFECTOS
La primera pata de la reforma de pensiones acordada entre el Gobierno y los agentes sociales entró en vigor el 1 de enero. La norma recuperó el IPC como referencia para revalorizar las prestaciones, impulsó la demora de la jubilación y supuso el fin del llamado factor de sostenibilidad, que nunca ha llegado a entrar en vigor, para introducir el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que se pondrá en marcha para afrontar la jubilación de los ‘babyboomers’ a partir de 2023-2024.
Vincular las pensiones a la evolución de los precios es, a juicio de José Antonio Herce, «lo socialmente deseable», pero matiza que este modelo «carga las cuentas del sistema» de manera que, para defender su sostenibilidad, será necesario buscar cada año los recursos necesarios.
En el caso de la jubilación demorada, la norma establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, a partir del cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación que corresponda. Además, se refuerzan significativamente los incentivos, que pasan a ser de tres tipos por cada año de demora.
En concreto, se podrá elegir entre obtener un porcentaje adicional del 4%, una cantidad a tanto alzada que va desde un mínimo de casi 4.800 euros a un máximo de 12.060 euros, dependiendo de la cuantía de la pensión, o una combinación de ambas, una novedad que Herce ha catalogado de «muy interesante».
«Veremos en qué medida estos incentivos logran aumentar la edad de jubilación, disuadiendo a los que quieran jubilarse anticipadamente y convenciendo también a los que puedan jubilarse cada vez un poquito más tarde respecto a la edad legal de jubilación de cada momento», ha concluido el experto de BBVA de Pensiones.
