El Banco de España cree que el ingreso mínimo vital (IMV) aprobado recientemente por el Gobierno puede ser útil para reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con dificultades estructurales especiales, pero estima conveniente «vigilar estrechamente» la posibilidad de que este instrumento, al ser una transferencia permanente, pueda acabar provocando «algunos efectos indeseados».
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado que se inicia la actual crisis «con más desigualdad que la anterior» y ve «muy probable» que la actual crisis aumente aún más dicha desiguldad ya que está afectando en mayor medida a los colectivos con rentas relativamente bajas.
Por ello, sostiene que medidas como el ingreso mínimo junto con una agenda de reformas estructurales «ambiciosa» para el empleo y la productividad podrían corregir el impacto social de la crisis.
No obstante, avisa de posibles efectos no deseados en el ingreso mínimo vital, entre los que menciona la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a la economía sumergida.
En este sentido, estima necesario evaluar la efectividad de algunas de las medidas previstas en el IMV, como el mantenimiento temporal de al menos una parte de la cuantía subsidiada cuando el beneficiario encuentra trabajo.
En su último informe anual, la institución aboga por que el IMV se acompañe de un seguimiento «continuo y riguroso» de su funcionamiento, de su coste y del grado de consecución de los objetivos perseguidos.
Así, considera que hay que analizar si se solapa con otras ayudas ya dispuestas a escala central, regional y local, y precisar si los requisitos de elegibilidad establecidos en el diseño actual, como los relativos a la necesidad de estar registrado en el Servicio Público de Empleo Estatal, excluyen de la ayuda a algunos colectivos vulnerables, o si otros requisitos «pueden recalibrarse» para proporcionar «una imagen más fiel del verdadero grado de necesidad de los beneficiarios».
En este punto, señala que, en lo que respecta a los umbrales al patrimonio establecidos, «posiblemente» debería incluirse algún tipo de requisito de información acerca del nivel de endeudamiento del solicitante.
En todo caso, la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos avisa de que el IMV no suple el papel de otras herramientas que pueden actuar como estabilizadores automáticos y amortiguar, con carácter general, las perturbaciones negativas de renta de los hogares.
«En situaciones de crisis como la actual, es probable que haya colectivos afectados muy negativamente, pero que no satisfagan las condiciones de acceso al IMV. Por ejemplo, para aquellos desempleados que vayan agotando los subsidios de desempleo, pero que no cumplan los requisitos para acceder al IMV, podría ser necesario aprobar extensiones adicionales de estos estabilizadores automáticos, con la posibilidad de permitir una cierta compatibilidad con el trabajo durante los primeros meses después de haberlo recuperado», explica.
«DETERIORO ADICIONAL» DE LA DESIGUALDAD
El Banco de España afirma en su informe que la crisis sanitaria está incidiendo con mayor intensidad sobre los colectivos más vulnerables, lo que, según advierte, supondrá previsiblemente «un deterioro adicional» de los niveles de desigualdad. «Con frecuencia, una desigualdad excesiva supone un lastre para el crecimiento económico y su sostenibilidad», añade.
Por ello, ve fundamental implementar medidas de apoyo para protegera los colectivos más afectados. A su juicio, las medidas de protección del empleo y de apoyo a las rentas de los hogares que ha activado el Gobierno durante la crisis contribuirán a reducir la vulnerabilidad de los hogares más afectados por ella.
Asimismo, subraya que, si algunos de los efectos adversos de esta crisis se extienden en el tiempo, sería «apropiado» mantener algunas de estas medidas de apoyo al empleo y a las rentas de los hogares más vulnerables «durante un horizonte más amplio que el previsto inicialmente».
No obstante, advierte de que, a la hora de valorar una eventual extensión de estas actuaciones, es fundamental que se mantenga tanto el carácter focalizado de las mismas como su enfoque temporal.
«Debería evitarse que dichas medidas de apoyo acaben retrasando de forma ineficiente los ajustes estructurales que deban producirse en algunos sectores o empresas (por ejemplo, en el caso de los ERTE) o distorsionando permanentemente las decisiones de participación en el mercado laboral de algunos colectivos (por ejemplo, en el caso de algunos subsidios)», concluye.
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