La regulación del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos aboca a la quiebra a las medianas y pequeñas comercializadoras de la luz. La inseguridad jurídica generada hacia estas empresas ha provocado la ruptura de grandes contratos a largo plazo y el rechazo de fondos de inversión a continuar en el negocio, según han asegurado diversas voces del sector energético consultadas por MERCA2.
Las comercializadoras de tamaño reducido no pueden competir con los altos precios de la electricidad debido a los enormes costes que soportan ahora por los elevados precios de la luz. En el OMIE, el precio máximo que se paga por esta materia prima básica ha superado los máximos establecidos por el propio Gobierno hasta mayo de este año. En ese mes, se modificaron drásticamente las reglas del juego, de un precio de 180,3 euros por MWh como máximo a un límite de 3.000 euros, con un mínimo de -500 euros por MWh.
LA REGULACIÓN Está provocando tal situación que, a día de hoy, las pequeñas están financiando a las grandes
El fin era «homogeneizar» el mercado eléctrico español y situarlo a la altura de otros países europeos. No obstante, no es el precio máximo que se puede llegar a alcanzar. Por ley, el mercado intradiario de compraventa de electricidad puede variar desde los -9.999 euros por MWh a un máximo de 9.999 euros.
LAS COMERCIALIZADORAS PEQUEÑAS FINANCIAN A LAS GRANDES DISTRIBUIDORAS
Se ha juntado la tormenta perfecta sobre las comercializadoras medianas y pequeñas debido a la coyuntura de precios muy elevada, debido a la presión en Europa y a la formación de precios en España, y por los cambios regulatorios que toman en consideración a los consumidores, pero no los efectos perversos sobre las pequeñas y medianas comercializadoras. «
Cuando se hizo la reducción del IVA se realizó una bajada a los pequeños consumidores de 11 puntos, hasta el 10%, pero «la comercializadora debe abonar un 21% por los puntos de acceso a las grandes distribuidoras«, han apuntado. En este sentido, consideran que estas pequeñas entidades están «financiando» a las grandes, ya que el IVA va a parar directamente a la caja de Hacienda.
Además, las comercializadoras realizan tres grandes operaciones en su proceso de negocio. La compra en el mercado OMIE, donde se abona el 21% del IVA por «toda la energía de los clientes», mientras que abonan a las grandes eléctricas por las tarifas de acceso -el uso de la red-, lo normal sería que la distribuidora repercutiera el 10% del IVA a las comercializadoras por cada cliente que tenga derecho a esta bajada de impuestos.
«Sería muy fácil regularlo, pero no se ha hecho. ¿El motivo? Nadie sabe explicarlo«, ha asegurado una de las fuentes consultadas. De esta forma, la diferencia de estos 11 puntos los soporta la comercializadora, pese a actuar únicamente como intermediaria entre el cliente y la distribuidora. «Está provocando tal situación que, a día de hoy, las pequeñas están financiando a las grandes», han apuntado.
¿FACTURAS DE LA LUZ SEMANALES? ALGUNAS COMERCIALIZADORAS LO PLANTEAN ANTE LA FALTA DE LIQUIDEZ
De hecho, esta diferencia en el IVA es superior al margen medio bruto de beneficio por cliente de una comercializadora pequeña. Según los datos de la CNMC, el margen alcanza el 10% entre los ingresos y los gastos, con los precios de hace un año. Con los actuales, las comercializadoras se ven obligadas a modificar contratos e incluso se plantean emitir facturas semanales en vez de mensuales para obtener liquidez a corto plazo y poder hacer frente a las obligaciones.
«Si el Gobierno está tan asustado con los precios de la electricidad es tan sencillo como volver a marcar un límite máximo más bajo del actual. En los últimos 20 años, la Unión Europea no ha realizado ninguna queja al respecto. La gran pregunta es el por qué se ha modificado», han reflexionado las fuentes del sector. «Se puede poner un límite de 150 o de 100 euros por MWh«, han objetado las mismas fuentes. «¿Por qué no recular como se ha asegurado que se hará con las renovables?», se pregunta otra de las fuentes. Todas ellas apuntan que estas medidas solo perjudican a las comercializadoras que en los últimos años han arrebatado más de dos millones de clientes a las grandes jugadoras del mercado.
EL LÍMITE DE LOS 3.000 EUROS, UN CAMBIO REALIZADO POR SÁNCHEZ EN MAYO
La pasada semana, el precio de la luz superó los 180,3 euros por MWh durante varios días, para después situarse en niveles inferiores. «Es una barbaridad lo que se hizo. Nadie lo entiende. El Gobierno fijó otros límites tres meses antes de que el precio de la luz se disparase y tendría ahora la misma herramienta para poder evitarlo, pero no lo han hecho», han considerado. Este límite ha estado vigente desde hace 20 años y no se había cambiado ni cuando la luz se disparó en 2013 ni en 2018.
«Este mecanismo sólo favorece a las grandes empresas que operan en el sector eléctrico», han deslizado las fuentes. Mientras tanto, numerosas comercializadoras están atravesando en este momento graves dificultades y en los próximos meses, si el precio continúa al alza como así se prevé, algunas de ellas dejarán de prestar el servicio.
Y es que, la compra de electricidad realizada en el OMIE se realiza semanalmente y aportando garantías para respaldar los pagos. Estos costes, hasta hace poco más de cinco meses, se podían soportar. Pero la nueva regulación y los precios han triplicado los precios, así como las garantías. Si antes se aportaban un total de 9 millones de euros, ahora la cifra asciende a 27. «Una situación insostenible y que daña a los clientes porque las grandes solo se preocupan de los accionistas», han aseverado las fuentes del sector.
EN ESPAÑA NO HAY SUBASTA DE CLIENTES
Sin respaldo financiero ni bancario, muchas de estas pequeñas comercializadoras que han irrumpido en el mercado en los últimos años no podrán hacer frente al pago del OMIE. Las consecuencias de no hacerlo son inmediatas: pérdida de la licencia y de todos los clientes, que pasarán directamente al mercado regulado bajo el paraguas de las únicas empresas que pueden ofertar esta tarifa. Curiosamente, en España no se realiza subasta alguna de estos clientes, pese a ser el principal activo.
Como ejemplo, si una comercializadora compraba el pasado año electricidad por valor de un medio millón de euros en el OMIE tenía que entregar como garantías un millón a la semana. De esta forma, el coste total por semana alcanzaría los 1,5 millones. Si se multiplica por las cuatro semanas del mes, cada comercializadora destinaba antes de esta tormenta perfecta 6 millones de euros en total. Con estos precios, el pago semanal en el OMIE se ha triplicado, como las garantías. En total, estaría pagando cerca de 20 millones de euros en este caso, aunque para otras el precio es más elevado cuanta mayor es la compra de energía.
La asfixia de las comercializadoras se produce principalmente por la falta de liquidez. «Sin tesorería no hay pagos al OMIE«, han advertido. Y es que, este mercado no admite ni pagarés ni demoras. Así, solo actúan las firmas que tienen músculo para hacerlo y dentro de poco aquellas que generen sus propios recursos ante la ausencia del crédito para estas entidades.
SIN TESORERÍA NO HAY NEGOCIO Y LAS GRANDES VOLVERÍAN A TENER MÁS CLIENTES
Cabe recordar, que la comercializadora sólo puede ofertar el precio regulado cuando tiene más de 250.000 clientes, entre otros requisitos. En España, son únicamente cuatro entidades. Con la desaparición de empresas, «habrá una concentración en el sector eléctrico y por tanto menor competitividad«, pero la CNMC no ha realizado ninguna advertencia al respecto.
El ‘robo’ de clientes a las grandes eléctricas en los últimos años se debe a la flexibilidad de las pequeñas a la hora de pactar precios y estrechar los márgenes. Las grandes no pueden permitirse estos lujos cuando los accionistas exigen explicaciones porque repercute precisamente en el pago de dividendos. «No se han preocupado de los clientes sino de los accionistas», han afirmado las mismas fuentes. «Para nosotros los clientes son lo más importante, además de preocuparnos de comprar energía 100% renovable», han destacado.
Por este motivo, las comercializadoras que buscan hacerse un hueco en el mercado han señalado que los grandes perjudicados ante una nueva concentración del mercado serán los clientes, independientemente del tamaño de estos.
Además, los cambios regulatorios del Gobierno sobre la retribución de los PPAs ha puesto a inversores y comercializadoras en alerta máxima. El Ejecutivo ha aprobado la confiscación de los denominados «beneficios caídos del cielo» que afectan directamente a la generación libre de emisiones de CO2.
LA INSEGURIDAD JURÍDICA, EL ESTOQUE DE MUERTE PARA LAS PEQUEÑAS COMERCIALIZADORAS
De esta forma, los inversores que planeaban regresar a España en el mercado de las renovables han dejado de hacerlo y las que quedan aún en pie no tendrán el respaldo de los fondos de inversión ni de la banca por la propia inseguridad jurídica. Y es que, según las fuentes del sector consultadas, los PPAs están siendo una auténtica ruina para las comercializadoras que han firmado antes de la subida de la luz.
«Estamos en pérdidas y renegociando con los clientes«, ha advertido una de ellas. En caso de no prestar el servicio, las pérdidas serán para la comercializadora, mientras la empresa continuará operando con alguna de las cuatro grandes.
Por otro lado, han advertido de la excesiva «subvención» en el mercado regulado mediante las bajadas del IVA y recortando otras partidas en la factura. «Al final los consumidores volverán de nuevo a la cuota regulada evitando la fija», han considerado.
«Los beneficiados son los de siempre», han apuntado. «Yo no puedo ofrecer por ley el precio regulado«, han apuntado otras comercializadoras consultadas. De hecho, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es en esta tarifa donde se produce el mayor margen de beneficio de las eléctricas. Además, han considerado que es «tan sólo un aviso a navegantes» hacia las comercializadoras más grandes y fuera de las cuatro primeras, que han iniciado una guerra particular de tarifas para tratar de aumentar los clientes en plena tormenta eléctrica.
