La Cámara de Comercio de España cree que la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre refleja que la pandemia sigue golpeando «con fuerza» al mercado laboral español y confirma «su deterioro histórico».
Según ha señalado en un comunicado, la ocupación ha aumentado en casi 570.000 personas (-3,5% frente a 2019) y eso a pesar de que las personas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con suspensión de empleo se consideran ocupadas.
Para la Cámara de Comercio, los datos del mercado laboral continúan reflejando «la profunda recesión» que afronta la economía española «no conocida en las últimas décadas».
Así, según las previsiones de la Cámara de Comercio, la caída del PIB del 14,3% que espera para este año «pasará factura» sobre el mercado de trabajo, con un descenso de la ocupación que estima del 8,7% para el conjunto del año.
No obstante, ha dejado claro que estas previsiones podrían empeorar ante el aumento de la intensidad de los rebrotes de las últimas semanas, que supondrían medidas de contención «severas», o ante un eventual retraso en la disposición de una solución efectiva al coronavirus, «que condicionaría la senda de recuperación del medio plazo».
«El diálogo y el consenso entre las principales fuerzas políticas, económicas y sociales continúa siendo prioritario para adoptar las medidas y reformas que la recuperación y la reconstrucción requieren», ha remarcado, tras afirmar que este es el pilar «más eficaz» para generar confianza y el ánimo que el tejido empresarial necesita para devolver al país a la senda del crecimiento.
En el corto plazo, aboga por extender y modular, hasta cuando sea necesario, el sostenimiento de las rentas, las ayudas a los autónomos y los ERTE, sin olvidar la prolongación de las líneas de apoyo público a la liquidez de las empresas.
Por otro lado, en el medio plazo, pide no dejar de lado las reformas estructurales «ambiciosas» que permitan aumentar el crecimiento de España. En concreto, en el marcado laboral, cree que deben aplicarse actuaciones específicas capaces de perfeccionar su funcionamiento.
Sobre todo, para fomentar la inclusión de los parados de larga duración, mayores de 45 años y los jóvenes, así como para reducir la burocracia y los costes vinculados al proceso de contratación laboral, y para mejorar la eficacia de las políticas activas de empleo.
