Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han fijado esta semana sus líneas rojas y ya están preparados para negociar las reglas de la nueva Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor en 2023, con los ecoesquemas y la definición de agricultor genuino o activo como potenciales puntos de choque entre ambas partes.
Los ministros de Agricultora de los Veintisiete lograron pactar su posición negociadora la madrugada del miércoles tras 42 horas ininterrumpidas de debates, fruto de una importante división con respecto a los nuevos ecoesquemas que se introducirán para conseguir que la PAC sea más ‘verde’.
De su lado, la Eurocámara ha pasado la semana votando casi 2.000 enmiendas a los tres reglamentos que compondrán la futura PAC: el de planes estratégicos, el de la organización común de mercados y el ‘horizontal’.
Los informes han salido adelante en el Hemiciclo europeo gracias a los votos a favor de los grupos popular, socialdemócrata y liberal y han contado con la fuerte oposición de los ecologistas bajo el pretexto de que la reforma no incumple con los objetivos del Pacto Verde Europeo.
En la misma línea, las organizaciones ecologistas WWF y SEO/BirdLife consideran que tanto la posición de los eurodiputados como la de los gobiernos «imposibilitan una futura PAC verde y justa y torpedean el cumplimiento de los compromisos ambientales» de la UE.
Por el contrario, la organización agraria europea Copa-Cogeca ha negado que la posición de la Eurocámara sea un «blanqueo ecológico» y ha defendido que los eurodiputados «han asumido una postura responsable»
En cualquier caso, una vez adoptada, la PAC contará con un presupuesto da casi 390.000 millones de euros, de los cuales 291.100 millones están previstos para los pagos directos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y 95.500 millones para las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). España recibirá unos 47.700 millones de euros
ECOESQUEMAS Y VERDADEROS AGRICULTORES
Las posiciones negociadoras del Consejo de la UE (los Estados miembros) y el Parlamento Europeo anticipan algunas de las dificultades con las que se encontrarán los negociadores de ambas instituciones una vez empiecen las conversaciones en las próximas semanas.
Así, el principal punto de desencuentro entre ambas será, previsiblemente, el umbral mínimo que tendrá que destinarse a los regímenes en favor del clima y el medio ambiente (los ecoesquemas). Se trata de una ayuda adicional que los Estados miembros tendrán que pagar a los agricultores y ganaderos que quieran ir más allá de los requisitos ‘verdes’ obligatorios.
Los ministros de Agricultura acordaron, aunque no sin problemas por las diferentes de partida, que estos programas tuvieran reservado un 20% del presupuesto de pagos directos. Para sacar adelante este umbral, muchas capitales exigieron introducir cierta flexibilidad para no perder ese dinero en caso de que los agricultores y ganaderos no puedan o quieran acogerse a ellos.
Sin embargo, los eurodiputados son partidarios de que estos ecoesquemas cuenten con una dotación mínima del 30% de los pagos directos de la PAC. También han pedido que se pueda transferir un 5% de la dotación de desarrollo rural (pilar 2) al sobre de ayudas directas (hasta un 12% en los países con unos pagos por hectárea inferior a la media europea), pero este dinero debe dedicarse a financiar ecoesquemas.
Otro elemento que puede general fricciones en las negociaciones será la definición de los productores verdaderos que podrán tener acceso a las ayudas agrícolas europeas. Los Estados miembros quieren que el concepto de ‘agricultor genuino’ sea establecido a nivel nacional, con el único requisito europeo de que siga criterios «objetivos y no discriminatorios».
Pero la Eurocámara quiere blindar el presupuesto de la PAC y garantizar que sus pagos llegan únicamente a aquellos profesionales que desarrollen «al menos un nivel mínimo de actividad agraria». Para ello, defienden recuperar el concepto de agricultor ‘activo’ –en lugar de ‘genuino’– y piden que queden excluidos de las ayudas los gestores de aeropuertos, servicios ferroviarios o instalaciones deportivas y recreativas.
Un último aspecto importante de la futura PAC divide a Eurocámara y Consejo de la UE. La primera institución quiere que con carácter general sea obligatorio limitar a 100.000 euros los pagos directos, mientras que los Estados miembros quieren que cada país decida si imponer o no este umbral máximo de ayuda por explotación.
