Los expertos y directivos españoles consideran que la fragmentación y la polarización política es el principal obstáculo para hacer un uso adecuado de los recursos puestos a disposición de España a través del fondo europeo de recuperación, según se desprende de un estudio que ha realizado la firma de servicios profesionales PwC y que ha publicado este domingo.
En concreto, un 77,1% de los encuestados se ha mostrado «totalmente de acuerdo» con la afirmación de que la fragmentación y la polarización política son un obstáculo porque «reducen el escrutinio y el peso de los argumentos técnicos».
En segunda posición se ha situado la afirmación de que la Administración Pública es «poco moderna, poco ágil y excesivamente burocratizada». Esto es compartido por un 54,3% de los encuestados, entre los que se encuentran empresarios, directivos y expertos de universidades y centros de investigación económica.
En tercer lugar, la afirmación de que la estructura territorial del Estado y los problemas de coordinación entre Gobierno central, comunidades autónomas y corporaciones locales son un obstáculo es compartida por el 41,9%.
Otra de las conclusiones de la encuesta realizada por la firma de consultoría y auditoría es que el 44,2% de los directivos cree que sería necesaria la creación un grupo de trabajo, coordinado por la Presidencia de Gobierno, que se ocupe de preparar los proyectos en estrecha colaboración con las empresas españolas y con las comunidades autónomas.
En este sentido, únicamente un 9,6% de los encuestados asegura que el sector privado es plenamente consciente de su existencia y de cuáles son los procedimientos para poder acceder a los mismos. Otro 37,5% cree que hay un enorme desconocimiento por parte de las empresas sobre cómo plantear propuestas viables y de qué tipo de proyectos serán financiados por el programa de recuperación.
Con respecto a las grandes reformas estructurales que necesita España, los expertos han elegido sobre todo a la educación (68,6%), el mercado laboral (50,4%), la Administración Pública (48,6%), las pensiones (47,6%) y por la reorganización de la fiscalidad (40%).
En la parte de las condiciones del fondo, el 61,3% de los encuestados estaba en contra a que estas ayudas no tuvieran condicionalidad y se incorporaran a los presupuestos nacionales sin mayor control posterior. Por otro lado, el 41,5% asegura que los recursos del fondo deben estar sujetos a una «estricta condicionalidad», similar a la de los programas de rescate que se produjeron, entre 2010 y 2013, para evitar el riesgo de que no se utilicen correctamente.
Además, aunque el 54,3% de los directivos encuestados acepta que, a medio plazo, será necesario elevar la recaudación impositiva del Estado, no están de acuerdo en que se suban los impuestos. En su opinión, la solución sería reducir las deducciones y luchar contra la economía sumergida.
