A bombo y platillo. Así anunció el Ayuntamiento de Ada Colau y Jaume Collboni la incoación de 32 expedientes a plataformas y empresas inmobiliarias por no indicar el índice de referencia en la publicidad de las viviendas en alquiler.
El Ayuntamiento señaló deliberadamente a tres inmobiliarias, pese a que la apertura del expediente afectaba a más nombres. «Se nombró a las tres más grandes que operan en Barcelona; el resto no eran comparables ni por tamaño ni por su peso», afirmaron fuentes del Consistorio a MERCA2.
Este agravio comparativo ha supuesto un daño a la imagen de las inmobiliarias, más cuando no se trata de una resolución y tampoco es la norma general. De los miles de anuncios publicados desde la entrada en vigor de la nueva normativa, el Ayuntamiento sólo ha encontrado un total de 16. Una acción de agitación y propaganda con publicidad y sin dar explicaciones convincentes del por qué se mencionan tres empresas en concreto y no a todas.
ALGUNOS DE LOS PORTALES NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
«Algunos de los portales inmobiliarios no cumplieron con los requisitos de los anuncios«, según afirman fuentes de una de las inmobiliarias afectadas por esta decisión del Ayuntamiento de Barcelona a este medio. Y es que, las fuentes indican que la misma creatividad estaba alojada en su web, con los índices de referencia y si la zona tensionada. Éstos criterios son obligatorios, según la ley recurrida ante el Tribunal Constitucional, y son dos datos que debe conocer el futuro inquilino para poder negociar la cuota del alquiler.
«El Ayuntamiento nos informó de que teníamos una vivienda en el que no aparecía el índice de precios de referencia en el anuncio», según indican las mismas fuentes. La inmobiliaria sí tiene estos anuncios colgados en su página web con todos los requerimientos legales exigibles. Sin embargo, el portal inmobiliario, debido a los sistemas automatizados para publicar el anuncio, no incluyó algunos de los datos. Colau se ha acogido así a este hecho para abrir expediente tanto al portal como a la inmobiliaria, pese a no tener responsabilidad alguna. Y es que, hay pruebas de los archivos que se mandaron a las plataformas.
EL AYUNTAMIENTO ASEGURÓ QUE ERA «UNA ACCIÓN INFORMATIVA»
Las fuentes de esta inmobiliaria aseguran que dieron respuesta casi inmediata al Ayuntamiento, que en vez de corregir su error emitió el comunicado poco después, señalando a únicamente tres del total de empresas que se enfrentan o bien a multas de una cuantía mínima de 3.000 euros, o bien a una resolución favorable, aunque el daño a la imagen esté ya hecho.
Pese a su contestación, «nos ha sorprendido de la comunicación del Ayuntamiento, citando nombres, cuando nosotros estamos cumpliendo la ley«, alegan desde la conocida inmobiliaria. En su caso, la plataforma no publicó el archivo ‘jpg’ -una extensión para las imágenes y fotos- que se le facilitó. «Lo tienen», afirman. De hecho, en el texto del anuncio aparecía el índice de referencia calculado para ese inmueble, aunque el Ayuntamiento haya decidido incoar expediente.
«Nosotros lo comunicamos a quien iba a publicitar el anuncio, pero algunos de los portales no podrán cumplir con esta ley«, insisten desde la inmobiliaria. Y es que, cada vivienda lleva asociado un cálculo que hay que realizar en la web de Vivienda de la Generalitat.
CRIMINALIZAR AL SECTOR POR SÓLO 16 ANUNCIOS
Algunos de estos grandes portales sí han abonado la cuantía estipulada en la incoación del expediente, aunque esta inmobiliaria contempla la posibilidad de recurrir ante la justicia ordinaria si finalmente el Ayuntamiento lo resuelve con la sanción. «No hemos pagado porque no hemos incumplido la ley«, aseveran las fuentes empresariales.
La inmobiliaria publicita cientos de inmuebles al mes. Desde la entrada en vigor de la ley de septiembre de 2020, ha aplicado los mismos criterios en todos ellos, tal es así, que sólo se han detectado ‘anuncios trampa’ en los grandes portales, y no en las propias webs de cada empresa.
«El mismo anuncio aparece publicado en su propia página web, sin errores y con el índice de referencia«, han explicado fuentes de la inmobiliaria. «En el de la plataforma no aparece» estos requisitos, han añadido. Según han argumentado, «en ningún momento hemos tenido interés en ocultar el índice o el anterior precio».
En un inicio, el Ayuntamiento consideraba esta acción como un hecho informativo, un aviso a navegantes para incluir en los anuncios los índices de referencia. Sin embargo, «lo que sorprende es que en una acción que pretende ser informativa se mencione a unos sí y a otros no», han comentado desde la propia inmobiliaria.
DAÑO REPUTACIONAL GRATUITO A LAS INMOBILIARIAS
En su defensa, indican que se ha cumplido la ley en todo momento. Pero el Ayuntamiento «se precipita» al informar de la apertura de expedientes, pese a ser una llamada de aviso y obligar así a las inmobiliarias a dar a conocer públicamente este índice de referencia, un cálculo que se puede realizar en la propia web de la Generalitat.
El Ayuntamiento de Colau y Collboni «nos deja totalmente indefensos cuando nos menciona», denuncia la inmobiliaria. Y es que, su nombre queda expuesto ante los potenciales inquilinos, clientes y el público en general. Éstos pueden «pensar que lo hacemos a propósito«, pese a ser unos pocos anuncios de los cientos que da a conocer mensualmente. «Tenemos un equipo que lleva mucho tiempo trabajando para cumplir con nuestro compromiso con la transparencia. Llevamos años luchando para ello», han destacado las mismas fuentes a este medio.
El Ayuntamiento tildó la incoación de expedientes como una «tarea pedagógica«, pese a parecer sospechosamente a una campaña de publicidad de una acción del propio equipo de Gobierno municipal. «Se parece a una maniobra de propaganda para mostrar una supuesta lucha para contener los precios del alquiler«, han destacado fuentes del sector ajenas a los expedientes. Y es que, socialistas y comunes gobiernan conjuntamente la Ciudad Condal desde 2019.
SIN RESOLUCIÓN, PERO EN EL DISPARADERO
«Ellos sólo han abierto los expedientes, no han resuelto aún ninguno de ellos», han indicado las fuentes de la inmobiliaria afectada por el hacer del Ayuntamiento. Eso sí, algunas de los portales que publicitaban viviendas sin el índice de referencia se han plegado a las exigencias del Ayuntamiento, aunque se desconoce si finalmente han abonado los 3.000 euros que como mínimo estipula la normativa. «
Los sistemas de los portales no son los de las inmobiliarias y creemos que algunas de estas plataformas no van a poder cumplir con las exigencias de esta ley. «El Ayuntamiento nos ha puesto en un aprieto«, han considerado las mismas fuentes. Todo ello, pese a que el expediente aún podría salir favorable a esta y otras empresas.
